Ante tres magistrados de la Corte Constitucional, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, defendió los incrementos presupuestales que la cartera a su cargo ha hecho de la unidad de pago por capitación (UPC) en los últimos años. El funcionario fue citado ante esa institución para evaluar su presunto desacato sobre el cálculo de esa prima, que son los recursos que el Estado le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención médica de sus afiliados.
Durante su intervención, rechazó las acusaciones sobre una supuesta desfinanciación del sistema y denunció que distintos actores del sector se asocian para presionar alzas mientras acumulan deudas superiores a $1 billón con gestores farmacéuticos.
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El funcionario compareció ante los magistrados para justificar la metodología empleada por el Ministerio de Salud en la asignación de recursos. Jaramillo explicó que el aumento de la UPC para 2026 se fijó en 9,03 % para el régimen contributivo y en 16,49 % para el subsidiado.
Para demostrar que el Gobierno sí está invirtiendo en el sector, el ministro explicó que el presupuesto total para la salud creció a la mitad (un 50 %), llegando a $25 billones. Además, señaló que el dinero destinado para pagar la atención médica de cada ciudadano aumentó un 28 %, lo que equivale a $21 billones.
Por otro lado, el jefe de la cartera concluyó que el Gobierno actual destinó recursos superiores a los de administraciones anteriores al fijar aumentos por encima de la inflación. “Esto nunca se había hecho, no nos pueden decir que estamos marchitando”, señaló el ministro frente a las críticas del sector.
Jaramillo sostuvo que, según sus cuenta, en el Gobierno de Iván Duque se aumentó la asignación en el régimen subsidiado en un 6,3 %, mientras que en el de Gustavo Petro se incrementó en 24,71 %. Así, indicó que las aseguradoras supuestamente cuentan con los recursos necesarios para gestionar el riesgo en salud.
En otro segmento de la audiencia, el ministro cuestionó el comportamiento de los gremios del sector, a quienes señaló de actuar en bloque para exigir mayores recursos económicos. Atacó a organizaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas).
Sobre estas, aseguró que representan los “mismos intereses” y se benefician de las “puertas giratorias” entre las instituciones privadas y los ministerios. “No podemos mirar que diferentes actores, supuestamente que parecen diferentes actores, pero son los mismos, se confabulan para venir a pedir el aumento de la UPC”, expresó el funcionario en el tribunal.
A su lista de ‘vainazos’ agregó que los integrantes de esos gremios “son del mismo grupo; incluso hay puertas giratorias: salen de los ministerios y entran en estas instituciones y vienen a dar cátedra, ¿cierto?”.
Así mismo, insistió en la tesis del Gobierno de que no es que la unidad sea insuficiente, sino que ha sido manejada de manera “ineficiente” por las EPS. Incluso, dijo que “queda claro que hemos cumplido todos los mandatos de la Corte Constitucional. Queda claro que si no acatamos las causas que propician este desequilibrio inmenso, todo el esfuerzo fiscal estará llegando, como lo dijo el doctor Iván Palacio, a un saco roto”.
El ministro Jaramillo mencionó a Sanitas y al gestor farmacéutico Cruz Verde, sobre lo que expresó que la EPS adeuda cerca de $1 billón a dicho proveedor. Incluso, acusó a los gestores farmacéuticos de crear “situaciones complejas” en las que se declaran en quiebra mientras, dijo, “construyen grandes infraestructuras clínicas en ciudades como Pereira”.
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