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Han transcurrido ya varios meses desde aquel 1 de abril —bautizado por Trump como el “Día de la Liberación”— cuando el mundo quedó sumido en la incertidumbre ante la avalancha de aranceles decretada por la Casa Blanca. Con esta ofensiva proteccionista, el mandatario pretendía respaldar su polémica visión económica según la cual los “déficits comerciales” —es decir, que Estados Unidos importe más de lo que exporta a otro país— constituyen siempre una “estafa” perjudicial en contra de su país.
Muchos pensaron entonces que todo obedecía a una mera táctica de negociación: Trump no se atrevería a afectar su propia economía imponiendo aranceles, aseguraban, sino que buscaría mejores términos con el resto del mundo desde una posición de fuerza. Sin embargo, cuatro meses después, el plazo autoimpuesto para alcanzar acuerdos expiró sin resultados de fondo y con una conclusión inequívoca: el planeta debe acostumbrarse a que los aranceles elevados y las trabas al libre comercio provenientes de la mayor economía del mundo son ahora la nueva norma.
El mundo acaba de retroceder un siglo, hasta la época de la Ley Smoot-Hawley de 1930, la visión proteccionista del mundo que profundizó la Gran Depresión: la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos, tras los últimos anuncios, se sitúa ahora entre el 18% y el 20%, una de las más altas del planeta y la más alta desde que se ha visto desde los años 70.
Aunque la Casa Blanca alardea de “negociaciones exitosas”, ni la Unión Europea, Japón, Canadá o Corea del Sur, las negociaciones de mostrar, lograron exenciones reales: todos siguen bajo los aranceles. Nada parece indicar que los gravámenes en estos casos continúen siendo una palanca de presión: son un fin en sí mismos, guiados por la obsesión contable de equilibrar balanzas bilaterales que, en economía abierta, nunca han de cuadrar.
El caso suizo ilustra hasta dónde llega ese dogmatismo: sorpresivamente, pese a que el arancel para la Unión Europea se fijó en 15%, Trump clavó a los suizos con un gravamen del 39%, uno de los más altos del mundo para un país aliado. El gobierno helvético, que supuestamente había negociado con Washington, reaccionó ofreciendo mayor inversión industrial en suelo estadounidense y otras concesiones, pero de poco sirvió. Por su pecado de mantener un superávit comercial de 48.000 millones de dólares con Estados Unidos —impulsado por sus exportaciones de oro y una poderosa industria farmacéutica— una economía pequeña y altamente especializada, con la que Washington, hasta la llegada de Trump, no parecía tener motivo alguno para enemistarse, pagará el precio de un desajuste que no controla ni manipula.
Aún más crudo y revelador resultó el castigo a Brasil. El gobierno de Trump le impuso al país vecino un arancel del 50% como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro, investigado por intentar revertir la elección que dio la victoria a Lula da Silva. Se trata de un uso punitivo de los aranceles que roza lo megalómano: Trump no esconde que la motivación es puramente política, no económica, confirmando que estas medidas podrán emplearse, además de con lógica mercantilista, como represalia política a discreción del mandatario. La Casa Blanca, a contravía de la tradición de las últimas décadas, muestra ahora pocas objeciones a renunciar al comercio como vehículo para difundir sus valores democráticos y, paradójicamente, se alinea con quienes ponen en entredicho las instituciones.
Para Colombia, el nuevo mapa arancelario implica pocos cambios respecto a lo previsto en abril: deberá convivir con un gravamen del 10%, igual que la mayoría de las economías latinoamericanas. Al no registrar un déficit con Estados Unidos y no figurar ni como “prioridad estratégica” ni como “transgresor”, el país queda, comparativamente, mejor situado que muchas otras naciones.
Nuestros competidores directos —Vietnam, Indonesia y buena parte del sudeste asiático, además del caso atípico de Brasil— enfrentarán aranceles mucho más altos, brecha que abre oportunidades para confecciones, flores, banano, café y otros productos en los que Colombia ya tiene una presencia sólida en el mercado estadounidense.
Todo esto, claro está, mientras Colombia permanezca fuera del radar de los “aranceles punitivos”. Cada declaración del presidente Petro sobre Estados Unidos —como insinuar conspiraciones de funcionarios norteamericanos— pone en riesgo la actual tregua. No faltan quienes creen que el mandatario colombiano vería con buenos ojos un choque frontal contra Trump, convencido de que podría capitalizarlo políticamente, tal como han hecho otros líderes.
No obstante, más allá de las conjeturas, la lección principal para el comercio exterior colombiano no es el 10% en sí, sino la volatilidad de las reglas en esta nueva realidad. Por ahora el país parece haber salido mejor librado que muchos, pero mientras Trump siga al mando, la única certeza es la incertidumbre.