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El 15 de octubre de 2025, el presidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. La decisión trasciende la retórica y apunta a desmantelar el régimen de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y violaciones sistemáticas de DD. HH. Esta medida, respaldada por acciones navales que ya destruyeron cinco lanchas narco y dejaron 27 muertos, no es un gesto simbólico: Es un compromiso de acción directa con implicaciones profundas en el derecho internacional, la estabilidad regional y el precedente histórico y es, en este caso, un ejercicio de defensa democrática frente a una dictadura que fusiona autoritarismo con crimen organizado.
Las operaciones encubiertas son acciones clandestinas, ocultas por el gobierno ejecutor, diseñadas para alterar dinámicas políticas o estratégicas sin intervención militar abierta. En el contexto venezolano, esto implica ciberataques contra infraestructuras críticas, financiamiento a grupos opositores, sabotaje de redes logísticas del narcotráfico, inteligencia a todos los niveles o, incluso, neutralización de figuras clave del régimen.
La CIA, bajo la Orden Ejecutiva 12333, opera con supervisión congresional, pero su historial —desde la captura de capos mexicanos como los hijos de El Chapo, hasta operaciones más enigmáticas— sugiere eficacia y sigilo, aunque a menudo con costos humanos y políticos elevados.
En 1953, la Operación Ajax derrocó al primer ministro iraní Mossadegh, reinstalando al Shah para proteger intereses petroleros. En 1954, la Operación PB Success destituyó a Árbenz en Guatemala, priorizando intereses de libertad capitalista sobre la soberanía local. En los años 80, la CIA apoyó a los Contras nicaragüenses, tolerando el narcotráfico, para financiar una guerra anticomunista. Y así, decenas de casos donde el fin que persigue el Estado Norteamericano, justifica los costos y los medios.
Todos esos episodios muestran un patrón: resultados rápidos, asumiendo costos que, muchas veces, impactan de forma negativa la estabilidad o la confianza regional; apuntándole a que, en el largo plazo, terminen siendo solución contundente a las amenazas al orden liberal.
En Venezuela, el objetivo es claro: desarticular un régimen dictatorial narco que envenena a EE. UU. y desplaza a millones de migrantes, desestabilizando el continente. Maduro, con una recompensa de 50 millones de dólares por su cabeza, lidera una dictadura que EE. UU. considera una amenaza transnacional que, según las últimas acciones del gobierno Trump, está determinado a combatir.
Sin embargo, el derecho internacional plantea dilemas. El régimen en Venezuela, como medida desesperada, denuncia que estas acciones son agresiones, apelando a la Carta de la ONU (Artículo 2.4) que prohíbe intervenir en la soberanía de otro Estado, salvo en autodefensa (Artículo 51). No obstante, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P) y el TIAR justifican acciones contra regímenes que cometen atrocidades o amenazan la seguridad regional. El chavismo, con elecciones fraudulentas, torturas y un narcoestado documentado, encaja en este criterio.
La decisión de EE. UU. no busca enviar mensajes. Es un acto deliberado de seguridad nacional. De cualquier modo, el riesgo es innegable. Una escalada con Rusia o China, aliados de Maduro, podría transformar la región en un polvorín. Sin embargo, la inacción sostenida perpetúa un régimen que asfixia a su pueblo y exporta caos.
La autorización de Trump no es un juego de poder. Es una apuesta calculada para extirpar una amenaza hemisférica. La historia juzgará si, efectivamente, fue el paso necesario para la libertad del pueblo venezolano y el orden del continente.
