El recaudo de la tasa de seguridad que comenzó a cobrarse en mayo para los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores industriales y comercios del departamento se está complicando.
La primera ronda de cobros, que repartió facturas por un valor de $45.617 millones, apenas recaudó $19.354 millones. Esto significa menos del 42% que debió recaudar la Gobernación a través de este impuesto creado por el gobierno de Andrés Julián Rendón y avalado por la Asamblea Departamental.
Aunque el gobernador Rendón ha señalado que “va bien” no obstante algunas dificultades, los resultados muestran otra cosa. Ni los incentivos ni las campañas en las que el gobierno departamental ha querido mostrar en qué se invertirá ese impuesto ha servido para que la ciudadanía adopte una posición más receptiva frente al cobro. Según datos publicados por Caracol Radio, solo se entregaron $678 millones en descuentos, repartidos principalmente en sectores industriales ($372 millones) y comercios ($175 millones).
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Entre los tropiezos que ha encontrado la Gobernación para ser más eficiente en el recaudo están las dificultades técnicas y logísticas para realizar la facturación y llegar a la ciudadanía. Por ejemplo, el gobierno departamental señaló inconsistencias en más de 100.000 registros suministrados por empresas de servicios públicos, lo que habría causado un desfase de más de seis meses en los ciclos de cobro.
La meta contemplada para los tres ciclos de recaudo que debían hacerse este año, con agosto como segunda etapa y noviembre como cierre de ese periodo de recaudo, era de $160.000 millones. De manera que a falta de poco más de cuatro meses para finalizar el año, la meta apenas va en el 12% de ese monto.
La Gobernación está esperando revertir ese rezago con el segundo ciclo de facturación que será enviada a los contribuyentes el próximo 20 de agosto. En total, esa facturación debería recaudar $100.000 millones.
Hay dos elementos claves en la discusión. Por un lado, la Gobernación ya entregó este año 49 camionetas 4,4 a la fuerza pública, tanto policía como ejército, y además anunció 200 motocicletas y botes para la Armada Nacional.
¿De dónde están sacando entonces la plata la Gobernación de Antioquia para invertir en seguridad?
Hay que recordar que a finales de julio la Asamblea Departamental le aprobó a Rendón unas vigencias futuras por $176.000 millones, que según la propuesta presentada por la gobernación buscan anticipar el recaudo futuro de la polémica tasa de seguridad, de modo que el gobernador tenga disponibilidad inmediata de recursos para ejecutar las obras y estrategias que, según Rendón, hacen parte del programa de seguridad departamental.
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Según señaló a EL COLOMBIANO el diputado Jonathan Roldán, lo que ha hecho la gobernación es echar mano de las herramientas legales con las que cuenta para sortear las dificultades logísticas que han surgido, como los problemas para entregar las facturas.
Esta salida, sin embargo, no ha estado exenta de debate, pues hay voces que indican que las finanzas públicas del departamento podrían sufrir un duro impacto si la tasa se llega a caer. El diputado Luis Peláez, por ejemplo, planteó hace varias semanas que el hecho de que la Gobernación pretenda gastar plata cuyo ingreso es incierto, pues la Tasa de Seguridad apenas está empezando a cobrarse (y a la luz de estos resultados no va bien su recaudo), pone en riesgo la finanzas del departamento. Pero también recordó que actualmente hay cinco demandas de legalidad en curso en contra de dicha tasa. “Si la gente termina no pagando o si el Tribunal tumba ese impuesto, ¿qué hacemos? Porque los contratos los van a firmar y va a ser entonces una deuda contra el presupuesto con un posible detrimento patrimonial. Eso es lo que está arriesgando el Gobernador”, cuestionó Peláez.
Hay que decir, además, que el gobierno departamental tiene recursos comprometidos como parte de la tasa de seguridad en otros frentes, como en infraestructura deportiva. Hace unos días EL COLOMBIANO publicó una nota en la que se indagaba sobre las razones que valoró el gobierno Rendón en la asignación de millonarios recursos para escenarios deportivos, como parte del componente social de dicha estrategia de seguridad, y en la cual le entregó $16.000 millones a Envigado, el municipio más boyante del país, para obras en el Polideportivo Sur, mientras que en municipios donde el conflicto y la inseguridad están al límite (y por ende deberían ser prioridad siguiendo el espíritu de la tasa) asignó montos muchísimo más modestos. Todo el Bajo Cauca, por ejemplo, apenas recibió $2.000 millones.
El diputado Roldán manifestó que la Gobernación está fallando en la pedagogía de la tasa y que es necesario que encuentre la manera de acercarse mucho más a la población, para mostrarle el alcance y la necesidad que tiene este recaudo para impactar positivamente, sobre todo en zonas del departamento donde el Estado debate su legitimidad ante la población con grupos armados.
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