Dice un proverbio chino que el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. En Antioquia, ese aleteo tiene el brillo del oro. El repunte del metal precioso —impulsado por la incertidumbre económica global, las tensiones geopolíticas y las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos— desató una nueva fiebre en los socavones y ríos del Bajo Cauca, el Nordeste, el Occidente y el Oriente.
El precio, que hace 10 años rondaba los 1.182 dólares por onza y hoy supera los 4.300, alimenta una lucha feroz por el control de las minas donde la guerra por el oro produce matanzas, desplazamiento forzado, usurpación de tierras por actores armados ilegales, explotación sexual, trabajo infantil, deserción escolar, incremento de homicidios y accidentes graves de informales.
La extracción ilegal de oro se concentra en Chocó y Antioquia, departamentos históricamente golpeados por la presencia de grupos armados y economías ilícitas. Se estima que en Antioquia se explotan de forma ilegal 35.300 hectáreas de oro de aluvión (el que se hace con sedimentos en ríos y quebradas), lo que equivale al 37% del país.
Para darle dimensión: es un área casi similar a la extensión total de Medellín.
A eso se suma que el departamento tiene reservas probadas de 3 millones de onzas de oro y otros 13 millones más de reservas probables.
Se calcula que el 91% de la producción de minerales metálicos de Antioquia se concentra en el Bajo Cauca y el Nordeste, una franja donde confluyen —y se agravan— todos los conflictos que atraviesan al país: la disputa por la tierra y sus despojados; la guerra armada, con grupos que se fragmentan y resurgen bajo nuevos nombres; y la crisis ambiental, que ya ha arrasado más de 60.000 hectáreas y dejado a su paso ríos secos y humedales convertidos en polvo.
El Bajo Cauca representa el 80% de las hectáreas explotadas por ilegales en el departamento, mientras que el Nordeste registra el 16%. Justo en esas regiones convergen los focos actuales de conflicto armado en Antioquia, que están latentes en seis municipios: Remedios y Segovia, en el Nordeste; El Bagre y Caucasia, en el Bajo Cauca; y Buriticá y Frontino, en el Occidente.
En efecto, el Centro de Inteligencia Artificial y Analítica de la Gobernación Antioquia, basado en metodologías de análisis y mapas de calor, evidencia una estricta correlación entre los territorios donde hay extracción ilícita de yacimientos mineros, la presencia de estructuras criminales y el incremento de la violencia.
Una muestra de ello es que regiones como Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente y Suroeste concentran no solo las zonas en disputa por rentas criminales entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo —estos dos últimos en diálogos de paz con el Gobierno Nacional—, sino el mayor número de homicidios del departamento este año.
Negocio ilegal y “pulpito”
Pese a que Antioquia lidera la producción legal de oro en Colombia, al pasar de aportar el 54% en 2019 al 72% en 2024, también es el departamento con mayor número de minas intervenidas por la fuerza pública. Se estima que más de 11.000 fueron objeto de operativos entre 2015 y 2024. Claro que la Policía tapa un hueco y los ilegales abren tres.
Sin pagar impuestos, ni regalías, ni costos fijos laborales, la rentabilidad de la onza de oro producida por los ilegales se incrementa a la par del precio del oro. Según la Procuraduría, entre 80% y 87% del oro exportado en Colombia tiene un origen ilegal. Eso se traduce en que es un negocio oculto que mueve más de $12 billones anuales en el país e impide que ingrese casi medio billón de pesos al año en regalías a alcaldías y gobernaciones.
Hay que decir que la extracción ilícita de yacimientos mineros es, junto con el narcotráfico, una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. Este fenómeno escala a una problemática de seguridad nacional en la medida que se conecta con redes internacionales que reciben oro ilegal y que pueden generar cuantiosas ganancias para estos grupos, según estimativos realizados por cada hectárea y por potencial de producción anual.
Es que la minería ilícita dinamiza toda la cadena de producción, desde su etapa de explotación, transformación y comercialización de los minerales. Lo anterior, en concurrencia con el tráfico de explosivos y armamento, el uso del fluido eléctrico para actividades ilícitas y el tráfico de drogas, entre otros.
Otros efectos negativos, asociados a las actividades de explotación inadecuada, son aquellos que se producen en el medio ambiente, como la deforestación en las áreas susceptibles de minería, captación irregular de aguas, contaminación de los cuerpos hídricos, daños irreversibles a la fauna y flora, y el uso de sustancias tóxicas y dañinas para la salud de las personas, los animales y las plantas, como el mercurio y cianuro que también tienen efectos contaminantes en el aire.
