La propuesta del Gobierno Petro para convocar una Asamblea Nacional Constituyente enfrenta un complejo y prolongado proceso que incluye recolección de más de dos millones de firmas, aprobación en el Congreso, control de la Corte Constitucional y votación ciudadana.
No cesa la polvareda política por cuenta del controvertido proyecto de ley del Gobierno de Gustavo Petro que formaliza la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. En medio de críticas, reparos y alertas desde diferentes frentes, hay quienes también le recordaron al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que la intentona para reformar la Constitución de 1991 demanda rigurosos y severos pasos.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, recordó que, a diferencia del proceso constituyente de 1990, la actual Carta Magna sí incluye un procedimiento para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
El primer asunto a tener en cuenta es que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deberán aprobar una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria. Allí se encuentra el primer escollo. El primer mandatario, quien ha tenido dificultades para sacar adelante sus proyectos en el Congreso, deberá sumar esquivas mayorías para materializar su intentona constituyente.
Según Barrios, hay tres caminos para hacer la convocatoria: que la iniciativa sea de origen gubernamental –impulsada por el presidente o sus ministros–; que sea promovida por un grupo de congresistas o alguna bancada, y –como es el caso en esta oportunidad–, que sea de “iniciativa popular legislativa”.
“¿Eso qué significa? Que hay un proyecto de ley para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que decir al menos: ¿Cuántos son los integrantes de la Asamblea? ¿Cómo se van a elegir esos integrantes? ¿Cuáles son las características de esos integrantes? ¿Cuáles son los temas sobre los cuales va a girar el debate en la Asamblea? y el tiempo de duración de la misma”, explicó.
Posteriormente, con base en el proyecto de ley, se debe crear un grupo promotor que debe formalizarse ante la Registraduría Nacional y que deberá recolectar las firmas de al menos el 5% del censo electoral, “que está más o menos hoy en 2’200.000”, explicó Barrios.
“Después de recoger las firmas, estas son revisadas por la Registraduría y una vez se cumpla con este requisito pasa entonces al Congreso de la República para que se haga el trámite de votación en el mismo”, agregó la directora de la MOE.
Luego, en caso de que la iniciativa logre mayorías tanto en Senado como en Cámara, la ley pasaría inmediatamente a control de la Corte Constitucional. “No hay unos tiempos específicos, pero digamos que se demora entre cuatro y seis meses por la importancia del tema”, indicó.
En caso de que el alto tribunal dé vía libre al proceso, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente para que los ciudadanos voten si están de acuerdo o no con su convocatoria. Se trata de un trámite que se debe hacer entre dos y seis meses después porque tiene que hacerse toda la organización logística.
“Si una tercera parte de los ciudadanos vota afirmativamente –estamos hablando de 13 millones y medio de personas– y dice ‘sí, convoque una Asamblea Nacional Constituyente’, tienen que volver a pasar entre dos y seis meses, ahora sí, para invitar nuevamente a los ciudadanos para votar por la conformación de la Asamblea”, precisó Barrios.
Lo que vendría después serían las sesiones de ese organismo por el tiempo que se determine con base en el número de personas elegidas y los temas. Según Barrios, todo el proceso constituyente demanda entre casi año y medio.
Ante el revuelo por la propuesta, este jueves se pronunciaron varios partidos en contra de la iniciativa. Desde el Partido Liberal, el presidente del Senado, Lidio García, manifestó que una Constituyente “no puede ser fruto de la coyuntura ni de la urgencia electoral”. En esa línea, señaló que el proceso requiere una concertación amplia, una visión compartida y un propósito nacional que “hoy no existen”.
“Forzarla desde la agitación política pondría en riesgo la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y la seguridad jurídica”, afirmó, señalando que Colombia atraviesa un momento que exige serenidad, responsabilidad y respeto por las reglas democráticas.
“No es tiempo de improvisaciones ni de abrir debates que aumenten la incertidumbre y la desconfianza. La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente surge justo cuando el país entra en calendario electoral y en el cierre de un gobierno, etapas que demandan estabilidad, no agitación”, indicó García, quien sostuvo que el Congreso es el escenario legítimo y plural para debatir las reformas.
Por su parte, el Partido Conservador expresó “su profunda preocupación” por la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. “Una iniciativa de esta naturaleza, en el contexto actual del país, solo profundiza la incertidumbre política, la inestabilidad institucional y la inseguridad jurídica, en un momento en que Colombia necesita serenidad, confianza y dirección”.
Según la colectividad, esta iniciativa solo contribuiría a profundizar la desconfianza de los inversionistas, a frenar la actividad productiva y a generar mayor inestabilidad económica e institucional. “En vez de sembrar certidumbre, el Gobierno insiste en minar la credibilidad del país, debilitando el Estado de Derecho y poniendo en riesgo la tranquilidad de millones de colombianos”.
A su turno, el Partido de La U insistió en que la Constitución de 1991 no es obsoleta, “como pretende afirmar el Gobierno”, precisando que es un texto vivo que ha permitido avances democráticos significativos y que puede ser reformado a través de los mecanismos institucionales existentes, “sin necesidad de aventuras constituyentes que pongan en riesgo la estabilidad del país”.
“El Partido de la U no participará ni respaldará esta iniciativa. Hacemos un llamado al Congreso de la República a rechazar este proyecto y a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante intentos de desestabilización institucional”, declaró.
Ante la controversia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter), indicando que el borrador presentado por el ministro Montealegre será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas.
“El texto se presentará al congreso, como ordena la constitución y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de justicia, podrá hacer sus propuestas y estaran subordinadas a la decisión final del comité ciudadano” (sic), dijo.
Además, defendió que no está promoviendo un concepto refundacional del país: “Hay que desarrollarlo, y es lo que no se ha podido. Lo impide una casta en el estado que no está de acuerdo con la orden constitucional. Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la constitución de 1991. Se vuelva realidad” (sic).
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