Un voluminoso proyecto con el que la Gobernación busca meterle mano al recaudo de los impuestos tiene los ánimos encendidos en la Asamblea de Antioquia.
En un pulso que podría volver a exponer las fisuras del bloque del gobernador Andrés Julián Rendón —tal como ocurrió el año pasado en la discusión de la tasa de seguridad—, esa corporación se alista para un debate que desde ya se muestra improbable de avanzar sin afugias.
Lea también: Asamblea hundió proyecto para reformar planta de cargos de la Contraloría de Antioquia
Esta vez, la novedad más importante consiste en que es en las entrañas del mismo partido de gobierno en el que todavía no se llega a un acuerdo definitivo sobre la iniciativa, que tiene su punto más álgido en varios artículos en los que se eliminarían las estampillas para el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Digital de Antioquia, un mecanismo que representa una gruesa entrada de recursos para esas instituciones.
Aunque en el texto del proyecto de ordenanza se advierte que la eliminación de dichas estampillas no se traduciría en una reducción de recursos, ya que los mismos serían cubiertos por una política pública próxima a emitirse, es precisamente en este punto en el que se centra el grueso del debate.
Si bien el proyecto todavía no llega a primer debate, las primeras discusiones ya comenzaron a subir la temperatura entre el Departamento y varias organizaciones estudiantiles, que en instituciones como el Politécnico ya comenzaron a poner pancartas de protesta y a señalar el proyecto como una afrenta contra la autonomía universitaria.
¿Adiós a las estampillas?
La iniciativa en cuestión, que ya fue radicada en la Asamblea, aparece identificada como el Proyecto de Ordenanza 52 del 15 de septiembre de 2025 y consta de 566 artículos, en los que se regula el estatuto de rentas del departamento, norma en la que se establecen las reglas de juego en todo lo relacionado con los tributos en Antioquia. Además de su extenso articulado, el proyecto consta de otras 198 páginas de exposición de motivos.
Siga leyendo: Interventor de Savia Salud no asistió a debate por crisis de esa EPS
Aunque la mayoría de los diputados advierte que no han alcanzado a estudiar el proyecto en su totalidad, el grueso del escrutinio ya se posa sobre un puñado de artículos en los que se propone eliminar las estampillas que actualmente benefician al Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la IU Digital.
En términos generales, las estampillas consisten en un pequeño porcentaje que se extrae de todas las cuentas u órdenes de pago que se realizan en el Departamento (contratos, pedidos y facturas), para que luego sea girado a las universidades.
En 2024, dicha estampilla representó un ingreso de $8.564 millones para la IU Digital, según datos entregados por esa institución. En el caso del Politécnico, en sus estados financieros de 2024 aparecían ingresos de al menos $9.108 millones.
En reemplazo de esas fuentes, según quedó plasmado en el mismo articulado y en la exposición de motivos del proyecto, el Departamento expediría una política pública para esas instituciones, que, entre otras cosas, cubriría dicho faltante.
Pese a que desde hace varias semanas el proyecto ya se venía discutiendo en reuniones entre varios diputados, muchos de los cuales ya han participado de por lo menos dos de esos espacios en la Gobernación, la polémica estalló esta semana luego de que el proyecto se radicara.
Le puede interesar: ¿Hay posibilidad de que se anule el cobro de la tasa de seguridad en Antioquia como pasó en Valle?
Los reparos iniciales más fuertes han sido formulados por diputados opositores, que no ven con buenos ojos los planes de meterle mano a una figura que ya vendría operando sin mayores problemas.
Luis Peláez Jaramillo, del partido Dignidad y Compromiso, aseguró que el proyecto también implementaría cambios en otra estampilla denominada Prodesarrollo, que representa una fuente de ingresos importantes para el Tecnológico de Antioquia. Según datos entregados por esa institución a este diario, tan solo en 2024, dicha estampilla se tradujo en giros por $2.389 millones.
“Eso ataca el principio de la autonomía universitaria. Si ellos les quitan la plata, de aquí en adelante todas las universidades van a ser apéndices de los gobernantes de turno. Si no hay autonomía presupuestal, no hay autonomía universitaria”, dijo Peláez.
En igual sentido se pronunció el diputado Manuel García Lozano, del Pacto Histórico, para quien, eliminadas las estampillas, se quedaría en el aire esa nueva fuente de financiación para las instituciones. “Nosotros consideramos que si algo está funcionando bien hay que dejarlo funcionar. No sabemos por qué se ataca a la universidad pública”, planteó por su parte.
Pese a no ser tan visibles, y en un factor que pesaría todavía más cuando el proyecto tenga que votarse en plenaria, las dudas por el proyecto no solo cunden en la oposición, sino en el seno mismo de la coalición del gobernador Rendón.
Varias fuentes en la Asamblea coinciden en que al interior del Centro Democrático todavía no hay una posición unificada y la bancada está fragmentada entre los que ya cerraron filas por el proyecto y otros que tienen dudas. Otras voces van más allá y hasta han planteado que entre el expresidente Álvaro Uribe y el gobernador Rendón habría una discrepancia similar como la que marcó el hundimiento del referendo por la autonomía fiscal en el Congreso, una versión que rechazan líderes del uribismo en la duma departamental.
Al ser consultada sobre este tema, la diputada Verónica Arango, sostuvo por su parte que esos señalamientos serían falsos, asegurando que al interior del partido nunca se habrían impartido instrucciones para apoyar u oponerse al proyecto. “El presidente Uribe nunca toca temas con nosotros del gobernador de Antioquia, él es un hombre muy prudente”, sostuvo la diputada, señalando que cada diputado de la bancada tiene autonomía para estudiar y aprobar los proyectos.
Sobre la estampilla, Arango señaló ver con buenos ojos el fondo de la iniciativa, considerando acertados sus objetivos, entre ellos hacer que las universidades no dependan de una figura como las estampillas, que es técnicamente compleja a la hora del recaudo. Sin embargo, señaló contarse entre los miembros del partido que han pedido claridades, sobre todo en términos presupuestales.
Aparte del Centro Democrático, otra bancada que todavía no sienta una posición definitiva es la del movimiento del alcalde Federico Gutiérrez, Creemos, la misma que en diciembre puso a tambalear la tasa de seguridad. A través de un comunicado, los diputados señalaron estar estudiando los pros y contras del proyecto, anticipando no obstante ver crucial que haya garantías para que la financiación de las universidades no vaya a verse afectada.
Así las cosas, mientras las cuentas para que el proyecto pase en comisión se ven holgadas, el panorama en plenaria es incierto, más si se considera que gremios como Acopi ya expresaron su oposición a que se eliminen las estampillas.
Para conocer su posición, EL COLOMBIANO consultó con la Gobernación, desde donde se remitió un pronunciamiento en el que sostuvo que los recursos que dejen de llegar a las universidades por las estampillas serían reemplazados por aportes provenientes de los recursos corrientes de libre destinación, que tendrían como base el presupuesto de las estampillas y que serían indexados al IPC durante los próximos 10 años.
“No se van a quitar recursos a estas dos instituciones, se van a sustituir por recursos propios, en una política pública que tiene tres componentes fundamentales: la ampliación de cupos, la mejora en la calidad y pertinencia, y la regionalización”, expresó el secretario de Educación, Mauricio Alviar.
Según informó la Asamblea de Antioquia, este miércoles se realizará la primera socialización del proyecto, que se convertirá en la antesala del debate que se avecina.
Regístrate al newsletter