En dos meses se cumplirá un año del inicio de una guerra sin precedentes en el Catatumbo, que ha dejado el mayor número de desplazados en un solo episodio de violencia. A pesar de ello, el Gobierno parece haberse quedado corto en su respuesta. Por esa razón, la Corte Constitucional citó a las autoridades a una audiencia pública urgente para el próximo 11 de noviembre en el Palacio de Justicia de Bogotá.
El propósito será exigir una respuesta integral del Estado ante la crisis humanitaria que golpea a esta región del norte de Santander.
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Según la Corte, se identificaron graves fallas y contradicciones en las acciones del Gobierno y las entidades locales frente a la emergencia.
Las cifras oficiales reflejan la gravedad de la situación. Más de 73.000 personas han sido desplazadas por la violencia, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo de Paz. Además, hay 2.400 personas confinadas, de las cuales 183 también hacen parte de ese grupo de firmantes.
La Corte advirtió que en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc se han reportado seis firmantes desaparecidos y siete asesinados.
La guerra ha afectado sobre todo a comunidades rurales que viven bajo el control de los grupos armados, sin presencia constante del Estado. Aunque el Gobierno declaró el estado de conmoción interior, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y desorganizada.
Para convocar a la audiencia, los magistrados recordaron que en junio hicieron una visita al Catatumbo para recoger información y constatar la situación. El diagnóstico arrojó que no existe un plan de reacción inmediata frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Esto, además, dejó al descubierto la falta de un acompañamiento adecuado y proporcional a los riesgos que enfrentan las comunidades.
Según la corporación, durante la fase de atención a las víctimas, las ayudas han sido parciales y mal coordinadas. La Unidad para las víctimas, dice la citación, no ha logrado liderar una respuesta sólida.
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Aunque se entregaron algunos apoyos y se habilitaron albergues, la inseguridad y la falta de coordinación entre instituciones impidieron avanzar hacia la estabilización de las familias.
El confinamiento de comunidades enteras sigue sin resolverse. La Corte advierte que no se tiene claridad sobre el número real de personas afectadas ni sobre las condiciones en las que se encuentran. En la etapa de estabilización, los magistrados encontraron que los programas de retorno y reubicación son débiles y no garantizan vivienda, seguridad ni acceso a servicios básicos.
La situación es especialmente crítica para los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes enfrentan amenazas y desplazamientos que han frenado su proceso de reincorporación y los han obligado a abandonar sus proyectos productivos. Muchos de ellos viven en zonas donde persisten los riesgos de seguridad y la falta de oportunidades económicas.
El Gobierno ha insistido en que el llamado “Pacto Catatumbo” será la herramienta clave para superar la crisis. Sin embargo, la Corte señala que su implementación aún no ha comenzado, lo que genera dudas sobre su efectividad y temor de que se quede en promesas.
Para los magistrados, este caso refleja un patrón que se repite en otras regiones del país: falta de prevención, reacción tardía y ausencia de políticas sostenibles para la estabilización. Mientras las acciones del Estado se limiten a contener la emergencia sin resolver sus causas, las condiciones de crisis seguirán repitiéndose.
La audiencia del 11 de noviembre reunirá a representantes de las víctimas, comunidades indígenas del pueblo Barí, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones sociales, autoridades nacionales y territoriales, así como organismos internacionales.
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