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El uso indiscriminado de estas sustancias tóxicas en procesos de extracción ilícita de minerales causa problemas neurológicos, intoxicaciones, daños permanentes, contaminación de fuentes de agua y daño a la biodiversidad por una explotación sin los respectivos manejos ambientales. Solo en el Nordeste y el Bajo Cauca, se estima que la extracción ilegal de minerales terminó dañando el curso de los ríos Porce y Nechí, destruyendo más de 60.000 hectáreas y acabando unos 200.000 árboles. En 2023, el 50% de la deforestación se situaba en los municipios de Remedios, Segovia, El Bagre, Zaragoza y Yondó, enclaves de la extracción ilegal de minerales.
Otro problema con el que carga Antioquia es administrativo, porque en 2024 el Gobierno Nacional le quitó a la Gobernación las funciones de supervisión y fiscalización de la actividad minera, lo que dificulta los controles en terreno y facilita la acción de los ilegales por falta de control, seguridad y planeación en las labores de minería.
Las guerras por el oro
Esta bonanza aurífera, que viene en alza desde 2022, provocó el incremento de las disputas en territorios donde hay mayor explotación de este mineral, teniendo en cuenta que se ha convertido en un mayor combustible para las rentas criminales por encima de la producción de cocaína, según algunos expertos.
Las subregiones más afectadas por este fenómeno son el Bajo Cauca, donde hay territorios con confrontaciones entre Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc; al igual que en el Nordeste, donde en la ruralidad de Segovia se han registrado desplazamientos a granel.
En el Occidente antioqueño, la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, tiene el dominio absoluto de la explotación minera ilegal en Buriticá, Caicedo y Frontino, convirtiéndose en el fortín económico para la expansión criminal de esta facción en el territorio nacional.
La mayor confrontación entre estructuras criminales se ha registrado en el sector de Cancha Manila, una zona rural de Segovia, a más de siete horas del casco urbano, cerca de los límites con el sur del departamento de Bolívar.
En este territorio, el descubrimiento de una zona con prosperidad aurífera, en la que ya había disputas por la producción cocalera, agudizó una guerra entre la alianza entre disidencias de las Farc y ELN para tratar de quitarle al Clan del Golfo este territorio y adueñarse de esta nueva riqueza, lo que trajo múltiples desgracias a sus habitantes.
Por un lado, 516 personas, entre las que hay 172 menores de edad –entre ellos 60 con menos de cinco años– tuvieron que abandonar sus hogares por presión de los criminales, sumado a las miles de familia que constantemente se tienen que confinar en sus hogares para evitar verse afectados por el conflicto que los azota día a día.
Pablo Barrios, director del Observatorio de Conflicto del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explicó que “el descubrimiento de Mina Nueva ha generado una guerra en este territorio que ha provocado desplazamientos escalonados por el yacimiento que encontraron allá y que quedó en manos de los criminales”.
Pero si la situación es crítica en esta parte del Nordeste antioqueño, el panorama en el municipio de Buriticá, en predios bajo el control de la multinacional china Zijin Continental Gold, es surrealista. El Clan del Golfo tiene una guerra a sangre y fuego con las autoridades y con los trabajadores de esta empresa, con una disputa que se libra a cientos de metro bajo tierra.
De hecho, desde el pasado 3 de octubre se han presentado varios enfrentamientos dentro de esta mina y en uno de ellos resultó un policía lesionado a manos de los ilegales que interceptaron los socavones de la multinacional para realizar una extracción irregular.
El comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, expresó que los uniformados fueron hostigados y que el funcionario resultó con heridas en el rostro. Fue trasladado a Santa Fe de Antioquia, donde fue intubado; luego fue remitido a Medellín.
Además de los conflictos mencionados, en territorios donde hay títulos mineros en manos de multinacionales se han registrado conflictos en los que el Clan del Golfo está incursionando por el hallazgo de nuevos predios mineros ilegales.
Fuentes de inteligencia le contaron a EL COLOMBIANO que en los límites de los municipios de Jericó, Támesis, Andes y los departamentos de Caldas y Risaralda también se habría registrado el hallazgo de zonas de explotación, situación que estaría relacionada con las confrontaciones que se registraron el más reciente puente festivo en el municipio de Jericó, hechos que si bien no dejaron muertos, generaron pánico en las comunidades de este municipio.
