El pasado viernes 24 de octubre, la familia de Ofelia González vivió un día de zozobra. Desde las primeras horas de la mañana, esta adulta mayor de 89 años amaneció con dificultad para respirar y tan desorientada que ni siquiera podía hablar.
Temiendo lo peor, sus hijos y nietos llamaron de urgencia a un servicio médico de asistencia domiciliaria, que tras examinarla detectó malos síntomas respiratorios y señales de una posible isquemia cerebral; es decir, riesgo de que su cerebro estuviera recibiendo poca sangre. La recomendación fue salir de inmediato para un hospital.
Pese a tener la fortuna de contar con un plan de atención médica en casa, que le permitió trasladarse en ambulancia desde su casa en Guayabal, González empezó a deambular por la ciudad. Como cientos de miles de otros medellinenses su cruz fue estar afiliada a la Nueva EPS.
Esteban Vanegas, nieto de Ofelia, denunció con sorpresa que, pese a tratarse claramente de una urgencia —en teoría razón suficiente para que cualquier hospital la recibiera sin excusas—, el equipo de paramédicos tuvo que cruzar toda la ciudad en busca de atención.
“Lo que hicieron los paramédicos fue empezar a consultar, porque mi abuela está en la Nueva EPS y en ningún hospital ni clínica del área metropolitana están atendiendo pacientes de la Nueva EPS, solamente en el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello”, apuntó Vanegas, explicando que así fue cómo la ambulancia salió desde el sur de Medellín para el municipio de Bello, en el norte, buscando allí una atención pronta.
Pero el calvario estaba lejos de terminar. Por cuenta del mismo problema, la sala de urgencias de dicho hospital ya estaba atestada con centenares de pacientes, dejando cortas sus capacidades.
Lea: Este fue el primer trasplante exitoso hecho en Colombia: se logró en Medellín
Allí, denunció Vanegas, su abuela no encontró más que una silla para esperar a ser atendida. “Estando allá le hicieron un triaje”, apuntó el nieto, “pero la situación es muy crítica, porque estaban alrededor de 200 personas de la Nueva EPS esperando atención, no solo del Valle de Aburrá, sino de incluso algunas regiones de Antioquia, porque no tienen atención en ninguna IPS”, sostuvo.
“Mi abuela, que es una mujer de 89 años, tuvo que esperar en una silla, sentada en un pasillo, durante muchas horas. Fue revisada por los médicos, le pusieron oxígeno, pero la atención no es la adecuada”, denunció.
La atención hospitalaria no ha sido el único problema. Vanegas apunta que desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno Nacional, en abril de 2024, los medicamentos que su abuela recibía a domicilio empezaron también a llegar con demoras o incompletos, especialmente los de alto costo.
Aunque en varias ocasiones la familia ha sacado de su propio bolsillo el dinero para comprarlos, en el caso de las prescripciones más onerosas han tenido que armarse de paciencia y reclamos para superar las trabas.
El caso de la familia de Ofelia está lejos de ser el único. De acuerdo con los datos de la Personería de Medellín, en lo corrido de este año ese ente ha acompañado por lo menos 2.502 tutelas de afiliados de la Nueva EPS en Medellín, siendo una de las EPS con más problemas en la ciudad.
Además de esos recursos, el ente de control señala que este año también ha estado al frente de 1.140 incidentes de desacato hacia esa empresa con corte al 20 de octubre.
Junto a las intensas congestiones en salas de urgencias, la Personería ha expresado su especial preocupación por los constantes “retrasos en la asignación de citas especializadas, demoras en cirugías y exámenes diagnósticos, barreras en la continuidad de tratamientos médicos y dilaciones en la entrega de medicamentos de alto costo”, según reseñó en un pronunciamiento, explicando que es toda esa cadena de problemas la que precisamente tiene sobrecargados a los hospitales y empapelados a los juzgados.
También le puede interesar: Van 88 casos de viruela símica en Antioquia. ¿Hay que encender las alarmas?
De igual manera, solamente en el caso de la red hospitalaria pública a cargo del Distrito de Medellín, con corte al 30 de junio pasado los datos daban cuenta de que la Nueva EPS adeudaba por lo menos $9.518 millones y $115.132 millones con algunos prestadores privados, esta última cifra con corte a agosto pasado.
Con base en este panorama, y teniendo en cuenta que la entidad tiene por lo menos 275.909 afiliados solamente en Medellín, fue que la Personería emitió el pasado 23 de octubre una alerta, considerando que el desempeño de la entidad tiene en riesgo la integridad de la red hospitalaria de la ciudad y advirtiendo no ver señales de mejora desde que esta fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud hace más de un año.
