Un entramado político que conecta a Antioquia con La Guajira estaría al descubierto luego de que una investigación dejara al descubierto que hay varios contratos millonarios que estarían vinculados a obras públicas en ese último departamento. Así lo expuso el periodista Yohir Akerman en una columna publicada en la Revista Cambio.
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El contrato principal es un proceso por $36.500 millones adjudicado para la reconstrucción de una carretera entre Uribia y el corregimiento de Poportín, que es un proyecto que actualmente se encuentra inconcluso y con cuestionamientos sobre su ejecución.
Según la información revelada, ese contrato habría sido asignado al senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo (Partido Conservador), quien tiene vínculos políticos y electorales en La Guajira. En ese sentido, la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, habría aportado detalles ante la Fiscalía sobre cómo se usaron los denominados cupos indicativos para asignar ese contrato.
Esa obra de infraestructura tenía como propósito beneficiar a varias comunidades wayuu, pero la vía, según los hechos expuestos por Akerman, se convirtió en una excusa para el intercambio de “votos, contratos y lealtades”.
Además del retraso en la construcción de la obra, los contratos adicionales llegaron a sumar más de $5.000 millones, sin que hasta la fecha exista claridad sobre los resultados obtenidos en el terreno.
Por otro lado, habría otros proyectos en la región —como la planta de tratamiento de agua en el corregimiento de Buenos Aires— que muestran patrones similares de ejecución deficiente y falta de acceso a servicios básicos.
Los rostros detrás de estas controversias no son ajenos al poder local ni nacional. Según la investigación, hay empresarios con nexos familiares y políticos, así como congresistas, que aparecen mencionados como parte del entramado.
Fuentes citadas en la investigación advierten que las conexiones entre los actores de Antioquia y La Guajira datan de varias campañas electorales, donde el intercambio de apoyos y recursos habría fortalecido alianzas que hoy se reflejan en el acceso a esos contratos.
Entre los personajes mencionados se encuentran el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Restrepo Carmona, a quien se le habría adjudicado el proyecto de la vía, según declaró Benavides a la Fiscalía. Restrepo fue fórmula de Trujillo en las elecciones legislativas de 2022.
También aparecen mencionados contratistas y empresarios como Álvaro Bustamante, contratista oriundo de Guamal (Magdalena) ligado a contratos en Uribia y asociado con otros empresarios para ejecutar obras públicas; así como el empresario John Jairo Eljadue López, quien habría contratado junto a Bustamante más de $150.000 millones en obras, de los cuales $70.000 fueron en Uribia.
Por otro lado, aparecen el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago; el representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, quien fue el más votado en su departamento en 2022; Iván Soto, quien es primo de Juan Loreto Gómez Soto y entonces alcalde de Barrancas. Apoyó la campaña de Gómez al Congreso.
Finalmente, el exalcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, quien es aliado político del senador Carlos Trujillo. El exmandatario también ha sido vinculado a contratos y fue pieza en reuniones relacionadas con plantas desalinizadoras en tres corregimientos de ese municipio.
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