El anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela conmocionó al mundo. En redes sociales se vieron mensajes llenos de emoción ante lo que muchos interpretaron como el inicio del fin de años de detenciones ilegales.
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La noticia fue entregada por el propio Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano, quien aseguró que se trataba de una decisión autónoma del régimen, orientada a garantizar la paz en el territorio. Pero realmente fue una de las condiciones exigidas por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Sin duda, se trata de un paso determinante en la llamada “transición” que impulsa Estados Unidos tras la captura del dictador Nicolás Maduro.
Aunque no hay precisión del número de liberados hasta el cierre de esta edición, trascendió que entre el grupo hay figuras cuya detención se convirtió durante años en símbolo de persecución.
Muchos de ellos acumulaban largos periodos de reclusión, procesos judiciales cuestionados y denuncias reiteradas por violaciones a los derechos humanos, por lo que su salida de prisión tiene una carga política con dimensión histórica dentro del actual escenario de transición.
Esta es la historia de algunos de los liberados, quienes fueron encarcelados por el simple hecho de pensar distinto al régimen chavista; varios de ellos, tienen problemas de salud y fueron alejados de sus familiares que están en el exilio.
Rocío San Miguel
La profesora y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, estaba injustamente presa desde el 9 de febrero de 2024. Una vez en poder del régimen, fue víctima de múltiples violaciones a su derecho a la defensa. Nunca tuvo un abogado y antes de ser llevada ante un tribunal estuvo desaparecida durante tres días. Fue acusada de “terrorismo” y “traición a la patria” por su trabajo en Control Ciudadano, una ONG en donde documentó, investigó y exigió respeto a la Constitución.
Su labor le significó enfrentarse abiertamente al poder, despertando la reacción de altos funcionarios del régimen. Fue blanco de campañas de desprestigio, señalamientos públicos y acusaciones de alto riesgo, entre ellas ser calificada como “espía” y vinculada a supuestos planes golpistas. En marzo de 2014, el propio Nicolás Maduro la mencionó en declaraciones que reforzaron esa narrativa de persecución.
El hostigamiento también alcanzó a su entorno. Cinco familiares fueron detenidos, cuatro de ellos liberados bajo régimen de presentación, prohibición de salida del país y restricciones para declarar. Trascendió que la mujer está en delicado estado de salud y con signos de desnutrición. En el mismo grupo de liberados estaría su exesposo, Alejandro González De Canales, oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana.
Javier Tarazona
El profesor universitario y activista venezolano Javier Tarazona fue detenido en 2021. Antes de eso, su trabajo era proteger a las comunidades marginadas, sobre todo aquellas que convivían cerca de la frontera con Colombia. Allí, fue testigo de la violencia, las actividades económicas ilícitas y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados ilegales como el ELN.
De hecho, fue esa labor la que lo llevó tras las rejas. En 2020, Tarazona y la organización que dirigía, FundaRedes, fueron objeto de acoso por parte de Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y actual ministro del Interior. En ese mismo año, su casa fue pintada con aerosol con un mensaje de advertencia que Cabello había emitido contra Tarazona y FundaRedes en su programa de televisión: “Furia Bolivariana”.
El 2 de julio del 2021, Tarazona y otros tres defensores de derechos humanos, incluido su hermano, Rafael Tarazona, visitaron la Fiscalía General en la ciudad de Coro para presentar una denuncia contra los servicios de inteligencia. Ahí fueron detenidos.
Tras su captura fue señalado de terrorismo y traición a la patria, luego fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A pesar de que duró casi 5 años encerrado, nunca tuvo un juicio, ni derecho a una defensa. Ni siquiera fue debidamente imputado. Su arresto se catalogó como “preventivo”, algo que, según el código penal venezolano, debió darle como máximo 2 años de prisión.
Juan Pablo Guanipa
Fue detenido por agentes estatales el 23 de mayo de 2025. Ha sido coordinador del partido político Primero Justicia en el estado Zulia desde el año 2000. En el marco de las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024 y en el período posterior a esos comicios, fue un aliado importante de María Corina Machado y Edmundo Gonzalez. Guanipa fue objeto de persecución estatal en el ejercicio de sus actividades políticas.
Recientemente, Ramón Guanipa, hijo del opositor, advirtió que su padre es resistente a la insulina y sufre de hipertensión, condiciones que requieren controles médicos frecuentes, y afirmó que desconocen por completo su situación actual en prisión.
“Decisión ajena a la presión”
Aunque el régimen venezolano ha recurrido en el pasado a liberaciones puntuales de presos políticos, esta vez el anuncio llega en un contexto particularmente significativo. Sin embargo, al comunicar la decisión, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, se apresuró a desligar las excarcelaciones de la creciente presión internacional tras la captura de Nicolás Maduro.
Según dijo, no se trata de una respuesta a factores externos, sino de una “determinación soberana del Estado”. En esa línea, afirmó que la medida fue adoptada de manera voluntaria como parte de un supuesto compromiso con la paz nacional, y resaltó el rol de mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y del Gobierno de Catar en la crisis venezolana.
“Nada devuelve los años robados”
La líder opositora María Corina Machado calificó la liberación de una fracción de los presos políticos en el país como un “acto de restitución moral”. Dijo que, si bien “nada devuelve los años robados”, “este día importa porque se reconoce que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso (...) no descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”, concluyó.
En Venezuela, hasta ayer, había más de 820 personas consideradas presos políticos sin ser liberadas, el registro más alto de todo el hemisferio, según el monitoreo de la ONG Foro Penal. Dentro de ese universo, al menos 89 detenidos eran ciudadanos extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad. Sigue sin aclararse si estas medidas suponen la libertad plena de los presos políticos o si se les aplicará otras restricciones.
¿Quién quedó a cargo de la transición?
Stephen Miller fue designado por Donald Trump como uno de los funcionarios que integrará la cúpula gubernamental temporal encargada de la transición en Venezuela. Es asesor de Seguridad de Estados Unidos y subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca, cargos desde los cuales ha participado en la formulación de decisiones estratégicas del gobierno estadounidense.
Según el diario The Wall Street Journal, fue Miller quien en mayo ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que redoblara sus esfuerzos porque el número de deportaciones diarias era inferior al del año pasado bajo el mandato de Joe Biden.
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