A principios de diciembre los directivas reiteraron que debían conseguir 135.000 millones para poder culminar el año y hacia el jueves pasado anunciaron que no todos los profesores y empleados recibirían su salario y primas este diciembre.
El viernes anterior, 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro había publicado un mensaje que parecía esperanzador, pues resaltaba la necesidad de “un plan de salvamento de la Universidad y de su extensión a las comunas populares de Medellín y la provincia antioqueña” y anunció “una reunión especial para tratar el caso de la Universidad de Antioquia en mi despacho”.
No obstante, cuando en el centro académico esperaban la citación a la Casa de Nariño, lo que les llegó fue la noticia de que en redes circulaba una carta del Ministerio de Educación en la que señala que las directivas de la universidad no han colaborado con la inspectora nombrada y les dan dos días para presentar un plan de austeridad y propuestas de solución estructural, y hasta anuncian posibles sanciones para los funcionarios que no acaten la solicitud.
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La comunicación dirigida al rector, John Jairo Arboleda, tiene fecha del viernes, 12 de diciembre y la firma el subdirector (e) de Inspección y Vigilancia del MinEducación, Harold Antonio Hernández. Solo que la Universidad no se enteró de manera directa sino por la rotación del texto en redes sociales.
En el primer párrafo, plantea que ha habido una “eventual obstrucción reiterada a la labor de inspección y vigilancia” y le ordena al rector que elabore y documente un plan de reducción y contención del gasto de funcionamiento que se aplique de inmediato, con el fin de que la plata que le llega a la U. se utilice de forma estricta en las “funciones misionales de docencia, investigación y extensión”.
Ese plan, apunta, debe suspender, también de inmediato, nuevos acuerdos, convenios o contratos que no tengan relación directa con las labores educativas; también, restricciones a viáticos y gastos de representación, publicidad onerosa, eventos protocolarios y otros gastos que no sean indispensables.
Igualmente, ordena revisar los contratos de apoyo administrativo tercerizado para ajustarlos, reducirlos o terminarlos si no son necesarios, y que toda decisión que implique un gasto se justifique, garantizando además la disponibilidad real de caja.
De manera directa, Hernández llama a revisar el modelo de contratación que se hace a través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la Fundación Universidad de Antioquia, del que se ha dicho que es un mecanismo para tener nóminas paralelas y no siempre bajo criterios técnicos.
Fuera de eso, pide una relación de los trabajadores a los cuales les han aumentado el salario, con el respectivo estudio técnico, financiero y jurídico que sustenta la determinación.
Pero además, ese plan de austeridad debe acompañarlo la Universidad con una estrategia de seguimiento y monitoreo que garantice el cumplimiento, con reportes periódicos al Ministerio.
Como expertos han señalado que el déficit de la U. de A. es estructural y no pasajero, así mismo, insta al rector a presentar un plan de saneamiento de las finanzas institucionales y comienza por referirse al presupuesto del año 2026 para que este refleje la voluntad de someterse al apretón. Como quien dice, el Mineducación casi le pide a la UdeA que invente el mundo en dos días.
Adicionalmente, con relación a la inspección, exhorta a Arboleda a que garantice que la agente especial tenga todas las condiciones logísticas y el acceso a la información, y es curioso que plantee que la entrega de documentos se pruebe con actas y hasta con fotos, lo cual devela un aire de desconfianza y tensión en la relación que ha habido con las directivas universitarias en los cuatro meses largos de su estadía en el campus.
El anuncio de un posible “garrote” viene por cuenta de un párrafo final en el que recuerda que “el Ministerio podrá imponer sanciones administrativas a los directivos universitarios cuando incurran, entre otras conductas, en el incumplimiento de órdenes, requerimientos o instrucciones impartidas en ejercicio de la función de inspección y vigilancia, o cuando se obstaculice el acceso a la información requerida”.
El secretario general de la Universidad, David Hernández, le dijo a EL COLOMBIANO que ni él ni Arboleda han sido notificados, aunque no sería la primera vez que se ponen a circular decisiones a través de la web, antes de hacerlas oficiales. Confirmó que entre sábado y domingo se reunió el equipo jurídico y financiero para preparar las respuestas.
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