La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde ruso de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en contrataciones irregulares que, según el ente acusador, habrían tenido como propósito lograr el retiro de una demanda que cuestionaba la legalidad de su elección en 2023.
Junto a Krasnov, también fueron acusadas la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez.
“Las cinco personas deberán responder en juicio oral, según sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos”, según la Fiscalía.
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De acuerdo con la investigación, los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez García, quien ya fue judicializado por estos hechos, mediante contratos de prestación de servicios, con el objetivo de que este desistiera de demandar por nulidad electoral al entonces mandatario. Las actuaciones ilegales detectadas, según la Fiscalía, tenían como propósito que la persona contratada retirara la demanda de nulidad presentada contra la elección del mandatario municipal.
El ente acusador precisó que los señalados se habrían coordinado para vincular al abogado a la administración municipal, luego de que este interpusiera en noviembre de 2023 una acción de nulidad contra la elección de Mikhail Krasnov.
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La Fiscalía señala que en febrero de 2024 se suscribió un primer contrato por cerca de $19,8 millones, que no se ejecutó. En cumplimiento de compromisos adquiridos en diferentes reuniones, ese contrato hacía parte de un acuerdo orientado a lograr el retiro de la acción judicial.
Posteriormente, se habría firmado un segundo contrato, a través de la empresa pública Ecovivienda, por más de $54 millones, bajo el argumento de prestar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía. En concreto, el contrato fue suscrito por $54.285.000.
Según los elementos recopilados, los trámites contractuales se habrían iniciado después de presentada la demanda y coincidieron con su posterior retiro. Además, la Fiscalía señala que el mandatario Krasnov habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que adelantara la contratación y poder expedir un documento que lo desvinculara de responsabilidades.
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En ese sentido, un fiscal de la Seccional Boyacá acusó formalmente al exalcalde, a los exfuncionarios y al particular por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados.
La situación judicial de Krasnov se da en medio de decisiones previas que ya habían puesto en entredicho su permanencia en el cargo. En marzo de 2026, el Consejo de Estado confirmó la nulidad de su elección como alcalde de Tunja, al establecer que estaba inhabilitado por haber celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a las elecciones.
El alto tribunal concluyó que el exmandatario suscribió un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en diciembre de 2022, es decir, dentro del periodo que le impedía aspirar al cargo en las elecciones de octubre de 2023.
*Redacción con información de Colprensa
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