“La situación de la Nueva EPS constituye una afectación directa al goce efectivo del derecho fundamental a la salud, particularmente de poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, quienes no pueden seguir asumiendo las consecuencias de un sistema en crisis”, expresó el personero de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez.
Por fuera de Medellín, la situación es igual de desconcertante. Según denunció la secretaria de salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, la red pública de los 125 municipios está también contra las cuerdas por cuenta de las EPS intervenidas por la Nación.
Según señaló la funcionaria, los pasivos de estas EPS, en una operación en la que se suman las deudas tanto de Savia Salud como de la Nueva EPS, ya sobrepasan los $1,9 billones.
“Eso no lo soporta nadie. Y eso sin contabilizar la cartera en la red privada, que entre todos ya está superando cerca de los $3 billones. Ningún sistema soporta esta situación de la iliquidez. Yo le llamo a eso gran pandemia de iliquidez en el sistema, generada por las decisiones improvisadas del Gobierno Nacional”, expuso la funcionaria.
Conozca: Tres capturas y una prófuga: así va el caso de las 48 mujeres contagiadas por una micobacteria en Medellín
El caos en la atención de los pacientes de la Nueva EPS se explica en gran medida por las cada vez más quebradas relaciones entre esa entidad y el gremio hospitalario.
En semanas recientes, las dos situaciones más elocuentes ocurrieron en el Valle de Aburrá y en la subregión del Oriente antioqueño, en donde dos importantes IPS tuvieron que cortarle los servicios a la entidad por sus abultadas deudas.
En Medellín, la situación más crítica ocurrió con la IPS Promedan, la misma encargada de operar la Clínica Fundadores del Centro y con sedes en Itagüí y Caucasia.
El pasado 29 de septiembre, esa IPS, que atiende a más de 190.000 afiliados de la Nueva EPS, denunció estar pasando afugias por cuenta de una deuda $19.000 millones, llegando al extremo de verse preocupada por su sostenibilidad y el pago de la nómina de sus colaboradores.
“Esta situación nos pone en riesgo de pago de nómina de nuestros médicos, especialistas, enfermeras y colaboradores. Pone en riesgo la continuidad en la prestación de nuestros servicios. Por eso hacemos un llamado muy respetuoso a la Nueva EPS, la Supersalud y las secretarías de salud, con el fin de tender los lazos que lleguen a soluciones rápidas y oportunas para nuestra comunidad”, expresó entonces el gerente de Excelencia Operativa de Promedan, Alfredo Méndez, señalando que por esas razones dicha IPS había optado por suspender sus servicios a la Nueva EPS.
En una alerta especial, otra situación similar se presentó en la subregión del Oriente antioqueño, en donde la Clínica Somer, una de los más especializadas e importantes de Rionegro, también tuvo que izar su bandera roja y restringirle los servicios a la EPS.
La deuda en el caso de Somer, según precisó esa institución, se ubica en el orden de los $100.000 millones.
“Durante años, Nueva EPS ha sido una aliada estratégica y ha confiado en nosotros para el manejo de sus pacientes en servicios de bajo, mediano y alto nivel de complejidad, como lo son los trasplantes de órganos, la terapia ECMO, la Unidad Funcional del Cáncer, la UCI Neonatal, entre otras unidades que han transformado la vida de miles de personas”, comunicó la clínica a mediados de octubre.
Desde el 16 de octubre, la decisión de esa institución fue la de suspender la mayor parte de sus servicios, exceptuando los prestados por la Unidad Primaria en Salud, los tratamientos oncológicos que ya venían en curso, el programa de oftalmología y el servicio de urgencias.
Tras una semana de intensas conversaciones, fue tras un acuerdo alcanzado por la clínica y los directivos de la EPS en Bogotá que se volvieron a reabrir los servicios.
Pese a que estos dos casos de privados han sido los que más han resonado recientemente, la red pública también ha tenido problemas especialmente con la Nueva EPS, tal como salió a flote a mediados de septiembre pasado, cuando un grupo de siete hospitales también tuvieron que lanzar un ultimátum por una deuda de $60.000 millones.
En una reunión realizada al filo de la hora cero, los directivos de la EPS en Bogotá también lograron conjurar la inminente suspensión de servicios, que abarcaba a los hospitales públicos más importantes de Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Puerto Berrío, Yolombó, Yarumal y Turbo.
Una historia diferente ha cursado en los hospitales públicos de Medellín bajo la potestad de la Alcaldía de Medellín, que cansada de tener que sacar de su propio bolsillo millonarios recursos para cubrir los faltantes ocasionados por las EPS en el Hospital General de Medellín y la E.S.E. Metrosalud decidió ir a los estrados y reclamarle directamente al Gobierno Nacional, para poner en orden a las EPS que ha venido absorbiendo con la figura de la intervención.
