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Mañana 28 de julio, deberá dictarse sentencia en el caso contra Álvaro Uribe Vélez. El caso es muy importante no solo por ser AUV el acusado sino porque están en juego los derechos humanos de él y de todos los colombianos, porque afecta a la democracia y porque es el arquetipo de la judicialización de la política y de la politización de la justicia.
En efecto, los derechos humanos del Expresidente fueron sistemáticamente vulnerados durante el proceso. Primero, en las etapas iniciales no tuvo juez imparcial. La Sala Penal de la Corte Suprema de entonces, que inició el proceso, demostró un inequívoco sesgo político. No debe olvidarse que desde el 2006 la Suprema tenía una confrontación abierta contra AUV que encontró su culmen cuando, entre 2009 y 2010, bloqueo invariablemente todos los ternados por Uribe para Fiscal General. Después, en alianza con Santos, modificaron ilegalmente la terna enviada por AUV y escogieron una nueva Fiscal General que, por haber sido elegida ilegalmente, fue más tarde destituida por el Consejo de Estado. Hay que recordar que, además, Barceló, el principal investigador contra Uribe, era la mano derecha de Bustos, líder del cartel de la Toga, del que hicieron parte Malo y Patiño, también de la sala penal.
Por su impacto determinante en el proceso, resalto otros derechos fundamentales vulnerados. La Corte vulneró el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones cuando chuzó, literalmente, el celular de AUV dizque porque el representante Nilton Córdoba lo habría dado como suyo. El congresista juró “por su madre” que no era cierto y es verdad: su declaración ante la Corte se dio después de las interceptaciones a Uribe.
Para rematar, ya no solo la Corte sino también la Juez, han vulnerado más derechos vitales: uno, la garantía de que una prueba recaudada de manera ilícita no sea considerada. Tanto la Suprema como la Juez no tuvieron reparo en “legalizar” las grabaciones de la chuzada. Dos, el derecho de Uribe de comunicarse libre y privadamente con su abogado.
En cualquier caso, más allá de su ilegalidad, en las miles de horas de grabaciones a AUV no hay una palabra que demuestre que haya cometido un solo delito; quedó probado que Monsalve y Carlos Enrique Vélez, los supuestos testigos estrellas, no solo no son fiables sino que han sido desmentidos incluso por sus más cercanos; y hay múltiples testimonios que señalan que, contra lo que dijo la Suprema, Iván Cepeda habría presionado en distintas oportunidades a paramilitares para que declararan contra Uribe. En conclusión, si el fallo es en justicia, debe declararse la inocencia del Expresidente.
La verdad es que Uribe derrotó a la izquierda y a los violentos en los campos de batalla y en las urnas. Y sigue siendo la figura determinante de la política colombiana. Como no pudieron matarlo, quieren eliminarlo por la vía judicial. Si condenan a Uribe, con flagrante violación a sus derechos y en contra de la evidencia, se enviará el mensaje de que la justicia puede ser manipulada con propósitos políticos y de que cualquier inocente puede ser sacrificado sin pruebas en los juzgados. Y tendríamos la terrible paradoja de que criminales como Petro y Timonchenko no solo son amnistiados, sus delitos dejados en impunidad y pueden ocupar los más altos cargos del Estado y, en cambio, quien los persigue termina, él sí, condenado.
