La seguridad de los firmantes de la Paz no solo no ha mejorado, sino que ha retrocedido. Así lo advirtió la Corte Constitucional, que alertó que el sistema de protección para los excombatientes y sus familias funciona peor que en años anteriores.
En el auto 1417 de 2025, la Corte explicó que el Estado ha incumplido de manera grave con las garantías de seguridad. Mientras en los primeros años de implementación del Acuerdo Final existían más instancias funcionando y un mayor nivel de coordinación, hoy esas herramientas están paralizadas, debilitadas o sin recursos.
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Según la corporación, con ponencia del magistrado Héctor Carvajal, la ineficacia del sistema de monitoreo, ha generado la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales a la vida, la seguridad y la integridad física de la población en reincorporación. El problema principal, según la Corte, es que la entidad encargada de coordinar y monitorear los compromisos de paz ha perdido el alto rango y el respaldo institucional que antes tenía, lo que impide que el Estado funcione adecuadamente para proteger a los excombatientes y sus familias.
La Sala de Seguimiento enfatiza que las acciones reportadas por las entidades a menudo solo cumplen con el aspecto formal de las órdenes, sin generar resultados verificables en la implementación real de las garantías de seguridad.
“La Sala registra avances en la aprobación de los planes y programas que componen la política de seguridad, estas acciones no han garantizado el adecuado funcionamiento del sistema de seguimiento de las garantías de seguridad, conforme a los parámetros constitucionales expuestos por la Sala. Esto se debe a que las acciones desplegadas no reflejan resultados y en la mayoría de los casos solo atienden al aspecto formal y no al contenido material de las órdenes. La Sala reitera que persisten obstáculos que impiden consolidar el seguimiento como una verdadera garantía de derechos para la población firmante”, se lee en el documento.
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Las órdenes más importantes emitidas por la Corte están directamente enfocadas en revertir esta debilidad institucional y forzar la reactivación de los mecanismos tal como fueron concebidos originalmente, para que el sistema de seguimiento pueda cumplir su objetivo de proteger los derechos de los firmantes.
Inicialmente, ordena recuperar la capacidad institucional. La Unidad de Implementación del Acuerdo Final, entidad que debería vigilar el cumplimiento, no tiene el peso suficiente ni los recursos para hacerlo. Por eso, la Corte ordenó al Gobierno evaluar y reestructurarla, darle presupuesto, personal y un nivel jerárquico que le permita hablar de tú a tú con los ministros. También exigió que se fortalezcan las instancias claves como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Sistema Nacional de Reincorporación.
Así mismo, ordenó reactivar los mecanismos que hoy están paralizados. Eso incluye garantizar el funcionamiento real de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo (CSIVI), poner en marcha el sistema de seguridad para la política (SISEP), y que la Fiscalía rinda cuentas sobre los resultados de las investigaciones contra los responsables de la violencia. También ordenó activar el seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y al subcomité de reincorporación, que hoy están en el papel pero no operan.
Otro punto tiene que ver con la creación de indicadores claros. La Corte fue enfática en que sin datos confiables no se puede medir si las políticas de protección funcionan. Por eso ordenó consolidar una batería de indicadores de seguridad, actualizar las fichas técnicas del Plan Marco de Implementación y diseñar indicadores específicos para los programas de protección y desmantelamiento de grupos criminales.
Además, exigió articular el presupuesto con la política de paz, para que los recursos se usen de manera transparente y no se pierdan en la maraña burocrática. Finalmente, le ordenó a la Procuraduría crear un mecanismo propio de seguimiento, en coordinación con la Defensoría, para vigilar que se cumpla lo ordenado en la sentencia SU-020 de 2022.
En resumen, la Corte le está diciendo al Estado que ya no basta con promesas ni con instancias de papel, sino que es momento de reorganizarse, poner en marcha los mecanismos en pausa, medir resultados de forma seria y garantizar que la plata de la paz llegue donde debe.
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