Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), alerta por el cruento panorama en materia de seguridad con miras a las elecciones de 2026. Insiste en el diálogo para construir confianza.
Hasta el pasado 8 mayo, en Colombia durante 2025 hubo 134 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunal. Es decir, al menos uno diario. Si bien el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es el más visible, no es el único.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) alerta que hoy por hoy hay regiones del país “donde los candidatos no van a poder hacer campaña de manera libre”.
La directora advierte que, de cara a las elecciones de 2026, hoy persiste “un escenario muy enrarecido”. Sin embargo, insta a que todos los sectores persistan en el diálogo de cara a generar confianza para que haya elecciones libres y en paz.
En su más reciente informe la MOE destaca que, comparado con 2024, los hechos de violencia contra liderazgos políticos se redujeron 29,8 %. De entrada es una buena noticia, pero ¿por qué mantienen las alertas encendidas?
Efectivamente uno puede ver una disminución de hechos de violencia, pero hay que cruzar eso con las acciones violentas –es decir, acciones de guerra, combates y afectación al a la sociedad–, y otra es lectura. Claro que es una buena noticia la disminución: es una vida, indiscutiblemente.
Pero lo que evidenciamos es que hay algunos territorios del país donde ya hay un control de grupos armados ilegales. Entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2025 hubo 979 hechos de violencia atribuidos a grupos armados ilegales. Hay territorios en disputa como el Cauca, Catatumbo o la zona central de Chocó, y allí hay mayores hechos de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales porque justamente se está disputando el territorio.
Los más afectados son los liderazgos comunales que, en principio, son la democracia, la voz de la ciudadanía en lo local. Después la afectación es contra los liderazgos sociales, que confrontan a través de la crítica a los armados ilegales. Finalmente aparecen los liderazgos políticos, porque si ya hay control territorial y social, lo que falta es el control político. En este caso la mayoría de casos están relacionados con amenazas.
Insisto que es una buena noticia la disminución de la violencia contra este tipo de liderazgos, pero lo que hay que mirar de fondo es que esa buena noticia no sea el resultado de que hay mayor control en algunos territorios por parte de grupos armados ilegales.
¿Cuáles son los territorios más afectados?
Si uno voltea a mirar el Urabá, Chocó, Antioquia o el Catatumbo han disminuido de manera impresionante los hechos de violencia contra el liderazgo político. ¿Por qué? Porque ya hay una presencia dominante del Clan del Golfo. Es decir, ya hay un actor que gana la guerra en ese en ese territorio.
Pero si uno mira para el Cauca hay una balacera impresionante por tantos grupos en disputa, al igual que en Guaviare, donde hubo paro armado con gente confinada y es porque había dos grupos de disidencias enfrentándose por el control territorial. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no siempre la disminución de las acciones violentas contra liderazgos es igual a tener un territorio en paz.
En la dispersión e influencia creciente de estos grupos armados a lo largo de varios territorios, ¿qué tanta responsabilidad le cabe al Gobierno Nacional con su política de paz total?
A lo que contribuyó la política de la paz total es a que no se hubiese tenido en el territorio una mayor capacidad estatal con presencia institucional para poder pacificarlo. La mayor parte de los conflictos y de los hechos de violencia se están dando donde antes tenían control las antiguas Farc. El Gobierno anterior no avanzó en la implementación del Acuerdo de Paz, ni hizo un mayor esfuerzo para que en esos territorios hubiera mayor inversión tanto económica, pero también democrática. ¿Y qué quedó? Un territorio vacío que inmediatamente intenta ser copado por alguien. Si no lo copa la legalidad, lo copa la ilegalidad.
Y ahora el actual Gobierno, en lugar de fortalecer lo que se tenía –que podría haberle parecido poco–, apostó por hacer una paz más grande con otros grupos armados sin consolidar lo que se tenía. Hoy en los territorios CITREP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz) se concentran el 60,87% de los asesinatos registrados entre marzo y mayo de 2025. Allí se está regresando a la misma situación de antes, pero ahora con grupos armados ilegales que no tienen una estructura única, ni mando unificado y sin negociaciones políticas.
Son entre160 y 170 expresiones armadas que compiten por el poder en el territorio, y en su mayoría están integradas con gente joven con la que no hay nada que negociar porque ellos no piden nada en la negociación diferente a la impunidad.
