Una millonaria deuda de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con empresas arrendadoras de vehículos estaría poniendo en riesgo la continuidad de los esquemas de seguridad para personas amenazadas en el país.
Según lo conocido, la entidad adeudaría cerca de 400.000 millones de pesos por el alquiler de al menos 5.000 vehículos —entre blindados y convencionales— utilizados en la protección de funcionarios, líderes sociales, exmandatarios y otras personas en situación de riesgo.
La información que reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO señala que, de acuerdo con un cruce de correos electrónicos entre funcionarios de la UNP y empresas proveedoras, los retrasos en los pagos se vienen acumulando desde finales de 2025.
En algunos casos, las obligaciones pendientes se remontan a noviembre de ese año y, hasta el momento, no se han realizado desembolsos correspondientes a 2026.
“La operación mensual por el arriendo de las camionetas blindadas y convencionales asciende a los 55 mil millones de pesos. (...) Lo cierto es que no se ha girado el pago de ningún mes de 2026”, señaló una fuente citada por el medio.
La situación ha generado preocupación entre las compañías arrendadoras, algunas de las cuales ya advirtieron que no podrán continuar prestando el servicio en esas condiciones.
Incluso, al menos dos empresas habrían manifestado su intención de retirar las camionetas asignadas a los esquemas de protección si no se saldan las deudas en el corto plazo.
De concretarse este escenario, decenas de personas bajo protección estatal podrían quedar expuestas a riesgos de seguridad, en un contexto en el que persisten amenazas contra líderes políticos y sociales.
La preocupación aumenta en medio de hechos recientes, como las amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia, difundidas mediante una imagen con una corona fúnebre acompañada de la leyenda “Descanse en paz”.
¿Qué dicen los correos internos?
Los correos enviados internamente también evidencian dificultades presupuestales dentro de la entidad. En uno de ellos se indica que la asignación de recursos del Programa Anual de Caja (PAC) correspondiente a marzo de 2026 fue parcial debido a la “limitada disponibilidad de caja a nivel nacional”.
“En consecuencia, los pagos asociados a la facturación del período febrero de 2026 (...) deberán ser aplazados hasta tanto se realice la asignación del PAC correspondiente al mes de abril”, se lee en el documento.
Asimismo, se advierte que la situación depende directamente del Ministerio de Hacienda, encargado de aprobar y liberar los recursos necesarios. Incluso, el PAC correspondiente a diciembre de 2025 aún estaría en proceso de revisión.
Empresas del sector, como GMW Blindajes, Blinsecurity de Colombia Ltda., Veblinco, Neostar de Colombia Ltda., Calmori SAS y Royal Rent Corp SAS, figuran entre las afectadas por los retrasos en los pagos.
Aunque algunas compañías reconocen la disposición de la UNP para llegar a acuerdos, coinciden en que el principal obstáculo sigue siendo la falta de recursos.
En medio de este panorama, crece la incertidumbre entre los beneficiarios de los esquemas de protección. Se teme que los vehículos puedan ser retirados, lo que afectaría la seguridad de personas en situación de riesgo, especialmente en zonas con complejos problemas de orden público.
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