El cuestionado exalcalde de Medellín fue nombrado como nuevo superintendente de Salud por el gobierno de Gustavo Petro.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será el nuevo superintendente nacional de Salud. Su llegada se da después de la salida de Bernardo Camacho y el aterrizaje del exalcalde Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.
La hoja de vida fue publicada por Presidencia a las 4:28 p. m. de este 15 de abril. Justo el 14, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Camacho, quien llevaba en el cargo desde octubre de 2025.
El nombre de Quintero ya venía sonando para el sistema de salud: hubo rumores de que sería nombrado como interventor de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados del país (11,5 millones).
Pero a ese puesto llegó el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, cuyas declaraciones acerca de los recursos del sistema de salud fueron cuestionadas por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
Sobre él dijo que no era “la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no” y que no debe “ponerse a decir cosas que no le corresponden”.
La controversia surgió luego de que Ospina asegurara en una entrevista con Blu Radio que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) no cubre adecuadamente los costos:
“No creo que alcance, creo que tiene que ser diferenciada, creo que, si no se han hecho tareas de orden preventivo, las personas son más demandantes de servicios de salud; creo que nuestra población va pasando una pirámide poblacional de tener más adultos mayores, por tanto más demandantes por enfermedades crónicas”, dijo el también exalcalde de Cali.
Según el ministro, la evaluación sobre la suficiencia de la UPC no es una tarea individual ni corresponde a opiniones aisladas, sino que debe ser realizada por equipos técnicos especializados de la cartera de salud.
En ese sentido, reiteró que el agente interventor no es la persona indicada para pronunciarse sobre ese tema. “¿Pero qué sabe el doctor Ospina?, que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia (sic)”, manifestó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio.
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Más allá de la polémica entre Ospina y Jaramillo, la llegada de Quintero abre interrogantes de qué es lo que busca el Gobierno al nombrar a sus alfiles a menos de cuatro meses de que se acabe su mandato.
En este momento tiene curso el juicio contra siete personas por la contratación de $18.000 millones entre Área Metropolitana (AMVA) y los bomberos de Itagüí.
Desde finales de 2025, Laura Mejía, exjefe del área logística del AMVA, se convirtió en testigo clave al revelar fotos, audios, chats y otros documentos sobre el entramado corrupto que habría operado en la entidad para controlar la contratación y cobrar coimas.
Esto, con la presunta participación de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, así como del subdirector financiero del Área y Álvaro Villada. Los chats también denotarían la influencia de Sebastián Ortega, el hijo del polémico político de Bello William Ortega.
EL COLOMBIANO confirmó que los dos nuevos testigos que han pedido pista serían el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y el exjefe de esa misma agrupación, Elkin González.
De hecho, el ex director del AMVA, Juan David Palacio, fue imputado por presunta corrupción en este caso. En medio del proceso, su defensor ha tratado de desmarcarlo de los cargos de interés indebido en celebración de contratos y peculado endilgando la responsabilidad en las dos subalternas que están enredadas con él en este caso.
Vale recordar que la Fiscalía los ha señalado a él y a otros funcionarios y contratistas de la administración Quintero de delitos relacionados con corrupción. Hasta ahora van 55 procesados.
Hay de todo: secretarios y secretarias de despacho, subsecretarios, directores de programas, supervisores y contratistas. Hay casos complejos, como el del lote de Aguas Vivas, con el que presuntamente Quintero y los suyos quisieron hacer millonarios a unos privados.
Otros casos son más escandalosos, como el del programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, en el que también presuntamente quisieron favorecer a unos contratistas amigos; otros de una ingenuidad difícil de creer, pues firmaron contratos interadministrativos ya en vigencia de la ley de garantías.
Salvo por el caso de Aguas Vivas, donde es el principal imputado, Quintero no se ha molestado en ofrecer alguna explicación de esta oleada de investigaciones a las que tanto fiscales como jueces les han encontrado asidero, sino que se ha limitado a deslegitimar a la justicia, a asegurar, sin pruebas y más bien fraguando un relato de redes sociales como han hecho candidatos en otras partes del mundo como Donald Trump, acerca de que la justicia está politizada y que es un perseguido político.
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