La Corte Constitucional está a punto de definir el futuro de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. El alto tribunal estudia la Ley 2381 de 2024 con base en una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien alega que durante su trámite en el Congreso se cometieron múltiples irregularidades.
En medio del proceso, la Corte rechazó en las últimas horas una recusación presentada contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente del tribunal y ponente del caso. La solicitud fue interpuesta por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, y por Elson Rafael Rodríguez Beltrán, quienes aseguraban que Ibáñez tenía un supuesto preconcepto sobre el sistema pensional que comprometía su imparcialidad.
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No obstante, la Sala Plena, con ponencia del propio Ibáñez, concluyó que la recusación carecía de sustento jurídico suficiente. “Rechazar por ausencia de carga argumentativa las solicitudes de nulidad presentadas por Fabio Arias Giraldo, en representación de la Central Unitaria de los Trabajadores, CUT, y Elson Rafael Rodríguez Beltrán”, señala la providencia oficial enviada a los solicitantes.
El documento precisa que la acusación de un posible “interés patrimonial” por parte del magistrado no fue probada, y que la recusación no cumplió con los requisitos mínimos para ser tenida en cuenta.
La decisión es definitiva: “contra esta providencia no procede recurso alguno”, puntualizó la Corte, dejando en firme la participación de Ibáñez en el estudio de constitucionalidad de la norma.
El expediente D-15.989 se centra en el análisis integral de la ley y en particular de los artículos 93 y 84, numeral 5, señalados en la demanda de inconstitucionalidad.
Aunque han llegado otras recusaciones, tanto contra Ibáñez como contra la Sala Plena en su conjunto, la Corte ha reiterado que el proceso seguirá su curso sin dilaciones ni suspensiones.
Así las cosas, Jorge Enrique Ibáñez continúa como ponente del caso, lo que mantiene la expectativa frente a una de las decisiones más relevantes del año, no solo en el plano jurídico, sino también en el político, debido al impacto estructural que tendría la reforma sobre el sistema pensional colombiano.
