Nicolás Petro, Zulma Guzmán, el empresario Ricardo Leyva y varios exministros del gobierno de Gustavo Petro serán algunos de los nombres propios que marcarán la agenda judicial de Colombia en 2026, un año en el que coinciden en los estrados procesos por delitos que van desde homicidios hasta corrupción y financiación irregular de campañas.
En paralelo al calendario electoral, el país entra así en una etapa decisiva para el desarrollo de investigaciones y juicios de alto impacto que mantienen bajo escrutinio el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Luz Adriana Camargo.
En las semanas previas al cierre de 2025, el ente acusador imprimió un ritmo inusualmente acelerado a varias investigaciones de alto perfil, un movimiento que coincidió con la revelación del escándalo de los archivos extraídos de los dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá”.
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Ese material, que había permanecido durante meses en poder de la Fiscalía, contenía información sobre presuntos vínculos, comunicaciones y acuerdos entre actores del Estado y estructuras criminales. La divulgación de esos archivos activó nuevas líneas de investigación y puso en primer plano el manejo que la Fiscalía dio a ese material probatorio durante el tiempo en que permaneció bajo su custodia.
Entre los casos que retoman su curso se encuentran los expedientes derivados del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que involucra presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de recursos públicos; las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro; y el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario.
También vuelven a activarse otros procesos de alto impacto, como el caso de violencia intrafamiliar que compromete al empresario Ricardo Leyva; la investigación por el asesinato de varias menores de edad en Bogotá mediante la administración de talio, uno de los expedientes criminales más graves de los últimos años; y las actuaciones derivadas del análisis judicial de los archivos de alias “Calarcá”, en los que aparecen mencionados funcionarios, intermediarios y estructuras que ahora forman parte de líneas de investigación abiertas o en etapa de evaluación.
¿Quién mató a Miguel Uribe?
Uno de los expedientes más sensibles que tiene hoy la Fiscalía General de la Nación es el que busca esclarecer el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025. A más de seis meses del ataque, la Fiscalía deberá demostrar no solo quiénes ejecutaron el crimen, sino quiénes lo ordenaron, cómo se planeó y cuál fue el verdadero móvil del asesinato.
Las autoridades manejan varias líneas de investigación, entre ellas la posible participación de estructuras armadas ilegales, incluida la Segunda Marquetalia, así como la hipótesis de una operación criminal con motivaciones políticas. El proceso judicial avanzará en 2026 con las audiencias preparatorias de juicio contra al menos tres de los nueve capturados.
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El primero es Élder José Arteaga, alias “El Costeño”, señalado por la Fiscalía como el coordinador logístico del crimen. También irá a juicio alias “Gabriela”, quien, de acuerdo con la acusación, habría entregado el arma utilizada en el asesinato del senador. El tercer acusado es Cristian Camilo González Ardila, señalado de haber integrado de manera voluntaria al plan criminal. Según la Fiscalía, su rol fue clave en el escape. Estaba encargado de recoger en una motocicleta al menor de edad que accionó el arma y facilitar su huida inmediata del lugar de los hechos.
¿Qué viene en el caso de la UNGRD?
En el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la próxima actuación está programada para este mismo martes 13 de enero, cuando el Tribunal Superior de Bogotá asigne la Sala a la que corresponderá resolver el recurso de apelación contra la decisión que ordenó enviar a prisión preventiva a los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Ambos exfuncionarios fueron imputados por la Fiscalía por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos provenientes tanto de la UNGRD como del Invías, que, según la hipótesis del ente acusador, habría sido utilizado para entregar dinero y contratos a congresistas con el objetivo de asegurar apoyos políticos para la aprobación de reformas y proyectos del Ejecutivo en el Congreso. En paralelo, la Fiscalía avanza en la estructuración del escrito de acusación, para el inicio formal del juicio penal contra ambos.
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Además de los procesos contra Bonilla y Velasco, este mismo entramado judicial avanzará en febrero con el inicio de las audiencias preparatorias de juicio contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, señalado por la Fiscalía como una de las figuras clave del esquema y quien actualmente se encuentra prófugo en Nicaragua. En ese mismo bloque procesal también se desarrollarán las audiencias preparatorias contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, vinculada por su presunta participación en los hechos investigados.
Juicio a Nicolás Petro
En febrero se retomarán las audiencias preparatorias de juicio contra Nicolás Petro Burgos por su presunta participación en la financiación irregular de la campaña Petro Presidente. Las diligencias están programadas para los días 23, 24 y 26 de febrero de 2026. El hijo del presidente fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De manera paralela, Nicolás Petro enfrenta un segundo proceso penal, aún en etapa previa a la acusación formal, por presuntos actos de corrupción cometidos durante su paso como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Zulma Guzmán y las niñas muertas con talio
Zulma Guzmán comparecerá el 9 de febrero de 2026 ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el Reino Unido, en una audiencia clave dentro del trámite de extradición solicitado por la justicia colombiana. En esa diligencia, el sistema judicial británico evaluará si se cumplen los requisitos legales, procesales y humanitarios para autorizar su entrega a Colombia.
Guzmán es requerida por su presunta responsabilidad en la muerte de dos niñas, quienes fueron envenenadas con talio en abril de 2025, un caso que conmocionó al país y que se encuentra dentro de los expedientes criminales más graves de los últimos años. La solicitud de extradición fue presentada luego de que la investigada fuera ubicada y detenida en territorio británico, tras una orden internacional de captura.
¿Ricardo Roa será imputado?
La Fiscalía deberá definir si formula cargos o archiva la investigación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra de un penthouse en Bogotá adquirido a través de una empresa vinculada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono. Uno de los ejes centrales de la investigación es determinar si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera la Presidencia de la petrolera estatal, tuvo algún tipo de conexión con actuaciones contractuales que se produjeron después, ya con Roa al frente de la compañía.
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