“En estos territorios se ha visto mucha gente de otros municipios de Antioquia, como del Nordeste, Occidente y Bajo Cauca recorriendo estos lugares y ya estarían haciendo sus excavaciones para la extracción ilegal”, señaló una fuente judicial sobre este fenómeno.
Quema de máquinas y dragones
El coronel Rico explicó que durante este año se han efectuado 214 capturas de personas que han ejercido esta actividad ilegal y que las incautaciones de maquinaria, oro ilegal y mercurio se incrementaron en un 54% en comparación con el año pasado, mediante procedimientos realizados en 632 minas ilegales.
Por ejemplo, este año se han destruido 154 dragas, 392 motobombas, 793 motores y 87 retroexcavadoras. Además se han incautado 16 kilos de oro extraídos ilegalmente y 68 kilos de mercurio.
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Sin embargo, estos golpes se quedan cortos, teniendo en cuenta que los ingresos que deja este mineral a las bandas criminales les permitiría recuperarse económicamente con prontitud de las maquinarias y los materiales perdidos.
“Pueden quemar todas las dragas y los dragones que quieran y la gente ya está montando otros, que pueden costar entre $1.200 millones y $1.500 millones, plata que pueden librar en dos semanas de trabajo. Así las cosas, pueden seguir quemando máquinas y por ahí no va a ser la solución al problema”, dice Pablo Barrios.
A esto se suma el gran operativo realizado durante las últimas dos semanas en Buriticá, donde tropas del Ejército intervinieron 14 predios, los cuales estaban bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que se encontraban en el sector de San Antonio, en la zona urbana.
“Desde allí se estaban haciendo túneles para extraer el oro obtenido ilegalmente y nosotros no vamos a permitir que se cometan estos ilícitos”, señaló la directora de la SAE, Amelia López.
Fuentes del municipio indicaron que de estos 14 predios, solo en uno se encontró un túnel que era usado para minería ilegal, al parecer, dentro de un billar.
Blanqueo del oro
Otra de las dificultades que afrontan las autoridades para poder proceder contra la extracción ilegal tiene que ver con las personas que son utilizadas para poder comercializar legalmente este mineral y así poder limpiar la actividad que realizan estas estructuras. Todas ellas están dentro del Registro Único de Comercializadores de Minerales en Colombia (Rucom) y con ello pueden hacer la venta de este mineral como si fueran mineros, pero en realidad solo estarían facilitando la labor de “lavado” de la extracción irregular que se hace.
En plata blanca, las estructuras criminales manipulan el Rucom para legalizar el oro de origen ilícito como si fuera extraído por barequeros autorizados. Un dato de Antioquia Cómo Vamos muestra la magnitud del blanqueo: aunque solo hay más de 50.000 inscritos en el Rucom, la ocupación en minas y canteras es mayor a los 140.000 y con alta informalidad.
La magnitud de la ilegalidad también se evidencia en un vacío comercial de USD 5.600 millones entre 2010 y 2018, es decir, la diferencia entre el oro reportado como exportado por Colombia y lo que reportan como recibido sus socios comerciales, lo que evidencia la cantidad de oro oculto y el posible lavado de activos.
“Con engaños logran que las personas presten sus nombres en el Rucom para poder vender el mineral en compraventas y otros espacios y como hay un límite establecido para los pequeños comerciantes, entonces se hace esta labor con varias personas”, explicó Barrios.
De acuerdo con este registro, cada persona natural puede comercializar, sin tener que hacer mayores trámites, hasta 420 gramos de oro cada año, entonces las estructuras se aprovechan de ello para poder tener varias personas a su servicio.
Y entre los prestanombres y el “boom” del oro, las comunidades donde se comercializa están sufriendo transformaciones hasta en su infraestructura, tal como viene ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño. Según los análisis del IPC, “hay establecimientos en Caucasia que hace un par de años eran unos billares y en la actualidad son similares a cualquier discoteca de El Poblado, en Medellín. Se ve mucha abundancia también en las viviendas y en los vehículos que se están usando en estos territorios”.
En abril pasado, por ejemplo, las autoridades decomisaron casi seis kilos de oro y más de 2.000 millones de pesos en efectivo en establecimientos dedicados a la compra-venta de metales preciosos de origen ilícito en Caucasia. Aunque son sumas extravagantes, pocos se sorprendieron en el pueblo, son apenas la menuda de un negocio mutimillonario que depende, en parte, del aleteo de una mariposa.
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