El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al considerar que representan un riesgo para la sociedad y que, por la influencia derivada de los cargos que ocuparon, podrían interferir en la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), proceso que se encuentra en pleno desarrollo.
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La decisión judicial reactivó un contraste que volvió al debate público. En 2018, Velasco fue uno de los políticos que participó en un video musical difundido en YouTube para promover la consulta anticorrupción del 26 de agosto, una iniciativa que buscaba endurecer las sanciones contra prácticas irregulares en la administración pública.
En la canción, interpretada junto al periodista Daniel Samper Ospina y otros dirigentes, se escuchaba: “Es el reguetón, tón-tón-tón / De la corrupción, ción-ción-ción / Ten una tajada para tu bancada / Baila mi canción, ción-ción-ción”. El video hizo parte de una estrategia de divulgación que apostó por formatos no tradicionales para incentivar la participación ciudadana.
El video musical y la consulta anticorrupción
En la pieza audiovisual participaron figuras políticas como Antanas Mockus, Claudia López, Angélica Lozano, Antonio Navarro Wolff, Jorge Robledo, Rodrigo Lara y el mismo Luis Fernando Velasco. La consulta anticorrupción alcanzó más de 11.645.000 votos y se quedó a cerca de medio millón del umbral requerido para ser aprobada, por lo que las siete propuestas pasaron a consideración del Congreso y del presidente de la República.
Tras la jornada, sus promotores anunciaron la radicación de los proyectos de ley correspondientes y señalaron que la votación representaba un mandato ciudadano para impulsar reformas contra la corrupción. Aunque no superó el umbral, el proceso se consolidó como uno de los ejercicios de participación ciudadana más amplios de los últimos años en Colombia.
Volviendo con Velasco, el mensaje de la canción y la consulta del 2018 contrasta con su situación judicial actual, quien fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dentro de un proceso en el que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó en su contra una medida de aseguramiento en centro carcelario.
El Tribunal explicó que la medida de detención preventiva es idónea y proporcional para evitar presiones indebidas sobre testigos, funcionarios o elementos probatorios. La magistrada señaló que la investigación se encuentra en curso y que podrían adelantarse nuevas actuaciones respecto a otras personas vinculadas al caso.
“La medida también es urgente, habida cuenta que la investigación se encuentra en pleno desarrollo”, sostuvo la magistrada, al indicar que el material probatorio sugiere la posible existencia de una estructura delictiva con vocación de continuidad entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo que coincide con el tiempo en el que los exministros ejercieron sus cargos.
Según la decisión, la urgencia no obedece a un riesgo de fuga, sino a la necesidad de impedir la rearticulación o continuidad indirecta de prácticas de direccionamiento contractual y de interferencia relacional asociadas a esquemas de corrupción complejos.
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