La diligencia, registrada por el Gobierno como un “gesto de paz”, abrió un debate sobre los límites institucionales tras conocerse que la senadora habría liderado el allanamiento donde se incautó un arma de fuego destinada a un posible asesinato entre reclusos.
El 10 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó un allanamiento en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de recibir información sobre un posible plan de asesinato dentro del penal.
El operativo tenía como objetivo incautar un arma de fuego que, según las autoridades, iba a ser utilizada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, contra otro interno conocido como alias Araña.
Ambos reclusos se encontraban en el pabellón de extraditables, donde permanecen personas con procesos judiciales pendientes ante cortes internacionales.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, la acción del CTI permitió prevenir un ataque inminente contra Araña, quien, al igual que Pipe Tuluá, cuenta con antecedentes por homicidio y vínculos con estructuras criminales del Valle del Cauca.
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Sin embargo, el procedimiento tomó relevancia pública por la presencia y papel de la senadora Isabel Zuleta, quien no solo acompañó la diligencia, sino que, según revelaciones posteriores, habría tenido un rol protagónico en la incautación del arma.
Durante el operativo, la senadora Zuleta estuvo presente junto con funcionarios del CTI, del Inpec y la abogada de Pipe Tuluá. En videos difundidos por Noticias RCN, se observa a la congresista recibiendo el arma de fuego entregada voluntariamente por el recluso.
De acuerdo con la versión difundida por el noticiero, Zuleta no solo presenció, sino que lideró el procedimiento, algo que generó sorpresa en distintos sectores.
La senadora describió su actuación como un “gesto de paz” y una acción encaminada a proteger la vida de alias Araña, quien, según información recibida, era el blanco de un atentado dentro del penal.
En declaraciones públicas, Zuleta explicó que su participación surgió luego de recibir, en julio, una alerta de la abogada de Marín Silva, Angélica Martínez, sobre el presunto riesgo que corría Araña, quien también estaría vinculado a un proceso de paz.
“En el mes de julio recibo la información de una de las abogadas de Andrés Felipe Marín Silva sobre el presunto riesgo en el que se encuentra una de las personas que hace parte de un proceso de paz en nuestro país, conocido como alias Araña”, relató.
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La congresista afirmó que informó de inmediato al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y que la entrega del arma se dio con la disposición de Pipe Tuluá de colaborar con las autoridades.
“Observé cómo se lleva a cabo este gesto para proteger la vida de una persona que presuntamente estaba en riesgo y que, sobre todo, le apuesta a la paz de nuestro país”, explicó.
Según el medio citado, el allanamiento fue precedido por una reunión en la Casa de Nariño la noche anterior, en la que participaron varios funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
De acuerdo con la información divulgada, este encuentro habría sido clave para concretar la operación en La Picota. Lo que no se conocía hasta ahora era que la senadora “fue quien encabezó el allanamiento”.
Por ahora, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados del allanamiento ni sobre las condiciones en que se desarrolló la participación de la senadora.
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