Tras varias semanas del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que dejó 69 muertos y 57 heridos en Puerto Leguízamo (Putumayo), continúan conociéndose nuevos detalles que van más allá de las causas del siniestro y apuntan a las condiciones en las que operaba la aeronave y, en general, a la gestión del riesgo dentro del sector defensa.
La Contraloría General de la República confirmó que el avión tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, no contaba con una póliza de seguro vigente al momento del siniestro, como se había informado días atrás.
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La ausencia de aseguramiento implica que el Estado deberá asumir directamente los impactos económicos derivados del accidente, incluidas eventuales indemnizaciones, en lugar de transferir ese riesgo a una aseguradora.
Según la entidad, el 81 % de la flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana -es decir, 272 aeronaves- no está asegurada, y cubrirlas tendría un costo estimado de 61,2 millones de dólares (cerca de $244.800 millones). Actualmente, solo el 19 % de las aeronaves cuenta con algún tipo de póliza.
A esto se suma un problema estructural en el manejo de los recursos. La Contraloría señaló que, aunque el presupuesto del sector defensa ha crecido en los últimos años, solo el 4,6 % se destina a inversión, lo que equivale a unos $3,8 billones, mientras que la mayor parte se concentra en gastos de funcionamiento. Esta situación ha limitado la modernización de equipos, el mantenimiento de aeronaves y el fortalecimiento de la gestión del riesgo.
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De acuerdo con el ente de control fiscal, se ha subestimado el peligro en aeronaves que operan en zonas de alta exposición, como los teatros de operaciones, y en contraste, se ha sobreestimado en otras con menor nivel de riesgo, lo que sugiere inconsistencias en la asignación de recursos para aseguramiento.
Además, advierte la entidad, otros riesgos estructurales para la sostenibilidad del sector defensa, como el rezago en inversión en tecnología e innovación y el peso del régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los $140 billones.
Frente a este panorama, la Contraloría expresó su preocupación por las implicaciones que la falta de seguros puede tener para los tripulantes y sus familias, y anunció un seguimiento especial a las actuaciones relacionadas con este caso.
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Finalmente, el organismo hizo un llamado a “fortalecer las políticas de aseguramiento, ajustar los modelos de valoración del riesgo, aumentar de forma sostenida la inversión, especialmente en mantenimiento y modernización, y adoptar medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad financiera del sector defensa”.
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