La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la suspensión provisional por tres meses contra el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.
La decisión, ratificada el pasado 23 de diciembre, se fundamenta en la necesidad de evitar que los funcionarios interfieran en la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra por presuntos nexos con la Disidencia de las Farc al mando de alias Calarcá.
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Sin embargo, la medida disciplinaria ha desatado un choque institucional en Antioquia. A pesar de la inhabilidad sobreviniente que alega la Gobernación, Wilmar Mejía ha continuado participando en las sesiones del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia, donde funge como delegado directo del presidente Gustavo Petro.
Pero aunque su salida se esperaba desde finales del año pasado, después de que se destapara el escándalo que lo invlucraba, el presidente Petro lo ha mantenido contra viento y marea. Incluso sacó intempestivamente primero al rector John Jairo Arboleda que a su agente de inteligencia.
La permanencia de Mejía en el máximo órgano de dirección de la U. de A. ha generado rechazo en diversos sectores. El gobernador Andrés Julián Rendón ha solicitado públicamente su salida, argumentando que los presuntos vínculos con un cabecilla criminal, sumados a la suspensión de la Procuraduría, son motivos suficientes para que no integre dicha instancia. Incluso, la Gobernación envió una comunicación al secretario general del CSU advirtiendo que la suspensión provisional le impide ejercer funciones públicas.
El Consejo Académico de la universidad también se sumó a las voces de protesta y le pidió al presidente Petro la designación de un nuevo representante, al considerar que la situación compromete la ética y la estabilidad institucional. No obstante, Mejía ha seguido asistiendo a comisiones financieras y sesiones del consejo a principios de diciembre, desafiando las advertencias jurídicas y políticas.
Los archivos de “Calarcá” y la inteligencia filtrada
El expediente que motivó la suspensión tiene su origen en archivos digitales incautados a hombres de confianza de alias “Calarcá” en 2024 en Antioquia.
Según la investigación de Noticias Caracol que los reveló, Mejía —a quien en los documentos se referirían con el alias de “El Chulo”— y el general Huertas habrían filtrado información clasificada sobre movimientos de tropas y operaciones militares en zonas críticas como Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.
Entre los hallazgos más graves que analiza el Ministerio Público se encuentra la presunta entrega de códigos de frecuencias radiales de la Fuerza Pública a los disidentes. Asimismo, se investiga si los funcionarios asesoraron al grupo ilegal para la creación de una empresa de seguridad fachada, cuyo objetivo sería legalizar el porte de armas y facilitar la movilidad de los criminales.
El perfil de Wilmar Mejía ha sido objeto de escrutinio por su rápido ascenso dentro de los organismos de seguridad. Licenciado en educación física y exlíder estudiantil, Mejía pasó de ser un enlace en campañas políticas a ocupar una dirección estratégica en la DNI sin experiencia técnica certificada en inteligencia. En su defensa, ha asegurado que actuó como informante civil entregando reportes al Ministerio de Defensa antes de su nombramiento oficial.
Por su parte, el general Juan Miguel Huertas, quien se desempeñaba como jefe del Comando de Personal del Ejército, enfrenta cuestionamientos adicionales. Además de este proceso disciplinario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo ha vinculado a investigaciones por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia.
Huertas, quien fue reincorporado al servicio activo por el gobierno Petro tras haber salido durante la administración de Iván Duque por supuestas alertas de agencias estadounidenses, ha negado todas las acusaciones. El oficial sostiene que no existen pruebas técnicas de sus reuniones con emisarios de las disidencias y califica los señalamientos como un montaje sistemático para dañar su reputación y la del Gobierno.
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