Cinco miembros del extinto Bloque Caribe de las Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Los llamados a responder serían responsables de secuestros masivos en cinco departamentos y pescas milagrosas: practica a la que recurrieron para extorsionar y financiar al grupo ilegal.
La Sala de Reconocimiento relató que los secuestros ocurrieron en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). Uno de los métodos que más usaron fueron las “pescas milagrosas”: imponían retenes ilegales en las carreteras, tomaban rehenes y después exigían dinero a cambio de la libertad.
La imputación ocurrió en el marco del Caso 01, que investiga los secuestros de la extinta guerrilla y los llamados a comparecer son Abelardo Colorado, alias Solís Almeida; Osmany Landero, alias Hernando González; Gilberto de Jesús Giraldo, alias Aldemar Altamiranda; Luis Cuadras Solórzano alias Leonardo Guerra y Uriel Oviedo, alias Mañe.
“Estos comparecientes fueron determinantes a la hora de materializar la política de privaciones de la libertad que desplegó el Secretariado de las extintas Farc-EP en esa zona del país”, señaló la JEP.
El dossier de pruebas recolectadas por la JEP indican que durante las privaciones de la libertad ocurrieron homicidios, torturas, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal y violencia sexual.
En el macrocaso de secuestro hay 4.213 víctimas acreditadas y al Bloque Caribe sería el responsable del 15% de esos secuestros. Además, esa célula guerrillera fue la estructura que más pescas milagrosas realizó: instaló 49 retenes en las vías del Caribe y, afirmó la JEP, la mayoría de las víctimas no tenía dinero suficiente para pagar por su liberación.
“La sala encontró además que el sector más afectado por los secuestros extorsivos fue el ganadero, por ser uno de los más representativos de la región. Este gremio fue estigmatizado, pues en muchas ocasiones la antigua guerrilla los consideraba “aliados del paramilitarismo”, sobre todo cuando se negaban a pagar las extorsiones. Como resultado, muchos de ellos fueron víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, robo de ganado y desapariciones forzadas”, añadió la JEP.
El control territorial y el canje de secuestrados por guerrilleros presos fueron unas de las razones de la Farc para implementar la política de secuestros. El Bloque Caribe, particularmente, acudió a esta práctica delictiva para financiarse a ellos mismos y enviar hasta 2 millones de dólares anuales al Secretariado de las Farc.
“El antiguo secretariado ordenó un buen trato a los cautivos, pero en la práctica esta directriz se redujo a mantenerlos con vida. Las consideraciones sobre su dignidad y bienestar quedaron a discreción de la guardia, sin control de los superiores”, señaló la magistrada Julieta Lemaitre.
Los integrantes del último secretariado de las Farc ya fueron imputados por su responsabilidad en la política de secuestro: todos aceptaron su responsabilidad y ese caso ya está en etapa de juicio.
Los nuevos imputados quedaron obligados a realizar aportes completos a la verdad y deberán entregar detalles a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas con el fin de encontrar a los desaparecidos: tiene 30 días hábiles. Hay al menos 19 personas que habrían sido desaparecidas por este Bloque.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad o incumplen con sus compromisos de verdad y reparación, su caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y se expondrían a una condena en prisión de hasta 20 años.
