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No es exagerado decir que lo ocurrido con el hundimiento del proyecto de referendo de autonomía fiscal es un acto de mezquindad política. La palabra ha sido, de hecho, la más repetida en la discusión pública, y con razón: Antioquia ha sido, a lo largo de décadas, una región cumplidora con la Nación; tributa puntualmente, aporta con creces a las finanzas centrales y, sin embargo, recibe a cambio indiferencia, retrasos o negaciones abiertas. Lo que se hundió en el Congreso no fue un trámite jurídico, sino la posibilidad de que las regiones reclamaran un trato justo frente a un centralismo que, desde Bogotá, se alimenta de los impuestos de todos sin responder de manera equitativa.
Los ejemplos abundan. El Túnel del Toyo perdió el respaldo financiero del Gobierno Nacional. Las vías de cuarta generación, que suman centenares de kilómetros, quedaron sin recursos garantizados. En materia de salud, Antioquia recibió en 2024 una décima parte de lo que solicitó para sostener su red hospitalaria. En educación, cientos de escuelas rurales siguen con obras inconclusas porque los giros llegan tarde o no llegan. El contraste es claro: Antioquia sostiene su obligación fiscal, pero el Estado central la trata como un contribuyente de tercera categoría.
Frente a este panorama, el gobernador Andrés Julián Rendón puso sobre la mesa un mecanismo que no respondía a la improvisación ni a la retórica fácil. La apuesta era discutir un modelo de autonomía fiscal que permitiera a las regiones gestionar lo que producen, reduciendo la distancia entre la recaudación y el beneficio real para la comunidad. El federalismo no es un capricho ni un salto al vacío, sino un antídoto frente a la corrupción, el clientelismo y la politiquería que nace de la intermediación y las maniobras de la burocracia del Gobierno Nacional.
No es una derrota personal de Rendón, aunque sus opositores quieran reducirlo a eso. Lo que quedó en evidencia es un modelo de concentración que drena a las regiones que más producen y les devuelve muy poco, obligándolas a financiar su propio rezago. Antioquia no está reclamando un privilegio, sino la posibilidad de decidir sobre lo que genera y de evitar que su esfuerzo termine diluido en ministerios y entidades burocráticas que nunca rinden cuentas.
La mezquindad del centralismo logró archivar un proyecto, pero no podrá borrar la inconformidad que lo originó. La ciudadanía no quiere seguir en silencio mientras sus obras se financian a medias, sus carreteras se frenan, sus hospitales reducen servicios y sus escuelas rurales esperan indefinidamente algún mantenimiento. Antioquia seguirá pagando impuestos, pero no puede aceptar que ese cumplimiento sea la coartada para mantenerla en el abandono. El país no se sostiene sobre discursos ni sobre promesas que nunca llegan, sino sobre un acuerdo básico: que lo que se aporta retorne en obras y servicios reales. Si eso no ocurre, el mensaje que se envía a las regiones es que lo único seguro es la creciente carga tributaria de los colombianos.
