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Mientras el país se ocupaba del importante juicio al expresidente Álvaro Uribe, sobre el cual confluye gran parte de la historia reciente de Colombia, en el Chocó, la violencia se recrudecía en un claro mensaje sobre las fallidas soluciones aplicadas hasta ahora.
Tres paros armados en seis meses, este último decretado por el ELN. El territorio donde se da una mezcla de economías ilegales y crecientes disputas territoriales debe tener toda nuestra atención.
Podría pensarse que nada funciona por falta de comprensión de la realidad, y por eso quiero plantear mi aproximación: Chocó es territorio estratégico para el narcotráfico y el tráfico de armas, la extorsión, y la minería ilegal.
El ELN y el Clan del Golfo compiten por el control del territorio y a estos hay que sumarles la presencia de las disidencias de las FARC y las bandas locales, haciendo creciente el reclutamiento forzado, la violencia de género, y la relacionada con minería ilegal y conflicto por tierras.
Un juicioso análisis de Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, muestra a realidad de los últimos 7 años: entre 2018 y 2025, Chocó sostiene un patrón persistente de violencia estructural y masiva, con permanentes reacomodamientos territoriales entre grupos ilegales, con una intensificación marcada entre 2022 y 2023.
“En los años 2021 y 2023, los picos de violencia se relacionan con él reacomodo criminal tras el repliegue del Clan del Golfo y las disputas con ELN y disidencias FARC por corredores estratégicos en el Medio Atrato y el Baudó. En 2024 y 2025 se observa una persistencia del confinamiento y desplazamiento, a pesar de los anuncios de cese al fuego”.
Los paros armados se han convertido en una forma para confinar a la población al punto que solo este año más de 30.000 personas se ven afectadas y según la Defensoría del Pueblo, más de 11 mil son víctimas de desplazamiento, tanto así que la gobernadora Nubia Córdoba habla de un departamento sumido en la zozobra y el temor. La OEA hizo hace poco un reciente pronunciamiento para advertir que el 80 por ciento del territorio está minado.
A pesar de más de 11 alertas de la Defensoría del Pueblo emitidas desde 2022, la respuesta estatal ha sido por decir escasa. Las alertas han advertido sobre reclutamiento de menores, territorios minados, bloqueos fluviales y disputas por rutas del narcotráfico. Ni las ambulancias tienen paso durante los paros armados.
La política de paz total tampoco ha dado frutos: Según Pares, 2023 marcó un pico de afectaciones, incluso con la vigencia de ceses al fuego bilaterales. Esto refuerza la hipótesis de que sin presencia estatal integral —más allá de la firma de pactos— los actores armados mantienen o incrementan sus acciones para ganar legitimidad, intimidar comunidades y controlar economías ilegales.
¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles serían las salidas para sacar al Chocó de la violencia, al menos en lo humanitario?
Jorge Mantilla, experto en criminología, entre otras materias, dice que ¨abrir corredores humanitarios para garantizar abastecimiento y movilidad crítica y separación de las partes en confrontación. Un cese al fuego de facto impuesto por el estado.¨
Seguir negociando con ELN es prácticamente imposible. Con el Clan del Golfo parece igualmente muy difícil, así como con las disidencias de las Farc.
Hago mías las palabras del trino de María Teresa Herrán. “Monstruosa la situación en el Choco. El país entero debía movilizarse y el gobierno central, en vez de cambiar ministros y funcionarios a cada rato, debería concentrarse en apoyar realmente a las regiones”.
