El lío por la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023 fue uno de los primeros escándalos que sacudió con fuerza al gobierno de Gustavo Petro. Su entonces canciller, Álvaro Leyva, terminó en el centro de una polémica nacional por intentar apartar al proveedor histórico, Thomas Greg & Sons, bajo el argumento de que era necesario garantizar condiciones equitativas para otros posibles oferentes.
Su intervención resultó tan cuestionada que acabó fuera del cargo, distanciado del propio Gobierno y sancionado disciplinariamente por la Procuraduría. Ahora, dos años después, es también el primero en enfrentar un proceso penal por estos hechos. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó a Leyva el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, al considerar que su intervención en el proceso contractual no solo fue irregular, sino abiertamente contraria a la ley.
El exfuncionario se declaró inocente. “No señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación, que quede absolutamente clara. Y reitero, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”.
Cabe recordar que en 2023 trascendió que Leyva habría gritado a la directora en ese entonces de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, luego de que esta le advirtió que iba a poner al país en problemas legales. “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito, ya voy a estar muerto”, le dijo en ese entonces. Pues todo indica que no será así.
La acusación penal se basa en un punto central. Las decisiones que tomó Leyva no fueron aisladas ni fruto de errores administrativos, sino parte de una cadena de actos que, según la Fiscalía, tuvieron el propósito directo de frenar la licitación. “Ese abuso, esa desviación de poder, se materializó cuando reasumió la dirección del proceso de licitación pública 001 de 2023, con el único propósito de impedir la adjudicación que ya estaba habilitada.
Y lo hizo a pesar de que la competencia para conducir los procesos contractuales del Ministerio —incluida la facultad de suscribir los actos derivados de ellos— recaía en el Secretario General, quien además había informado con precisión el estado y el avance del procedimiento”, dijo la Fiscalía durante la imputación.
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Bajo esa premisa, el ente acusador sostiene que el entonces canciller expidió tres actos administrativos dirigidos a obstruir la licitación 001 de 2023, un contrato por 559.000 millones de pesos que buscaba garantizar la expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes hasta julio de 2026. Hasta la intromisión de Leyva, el proceso avanzaba con normalidad.
El comité evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplió todos los requisitos técnicos y administrativos. Incluso se había citado para la audiencia de adjudicación. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva firmó la Resolución 7485, con la que declaró desierta la licitación argumentando que solo se presentó un oferente.
Para la Fiscalía, esta explicación fue jurídicamente insostenible, ya que la empresa cumplía todos los requisitos de los pliegos y la ley no exige pluralidad de proponentes para adjudicar. El representante de la unión temporal interpuso un recurso de reposición, pero Leyva lo negó al día siguiente mediante la Resolución 7540, sin permitirle presentar un documento formal con sus argumentos y obligándolo a exponerlos de manera verbal.
Las razones esgrimidas por el ministro, según el ente acusador, no tenían soporte ni fáctico ni jurídico. Ese mismo 14 de septiembre, el canciller firmó una tercera resolución para declarar la urgencia manifiesta, con lo que abrió la puerta a entregar el contrato de forma directa, sin licitación ni participación de otros interesados.
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