El objetivo de alias Pipe Tuluá sería lograr su traslado a una cárcel de mayor tamaño.
Una nueva alerta preocupa a las autoridades penitenciarias en Colombia: Inteligencia militar confirmó que se están ofreciendo recompensas millonarias a sicarios para tentar contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con información revelada por La FM, detrás de esta escalada violenta estaría alias Pipa Tuluá, señalado como el principal cabecilla de la peligrosa banda criminal La Inmaculada.
Las investigaciones apuntan a que el delincuente ofrece entre 3 y 5 millones de pesos a quienes ejecutan los atentados contra dragones del Inpec, sin importar su ubicación en el país.
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Esta modalidad, que recuerda a los métodos utilizados por los carteles de los años 90, busca sembrar miedo entre los guardianes y ejercer presión sobre las autoridades.
“Alias Pipe Tuluá estaría pagando por la cabeza de los funcionarios del Inpec, y los ataques se estarían planificando desde diferentes regiones”, aseguró una fuente de inteligencia militar citada por La FM.
Aunque alias Pipe Tulúa permanece privado de la libertad, las autoridades advierten que aún mantiene pleno control sobre las operaciones de su estructura delictiva, lo que le permite coordinar ataques desde su sitio de reclusión.
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Su red criminal se mantiene activa y bien organizada, con presencia en varios departamentos del país. Según las investigaciones, las órdenes de atentar contra los funcionarios provendrían directamente del cabecilla.
Fuentes de inteligencia explicaron que la ola de violencia estaría motivada por una presión directa al Gobierno. El objetivo de alias Pipe Tuluá sería lograr su traslado a una cárcel de mayor tamaño, como La Picota o La Modelo, ambas ubicadas en Bogotá.
Actualmente, el delincuente se encuentra recluido en una estación de policía, lo que limita su capacidad para dirigir operaciones criminales. Sin embargo, un eventual traslado a un penal de alta complejidad le permitiría retomar el control total sobre La Inmaculada y sus redes de extorsión, tráfico y sicariato.
El caso ha generado preocupación en el Inpec y en las fuerzas de seguridad, debido a que pone en evidencia las debilidades del sistema penitenciario colombiano frente a los líderes del crimen organizado que operan desde prisión.
Las autoridades temen que este tipo de maniobras, como los atentados planeados por alias Pipe Tuluá, terminen forzando decisiones que favorezcan a estructuras delictivas con amplio poder económico y logístico.
Con información de Colprensa - Vanguardia*
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