La crisis financiera del sistema de salud en Colombia vuelve a ocupar un lugar central en el debate institucional. Esta vez se dará en una corporación de la Rama Judicial que ha servido de defensora del sector: la Corte Constitucional. El alto tribunal convocó una audiencia especial que operará como mesa técnica para analizar la unidad de pago por capitación (UPC), es decir, los recursos que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para su atención médica.
En este escenario, citó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien deberá responder por las decisiones adoptadas por su cartera frente al cálculo de la UPC. La discusión se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre la suficiencia de estos recursos para cubrir la demanda de servicios en el sistema.
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El proceso tiene antecedentes recientes. Hace cuatro meses, la Corte inició un incidente de desacato contra el ministro al considerar que no se han cumplido las órdenes relacionadas con el ajuste de la UPC. Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación investigar posibles incumplimientos.
El caso está bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, quien elaboró un documento de 49 páginas en el que se detalla que el Ministerio de Salud no ha acatado plenamente las decisiones judiciales. En ese auto, el tribunal advierte una resistencia a cumplir las órdenes emitidas.
La Corte fundamentó el incidente señalando que persiste un incumplimiento general en el componente de suficiencia de la UPC. Aunque el expediente fue remitido a la Fiscalía, esa corporación también expresó reparos frente a la gestión del ministerio en este tema, subrayando la necesidad de ajustes urgentes.
En total, el alto tribunal impartió nueve órdenes. Entre ellas, destaca la exigencia de demostrar técnicamente que el valor de esa unidad de pago es suficiente en el régimen contributivo y en el subsidiado, sin limitarse a cálculos basados únicamente en la inflación.
De igual manera, se estableció un plazo de tres meses para que el Minsalud presentara un plan inmediato de acción, que debía incluir un diagnóstico claro del sistema, las estrategias propuestas por el Gobierno, los mecanismos de implementación y los criterios para evaluar y ajustar las medidas.
Con el propósito de enriquecer el análisis, el tribunal decidió incorporar al Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). También se convocó a actores del sector salud y representantes de pacientes, buscando una visión más amplia sobre el uso de los recursos.
La audiencia, programada para este lunes, contará con la participación de instituciones clave como la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), así como organismos de control entre los que se incluyen la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud.
Esa mesa técnica también integrará a entidades estadísticas, gremios del sector, prestadores de servicios, industria farmacéutica, organizaciones de pacientes y la academia. El objetivo central será determinar si los recursos asignados por afiliado son realmente suficientes para cubrir los costos del sistema, que actualmente se encuentra en jaque con una creciente ola de quejas y tutelas por problemas de acceso a servicios, asignación de citas y entrega de medicamentos.
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