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En un fallo que marca un antes y un después en la historia política de Colombia, la juez 44 penal del circuito de Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal. El país quedó dividido: una parte celebró la condena como una gran victoria; y la otra, la recibió con indignación, como una afrenta contra quien consideran salvó al país del colapso.
Ambas reacciones ratifican lo que era evidente desde el principio: este no era un caso cualquiera, no solo estaban en juego las pruebas, sino también un cúmulo de emociones fermentadas, resentimientos históricos y fracturas que desbordan lo jurídico.
No se puede hacer cosa distinta desde el Estado de Derecho que acatar el fallo de la juez, así haya generado desazón. La ley y el respeto por la justicia, no sobra repetir, son los únicos instrumentos que impiden que el Estado sucumba a las pasiones políticas cada vez más alteradas.
No obstante, durante las nueve horas de lectura del fallo, se hicieron evidentes un lenguaje y una actitud que invitan a la reflexión. La juez Sandra Heredia descartó de forma tajante cada argumento de la defensa, mientras exaltaba sin reservas las pruebas presentadas por la Fiscalía y las víctimas. Eso puede ser jurídicamente válido, pero usó adjetivos, calificativos para unos y descalificativos para los otros, que sobran cuando hay pruebas. La juez tenía el deber de demostrar que su decisión no era emocional ni política, sino estrictamente jurídica. En parte lo hizo, pero en parte dejó sombras. Calificó el testimonio del senador Iván Cepeda como “digno de toda credibilidad” y presentó a Juan Guillermo Monsalve —secuestrador condenado a 44 años de prisión— como una víctima de su familia. Incluso justificó las fiestas, el licor y los privilegios de Monsalve en prisión como parte de un sistema penitenciario “desordenado”. Una explicación devastadora.
No se trata de defender a Álvaro Uribe por encima de la ley. El principio democrático es claro: nadie está por encima de ella, ni siquiera un expresidente. Pero el problema aparece cuando la justicia no se aplica con la misma severidad para todos. Y este caso en ese sentido es una paradoja brutal.
En un país donde muchos criminales están siendo tratados con guantes de seda, se les deja delinquir, se los gradúa de gestores de paz y se les habilitan camionetas blindadas para su protección, la dureza de la justicia con Uribe, con pruebas ambiguas, es un mensaje demoledor.
Mientras los exjefes de las Farc —responsables de cerca de 100.000 asesinatos en 30 años— no han pasado un solo día en prisión y hoy ocupan curules en el Congreso, se pide una condena de nueve años para Álvaro Uribe por el soborno a un testigo que como dijo la Procuraduría no fue testigo de nada. La justicia no debería ser inflexible con unos e infinitamente comprensiva con otros. No puede castigar con dureza al que intentó defender la legalidad, y al mismo tiempo premiar con poder y privilegios al que la dinamitó.
Por no hablar de la impunidad que hoy reina con respecto a personajes como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, o el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra quienes hay pruebas ciertamente contundentes. No deja de ser doloroso ver cómo se premia con impunidad a unos que solo hicieron daño y se castiga drásticamente a quien bien le sirvió al país.
No se puede desconocer que el papel Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe, fue nefasto. Las estrategias que utilizó, las visitas a testigos, los pagos y sus actuaciones en los límites de la ética arrastraron al expresidente a un escenario judicial del que, quizá, nunca hubiera hecho parte si hubiera tenido un asesor más profesional y menos oportunista. ¿Tiene el expresidente que pagar por los procedimientos del abogado? Para la juez sí. Esperemos qué decide el Tribunal.
Álvaro Uribe no es un político más: enfrentó el terrorismo, contuvo el colapso del Estado, y devolvió el orden y la confianza a regiones enteras. Los indicadores económicos y sociales durante su doble mandato lo respaldan: el país creció, la pobreza se redujo y la clase media se expandió. Para millones de ciudadanos que reconocen estos logros, verlo condenado —sin pruebas directas— es poco menos que una injusticia histórica. Pero también hay otros para los que esta condena representa una especie de justicia simbólica: los que nunca han dejado de culpar a Uribe por ese período atroz de los falsos positivos y dicen, si no fue por lo más grave, al menos fue por algo.
No celebramos este fallo. Tampoco lo despreciamos. Lo reconocemos como una señal de que la democracia colombiana sigue viva, pero necesita vigilancia permanente. Porque si la justicia se convierte en escenario de confrontación política, será la verdad la que terminará silenciada.
Ahora, el futuro del expresidente Uribe quedará en manos del Tribunal Superior: será el encargado de decidir si la juez encajó las fichas del “rompecabezas”, como ella misma lo llamó, de manera correcta o no.