La MOE ha estado en varios espacios interinstitucionales que se han instalado a raíz de lo ocurrido con el senador Miguel Uribe. ¿Cómo ve el panorama frente a las acciones y estrategias adoptadas por el Gobierno? ¿Podrá el Ejecutivo garantizar la seguridad de los candidatos?
Todavía estamos en un escenario muy enrarecido. Hay una campaña a la Presidencia de la República no con candidatos, sino con precandidatos moviéndose por el país, ejemplo Juan Daniel Oviedo recogiendo firmas y saliendo a caminar por las calles de diferentes ciudades del país. Igual pasaba con Claudia López o con el propio Miguel Uribe.
Pero todavía estamos bajo ese efecto del terrible atentado que le hicieron al senador Miguel Uribe y ese ejercicio de la calle casi que paró. Y todo esto ocurre mientras se hacen los ajustes para ver qué pasa. Es importante primero conocer y después entender quiénes fueron los determinadores de este hecho. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Todo esto para poder tener una estrategia compleja. Estamos todavía en un momento de reacomodamiento.
¿Cómo evalúa el trabajo que ha venido haciendo la Unidad Nacional de Protección (UNP) a la hora de garantizar la seguridad de los precandidatos?
Hay un trabajo importante que ha venido haciendo la UNP al conversar de manera directa y bilateral con algunos precandidatos para ver de manera individual cuáles son los esquemas de seguridad que se necesitan y poder hacer los ajustes necesarios a la realidad de cada campaña política.
Los esquemas de protección para las campañas políticas después de este hecho no pueden ser estandarizados. Son esquemas de seguridad que tienen que ser adaptados a la situación y también a la forma como cada candidato quiere y va hacer política.
Sin embargo, indiscutiblemente hay regiones del país donde candidatos a la Presidencia o al Congreso no van a poder hacer campaña de manera libre, y es porque tenemos una gran dispersión de grupos armados ilegales y no se tiene claro exactamente cuál será el contexto en que se va a hacer esa campaña.
Por ello, hay que ajustar las estrategias y tiene que haber muchísimo diálogo con las precandidaturas para hacer esos ajustes de seguridad de manera acertada.
¿Cuál debería ser la estrategia por parte del Gobierno Nacional para garantizar unas elecciones libres y en paz?
Lo primero es el diálogo para poder llegar a un segundo momento que es generar confianza. Hoy no tenemos diálogo y no hay confianza entre los diferentes actores. El mensaje que se envió en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral que convocó el presidente fue absolutamente claro: unos partidos de oposición tomaron la decisión de no ir, pese a que esa es la instancia en la que se ponen sobre la mesa todos los temas sobre los cuales hay que avanzar en el plan de trabajo para las próximas elecciones.
Están muy crispados los diferentes sectores, pero es muy importante que puedan conversar y que haya señales de lado y lado por lo menos de diálogo, ni siquiera de confianza, porque esa se va ganando. Pero hoy tenemos la confianza rota entre los diversos sectores. No hay un diálogo fluido.
Por ello, lo que hay que hacer indiscutiblemente tener estos diálogos, así sean de manera bilateral con los actores políticos, para mirar las estrategias de seguridad para que puedan hacer proselitismo electoral.
También es necesario poder ajustar la campaña electoral a la realidad de los territorios. No es lo mismo hacer campaña electoral donde hay presencia del Clan del Golfo, que hacerla donde hay bandas urbanas como Buenaventura o Medellín. También es muy diferente hacer campaña en departamentos que están en disputa, como Cauca, o lo terrible que ha pasado también en Catatumbo.
Insisto, si no hay diálogo no hay cómo construir escenarios para poder hacer una campaña electoral segura para candidatos y para ciudadanos.
De los 134 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunal, 59 fueron asesinatos o atentados. Además, la MOE alerta que por un “preocupante aumento de los secuestros”, que alcanzaron su nivel más alto desde 2016 con 13 registros, la mayoría ocurridos en zonas rurales. Además, 43 de los 134 hechos se concentraron en tres departamentos: Cauca, Norte de Santander y Huila.
“Cauca fue el departamento con mayor número de hechos de violencia contra liderazgos, concentrando el 14,9% (20 casos) del total de agresiones a nivel nacional. También fue el departamento con el mayor número de hechos de violencia letal, con 10 registros”, precisa el informe.
Por otro lado, hubo 979 hechos de violencia por parte de grupos armados ilegales, “siendo este el inicio de año más violento desde 2018”.
