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Lo que el presidente Petro presenta como una política de supervisión técnica es, en realidad, una estrategia de poder. Bajo la consigna de “democratizar la energía”, intenta someter a control político uno de los sectores más sólidos del país. El sistema eléctrico colombiano, soportado sobre bases técnicas y jurídicas, ha garantizado tres décadas de estabilidad, inversión y crecimiento. Ese conglomerado de empresas, que ha resistido gobiernos de todos los signos, es hoy el blanco del actual mandatario.
Petro ha hecho del sector eléctrico su enemigo predilecto. Acusa a las generadoras de especular con los precios, de conformar “un oligopolio de seis empresas que tienen del cuello al país” y de sostener un modelo “ilegal” que, según él, esquilma a los consumidores. Su discurso convierte a los gremios en villanos y al mercado en una caricatura del abuso. Pero no hay una sola prueba de que los precios respondan a maniobras especulativas. El mercado eléctrico colombiano está regido por reglas públicas: la CREG regula, la Superintendencia de Servicios Públicos vigila y XM monitorea en tiempo real el flujo y el costo de la energía. Pocas industrias están sometidas a una supervisión tan estricta.
La más reciente embestida del presidente fue ordenar una “vigilancia especial” sobre todas las generadoras. El problema está en la intención de someter un sistema que hasta ahora ha funcionado con independencia. Petro busca debilitar el marco técnico que limita su margen de maniobra. Acusó a la CREG de favorecer a generadoras “ineficientes” y amenazó con intervenir XM si no adopta su nueva fórmula tarifaria.
Y esa inestabilidad tiene consecuencias. Entre 2021 y 2025, la incorporación de nueva capacidad de generación para atender la demanda ha sido mínima. Más de la mitad de los proyectos de transmisión están atrasados, y el país necesitaría cerca de 40 billones de pesos en inversión para evitar una crisis de abastecimiento. Cuando la sospecha reemplaza a las reglas, los inversionistas se retiran. Y sin confianza, la energía se apaga primero en los balances financieros y luego en la red eléctrica.
El modelo colombiano ha sido exitoso, porque desde el apagón del 92 separó el clientelismo y la corrupción de la operación. Ese equilibrio hoy se erosiona. Frente a las acusaciones, la respuesta es sencilla. El precio de la energía se fija en subastas públicas y contratos transparentes. Si los costos aumentan, las causas están a la vista: retraso de proyectos, licencias lentas, redes insuficientes. No hace falta inventar culpables.
Ese aprendizaje, que costó oscuridad y desconfianza, parece borrarse. Se gobierna con sospecha, se regula por redes sociales y se castiga la eficiencia como si fuera un delito. La energía es un bien público, pero su administración requiere rigor. Gobernar contra la técnica es gobernar contra la luz. Petro no enfrenta a un grupo de empresarios: pone en entredicho el orden que mantiene encendido al país. Cuando la política sustituye al cálculo y el decreto al dato, la oscuridad no tarda en llegar.
