En medio de la más reciente escalada de violencia contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Gobierno mantiene contactos con Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, uno de los hombres señalados de estar detrás de esos ataques.
En ese contexto, trascendió que funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sostuvieron un encuentro con el cabecilla, al parecer para facilitar que la organización criminal ingrese a las negociaciones que contempla la Política de Paz Total.
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El encuentro tuvo lugar el pasado 16 de julio en la Estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, y fue autorizado mediante una solicitud formal enviada por la Fiscalía. Tres delegados de la DNI y la abogada de Pipe Tuluá participaron en la reunión, cuyo propósito, según el propio director de la DNI Jorge Arturo Lemus, fue “caracterizar la organización” delictiva y explorar la posibilidad de incluirla en los marcos de la ley de paz total.
Durante la conversación, el narcotraficante habría ofrecido entregar a 300 menores de edad reclutados por la Inmaculada, la estructura criminal que lidera.
La propuesta no ha pasado inadvertida. Pipe Tuluá es acusado de narcotráfico, homicidios y extorsiones, además de ser el presunto autor intelectual de la reciente ola de atentados contra guardianes del Inpec. Que el Gobierno explore acercamientos con él, mientras persiste la violencia que se le atribuye, ha encendido las alarmas entre víctimas del sistema penitenciario.
En medio de esta controversia, el proceso judicial de Pipe Tuluá también ha tenido movimientos clave. En las últimas horas, el Tribunal de Riohacha revocó una decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Guajira, que había ordenado trasladar al capo al pabellón de extraditables del Complejo Carcelario La Picota, en Bogotá. La Dirección del Inpec aclaró que dicha tutela debía ser conocida por un juez del circuito de Bogotá, ya que el recluso se encuentra en la capital, y no en otra jurisdicción.
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Con esa decisión, el cabecilla criminal deberá seguir privado de la libertad en la estación de Policía Los Mártires de Bogotá.
Mientras tanto, la defensa del delincuente sostiene que los contactos con el Gobierno buscan “gestos de paz” y que la intención de su cliente es colaborar con la entrega de menores y el desmantelamiento de sus redes. No obstante, fuentes de inteligencia advierten que Pipe Tuluá continúa dirigiendo operaciones desde prisión, lo que pone en duda la buena fe de esos ofrecimientos.
El caso no es aislado. Días atrás, se conoció que Marín envió una carta a varios altos funcionarios del Gobierno en la que ofrece su disposición para mediar y contribuir a la disminución de la violencia en el sistema penitenciario.
La comunicación, dirigida a los ministros de Justicia y del Interior, Eduardo Montealegre y Armando Benedetti; al director de Inteligencia, Jorge Lemus; y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresa que es “plenamente consciente de la actual situación de grave preocupación nacional generada por los recientes y lamentables hechos de violencia que han cobrado la vida de miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec”.
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En el documento, Marín manifiesta que está dispuesto a “gestionar de manera inmediata mi influencia y capacidad de interlocución para que cese de forma definitiva cualquier acción violenta o hecho delictivo que pueda afectar la vida e integridad de los funcionarios del Estado”.
También afirma que ha venido “redoblando los esfuerzos para que otras organizaciones criminales se sumen a un llamado de paz” y que su intención es “facilitar y promover la articulación de otros actores armados con la intención genuina de desescalar la confrontación”.
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