El expediente contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, no solo ha sido uno de los más explosivos en la historia judicial reciente del país, sino uno de los más corrosivos para quienes se han atrevido a tocarlo. Tras más de un año del inicio del proceso por enriquecimiento ilícito y otros delitos, el caso no solo tiene en el banquillo al primogénito del mandatario; también a quienes lo investigaron: fiscales disciplinados, removidos o desplazados en medio de denuncias internas, presiones y ataques públicos del propio jefe de Estado.
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Desde el fiscal Mario Burgos, quien se encargó de liderar la investigación, llevó a cabo la acusación y formuló la solicitud de mantener privado de la libertad, hasta la fiscal Lucy Laborde, que asumió el proceso tras su salida, y el investigador Víctor Forero, que denunció amenazas y seguimiento, todos han terminado siendo blanco de controversias judiciales, internas y mediáticas.
Y todos, además, han sido objeto de señalamientos reiterados por parte del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, donde ha cuestionado la independencia de sus actuaciones y ha sugerido la existencia de motivaciones políticas detrás de la investigación contra su hijo.
El caso de Mario Burgos
Mario Andrés Burgos, el fiscal que condujo la primera etapa del proceso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se convirtió en una figura pública tras la divulgación de los videos de captura y el interrogatorio donde el hijo del presidente aceptó haber recibido dinero no declarado para la campaña presidencial.
Pero la exposición tuvo consecuencias. La defensa de Nicolás Petro solicitó su remoción argumentando que sobre él pesaba un impedimento, luego de que la Comisión de Disciplina Judicial le formulara pliego de cargos por presunta actuación irregular. Según el órgano disciplinario, Burgos habría incurrido en faltas al filtrar información reservada, entre ella el video del procedimiento de captura, y por aplicar presiones indebidas durante el interrogatorio que llevó a Nicolás Petro a declarar contra su propia familia.
La Comisión cuestionó además su manejo del caso y la cercanía con medios de comunicación, mientras la defensa del procesado alegaba que su actuación había contaminado la investigación. Ese argumento fue finalmente acogido por la Fiscalía General, que decidió apartarlo del proceso. Burgos, sin embargo, no se ha quedado callado: “El único enemigo que hoy tengo es el Presidente y el hijo del Presidente”, declaró en su momento, insistiendo en que sus decisiones fueron estrictamente judiciales.
Lucy Laborde, actual fiscal del caso
A la salida de Burgos, la investigación pasó a manos de la fiscal Lucy Laborde, quien poco después protagonizó otro capítulo de controversia. En una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, Laborde denunció presiones indebidas dentro de la misma entidad. Según relató, se sintió afectada en su independencia y autonomía luego de que se le asignara una fiscal de apoyo, Liliana Mesa Agudelo, sin que ella lo hubiera solicitado.
Laborde aseguró haber sido convocada de forma repentina a reuniones con la Dirección de Lavado de Activos y Corrupción, liderada por Mesa, en las que se le exigió revelar detalles reservados del expediente. Además, afirmó que Mesa recibía directamente solicitudes de la defensa de Petro, así como derechos de petición relacionados con aplazamientos de audiencias que no le fueron informados previamente.
Para la fiscal, esas intervenciones vulneraban su rol como titular del proceso. El abogado Alejandro Carranza, apoderado de Nicolás Petro, aprovechó la situación para solicitar formalmente a la Fiscal General que reevalúe la permanencia de Laborde en el caso, argumentando que sus declaraciones evidencian contradicciones internas y que estaría intentando “cubrir errores ya consumados”.
Como sus antecesores, Laborde también ha sido blanco de señalamientos del presidente Petro, quien ha cuestionado públicamente su manejo del proceso y las tensiones internas en la Fiscalía.
Víctor Forero, investigador despedido
El tercer capítulo lo protagoniza el investigador del CTI Víctor Forero, quien aseguró estar viviendo “un calvario” desde que las pruebas contra Nicolás Petro se fortalecieron. De acuerdo con su testimonio, tras avanzar en la recolección de evidencia clave fue notificado de su salida del cargo, mientras comenzaba a recibir amenazas y advertencias de vigilancia.
“He recibido información de que estoy siendo interceptado, de que soy vigilado, de que me están siguiendo, de que controlan mis movimientos, de que se controla mi entorno social. De que han intentado acceder a mi teléfono celular de manera remota con softwares maliciosos”, denunció Forero.
Los tres casos, el de Burgos, Laborde y Forero, revelan un patrón inquietante y es que quienes se han involucrado directamente en el caso Nicolás Petro terminan siendo investigados, desplazados o públicamente deslegitimados. Y todos comparten como factor común los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien desde sus redes sociales ha cuestionado sus actuaciones y sugerido motivaciones oscuras detrás de cada decisión adversa a su hijo.
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