La Procuraduría General de la Nación escaló su nivel de vigilancia sobre la Nueva EPS. A través de un comunicado oficial que se dio a conocer este 8 de abril, el organismo de control solicitó a la Superintendente Nacional de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera, un informe exhaustivo sobre el estado real de la entidad promotora de salud, cuya intervención forzosa administrativa fue prorrogada en abril de 2025.
Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social busca establecer si la Nueva EPS ha logrado superar las causales que motivaron su intervención o si, por el contrario, los problemas persisten.
En este sentido, la funcionaria deberá remitir de inmediato el concepto rendido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud, precisando bajo qué condiciones se encuentra la administración tras el vencimiento del acto administrativo que sostenía la medida actual.
Dentro de las exigencias del Ministerio Público se destaca la necesidad de revisar los informes mensuales de la contralora designada para la administración de la EPS.
Estos documentos deben contener detalles minuciosos sobre la evolución técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa de la entidad. El objetivo es determinar si ha existido un avance real en la prestación del servicio o si los indicadores continúan en rojo.
“El Ministerio Público busca conocer los informes mensuales realizados por la contralora designada para la administración de la Entidad Promotora, con precisiones de periodos, fechas de entrega, avances, evoluciones, evaluaciones de la situación técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa, entre otra información”, se lee en el comunicado del órgano de control.
Énfasis en la transparencia del manejo de los recursos
Por otro lado, la Procuraduría puso especial énfasis en la transparencia del manejo de los recursos.
La Supersalud deberá entregar reportes sobre la gestión de cuentas médicas, la modernización tecnológica de la EPS y los procesos de contratación. Estos aspectos son considerados fundamentales para garantizar que el dinero de la salud esté siendo ejecutado de manera eficiente y que los incumplimientos históricos de la entidad estén siendo subsanados.
Finalmente, el ente de control ha sido enfático en el cumplimiento de los tiempos.
La Procuraduría reiteró que toda la información solicitada y los conceptos de cumplimiento frente a las órdenes de intervención deben ser entregados en un plazo máximo de tres días hábiles.
Con esta medida, el Ministerio Público busca asegurar que no existan vacíos administrativos que pongan en riesgo la atención de los millones de afiliados que dependen de la Nueva EPS, que ya cuenta con fuertes cuestionamientos por las demoras en la entrega de medicamentos en el territorio nacional.
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La prórroga ya se venció
El decreto que prorrogaba la intervención del Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, a Nueva EPS venció el 3 de abril de 2026. La pregunta es: ¿Ahora quién está al mando? La respuesta es: nadie sabe.
En entrevista con La FM, Fabio Aristizábal Ángel, exsuperintendente de salud, calificó el panorama como “dramático”. Y es que los problemas jurídicos y administrativos alrededor de la situación dejan en el limbo a 11 millones de afiliados.
“Es el reflejo del desconocimiento, de la improvisación y de la falta de compromiso por parte de este gobierno, no solamente con la salud de los colombianos, sino con el sistema de salud colombiano. Pero acá es evidente que estamos ante un limbo institucional”, explicó para el medio citado.
El exsuperintendente criticó la falta de acción del Gobierno para un problema que no surgió de la nada, sino que se sabía con antelación que se iba a presentar. Y es que no hay ni nuevo gerente de la EPS ni han anunciado una prórroga en la intervención (sería la segunda prórroga durante este Gobierno).
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