La captura de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle era previsible, pero dista mucho de ser un simple trámite judicial. Se trata de una decisión con profundas implicaciones políticas e institucionales que sacude al Congreso y pone en entredicho la legitimidad del respaldo que ha recibido el Gobierno para sacar adelante sus reformas clave.
Name, expresidente del Senado, y Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, fueron capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia. Según el alto tribunal, existen pruebas que indicarían que ambos habrían recibido sobornos por un total de 4.000 millones de pesos a cambio de respaldar, directa o indirectamente, las reformas a la salud y al sistema pensional impulsadas por el Ejecutivo.
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Los recursos con los que, al parecer, se pagaron dichos sobornos habrían salido de contratos irregulares firmados desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), entidad hoy sumida en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno.
El impacto de estas capturas trasciende lo penal. La reforma pensional ya fue aprobada por el Congreso y se encuentra en etapa de revisión ante la Corte Constitucional. El hecho de que su trámite esté vinculado a presuntos actos de corrupción podría minar la legitimidad del proceso legislativo e incluso abrir la puerta a su eventual anulación.
Justamente, tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, trascendió que el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, ponente en la Corte Constitucional del caso de la reforma pensional, solicitó el expediente de la investigación penal para incorporarlo al análisis de constitucionalidad.
“Parece evidente, dado los protagonistas mencionados en el escándalo de corrupción, que todos estos presuntos actos delincuenciales podrían tener relación directa con las reformas y su trámite en el Congreso”, dice el auto de Ibáñez.
En una comunicación oficial, el magistrado pidió copia de los elementos probatorios recogidos en los procesos penales por corrupción al interior de la UNGRD y sus consecuencias. Entre las pruebas solicitadas se incluyen los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, así como la medida de aseguramiento contra la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y sus declaraciones ante la Fiscalía y la Sala de Instrucción.
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La solicitud no es menor. En el auto mediante el cual se ordenó la captura de Name y Calle, la Corte Suprema señala con que el dinero se movió con un propósito político claro: asegurar la aprobación de las reformas del Gobierno. En palabras del tribunal, se trató de una operación para “comprar la gobernabilidad del Congreso”.
“La misma inferencia razonable de autoría respecto de los aludidos aforados los compromete en la comisión de dos graves conductas de cohecho y peculado por apropiación, que se configuran a partir del momento en que aceptan indebidamente dineros públicos de la UNGRD para impulsar, o no oponerse, al trámite de las reformas antes reseñadas. Lo que permitió, de alguna manera, la compra de gobernabilidad del Congreso de la República”, señala la Corte Suprema.
Aunque la revisión de la reforma pensional en la Corte Constitucional lleva meses en curso, solo ahora se solicita este material probatorio, ya que se produjo con posterioridad al cierre del período de recolección de pruebas inicial.
La incorporación de estos nuevos elementos abre un nuevo escenario: que la Corte Constitucional declare inconstitucional una reforma por estar viciada de corrupción, un hecho sin muchos precedentes en la historia reciente del país.
Actualmente, el alto tribunal estudia una demanda contra la reforma presentada por la senadora Paloma Valencia, quien alega que se violó el principio de consecutividad. Según su argumento, la Cámara de Representantes adoptó el texto aprobado por el Senado sin debate alguno, sin explicación de los ponentes sobre las diferencias entre ambos textos, y sin permitir la discusión de más de 700 proposiciones presentadas por los congresistas.
En otras palabras, los representantes no tuvieron la oportunidad, como lo exige el artículo 153 de la Constitución, de presentar sus propias ponencias, debatirlas y actuar como una cámara autónoma frente al Senado.
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