La Alcaldía Mayor de Bogotá rechazó de manera enfática los cuestionamientos del Gobierno Nacional tras el anuncio del incremento en la tarifa de Transmilenio, la cual se fijó en $3.550 pesos para los servicios troncales y zonales a partir del 14 de enero de 2026.
La polémica comenzó por el Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, quien manifestó su desacuerdo con la nueva tarifa y anunció que, junto a la Superintendencia de Transporte, solicitará un informe detallado que sustente la “razonabilidad y proporcionalidad” del aumento.
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Para MinTransporte, el incremento del 10,9 % supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es el referente tradicional para estos ajustes y argumentó que los costos laborales son solo una variable y no deberían trasladarse de forma automática al usuario sin considerar otros factores como la eficiencia operativa y la gestión de subsidios.
A lo mencionado por el Ministerio, desde la administración distrital se ha argumentado que el ajuste del 10,9% no es una medida aislada de la capital, sino una respuesta a presiones económicas que afectan a sistemas de transporte en todo el país, incluso aquellos operados directamente por el Estado.
“No conviertan la discusión sobre los precios del transporte público en un pleito político para atacar a Carlos Fernando Galán y a Transmilenio. El pleito pasa pero el problema se queda”, escribió en su cuenta de X el secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano.
El funcionario subrayó que se necesita una mesa de trabajo con los ministerios de Transporte y Hacienda para buscar una solución y el impacto de las decisiones.
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