El recurso escogido por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue una acción popular, que dentro de sus argumentos incluyó una deuda de $169.831 millones por parte de Savia Salud, Coosalud, y, por supuesto, la Nueva EPS.
Solamente en lo que respecta a esta última, para el momento de la formulación de esa acción popular, la deuda con el Hospital General de Medellín era de $7.387 millones, con Metrosalud de $1.128 millones y con el Hospital Infantil Concejo de Medellín $906 millones.
“Solo en Medellín, 62 de cada 100 colombianos, de lo que tenemos acá, están afiliados a EPS ya intervenidas, como Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud. ¿Eso era lo que querían? O solo querían sembrar caos y generar una grave crisis en el sistema de salud. Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo”, reclamó el alcalde Gutiérrez Zuluaga al informar del recurso legal.
Precisamente sobre esta acción judicial, fue la secretaria de Salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, la que alertó que, sin importar el revuelo y hasta una orden de un juez para que la Adres y la Superintendencia de Salud aunaran esfuerzos para el cubrimiento de esas deudas, esas órdenes parecieran haber caído en saco roto.
“Cuando Medellín recurrió a una acción popular tampoco le hizo caso el Gobierno Nacional. La única ruta que nos queda, diría yo, es una demanda por un prevaricato por omisión, porque ahí sí hay una vía expedita y una decisión que podría tomar la Procuraduría, de pronto ahí hacen más caso”, opinó la funcionaria.
Más allá de ese panorama legal y financiero, la secretaria advirtió que desde esa dependencia se ve con mucha preocupación cómo el caos administrativo de las EPS intervenidas, incluida la Nueva EPS, está entorpeciendo la prestación del servicio.
“Ya estamos teniendo consecuencias. Se han dilatado los tiempos de espera en las citas, se ha dilatado el tiempo de espera en autorizaciones para cirugía. A los pacientes de alto costo no les está quedando fácil acceder a los medicamentos”, dijo la funcionaria.
Por el lado de las congestiones, los platos rotos los han pagado principalmente los hospitales de mayor nivel de complejidad en Medellín, que desde comienzos de 2024 se han declarado múltiples veces en emergencia por tener sus salas de urgencias sin espacio para un paciente más.
El traumatismo más reciente lo vivió esta semana el Hospital Pablo Tobón Uribe, que elevó su voz de alerta tras sufrir una sobreocupación del 200% en su servicio de urgencias para adultos el pasado 29 de octubre, pidiendo a los organismos reguladores canalizar los casos urgentes a otras instituciones.
El jueves 16 de octubre el Hospital San Vicente Fundación, también con uno de los servicios de urgencias más avanzados del país, reportó una sobreocupación del 180%.
Si bien expertos advierten que estas congestiones vienen de largo tiempo atrás, y también se asocian con problemas de cultura ciudadana para usar correctamente ese servicio, el panorama de incertidumbre que abrió la discusión de una reforma a la salud y el deterioro en el servicio de las EPS intervenidas ha empujado a muchos a buscar atención directamente en las urgencias, ante las múltiples trabas, dilaciones, demoras y barreras para acceder a una consulta de medicina general o prioritaria, pensadas precisamente para resolver las situaciones de salud que aún dan margen de espera y evitar las congestiones en las atenciones urgentes.
Si bien tanto el Pablo Tobón y el San Vicente han logrado hasta ahora soportar los embates de esas congestiones, sumadas a la presión financiera por la cartera de las EPS intervenidas, no todas las IPS han logrado mantenerse en firme, tal como quedó en evidencia en el norte del Valle de Aburrá.
Y es que en una suma de males, para instituciones como el Marco Fidel Suárez, el problema es que muchos de sus pares, también bajo estrés por la alta demanda de servicios y el mal desempeño financiero, decidieron cerrar sus servicios de urgencias, como fue el caso de la Clínica Antioquia en su sede de Bello y la Clínica del Norte, que dieron un paso al costado en ese servicio.
Capítulo aparte merecen también los servicios de entrega de medicamentos, cuyo caos ha llevado a pacientes, tanto de Savia Salud como de la Nueva EPS a bloquear las calles para exigir soluciones de fondo ante farmacias que no entregan las fórmulas completas ya aprobadas y demandan tiempos de espera excesivos.
Para conocer su lectura ante esta panorama y sus respuestas ante los múltiples reparos de pacientes y líderes, EL COLOMBIANO consultó con la Nueva EPS desde el pasado 24 de octubre, sin contar con respuesta alguna hasta el cierre de esta edición.
Regístrate al newsletter