Inexplicablemente, Jhon Jairo Bustos Espinosa es un exitoso contratista del Estado. Se trata de un abogado que ha hecho una carrera paralela entre la academia y el litigio con su firma de abogados. Fue contratista de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la que el actual ministro de Educación, Daniel Rojas, era el director. Y a partir de enero de 2025 lo contrataron en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), dependiente del Ministerio y que es manejada por Sebastián Caballero, el principal escudero de Rojas.
Es inexplicable porque Bustos Espinosa, además de ser un abogado con una maestría en Derecho del Estado, es un agresor sexual. A los correos de los funcionarios del FFIE llegó una notificación con su foto dándole la bienvenida a inicios de este año. “Bienvenido Jhon Jairo Bustos Espinosa. Desde el 13 de enero nos acompaña como asesor en la Dirección Financiera y Administrativa”, decía el correo al que tuvo acceso EL COLOMBIANO.
El nombre de Bustos se hizo conocido en marzo porque en redes apareció un video en el que el reputado abogado contratista del Ministerio de Educación colocaba su celular en un cambiador de ropa y lo manejaba desde su reloj para grabar desde abajo y ocultamente a una mujer que se estaba probando un vestido.
En abril, su expareja decidió dar una entrevista en el canal digital La píldora con la periodista Carol Ann Figueroa, en la que reveló cómo había encontrado en el celular de su novio varias imágenes y videos sexuales explícitos de su hermana menor, de 19 años, además de orgías y otros actos sexuales de amigos del abogado durante viajes. Allí se encontraban otras imágenes de mujeres grabadas en cambiadores de ropa de centros comerciales.
“Yo descubrí la peor pesadilla de cualquier pareja. Estaba utilizando el computador de él y lo primero que yo encuentro son fotos y videos sexuales muy explícitos de mi hermanita menor que tiene 19 años. Mi hermana es la luz de mi vida, le escribí a mi familia, me fui para la casa de mi mamá y mi hermana a preguntarles cómo eso era posible. Él era perfecto, creíamos que era perfecto. No tenía ningún sentido que ese material estuviera en su poder. Yo regreso a mi casa y él había dejado su iPad. El iPad se conecta al iCloud y en el iCloud yo confirmé que lo que había encontrado eran fotos y videos íntimos de mi hermanita menor. Tuve que decírselo a mi familia porque no encontrábamos ninguna explicación sobre por qué él tenía eso en su poder. Era material extraído del teléfono de mi hermana. Encontré muchas más cosas: fotos y videos tomados de amigos míos sin su consentimiento teniendo relaciones sexuales, o bañándose; videos de clientas grabados por debajo de la mesa sin autorización en el lugar del que él era dueño. Descubrí que en ese material había menores de edad”, dijo la expareja del abogado contratista.
El contrato previo de Bustos en la SAE como asesor financiero y jurídico era de 180 millones de pesos. Ante el escándalo, una fuente dentro de la entidad confirmó que las directivas del FFIE tomó la decisión de “arreglarlo para sacarlo” y así evitar la lupa de los medios. Eso no pasó inmediatamente sino varias semanas después. Pero lo que está pasando en ese Fondo, que tiene un presupuesto de 5,1 billones de pesos para cumplir las metas de ampliaciones, mejoramiento y construcción de infraestructura escolar básica y media va más allá.
Este diario habló con varias fuentes de la entidad que revelaron detalles de una desatención sistemática y una rotación de perfiles de contratistas que están alineados a los intereses de su director, Caballero, y de otros políticos cercanos al Gobierno. A Juan Pablo Morris, hermano del gerente general de RTVC, Hollman Morris, lo contrataron en la entidad por un valor de 176 millones de pesos y 16 millones de pesos al mes, casi lo que se gana un ministro, para asesorar a la oficina de comunicaciones. “No es asesor, es una persona más del equipo”, dijo otra fuente.
Morris es otro exitoso contratista del Gobierno Petro. Ha tenido contratos de asesoría en el Ministerio de Salud, la Unidad de Restitución de Tierras, en donde firmó por 131 millones, y otras entidades del Ejecutivo.
Pero los problemas en el Fondo de Financiamiento no solo están relacionados con los contratistas. “Caballero lleva dos meses sin ir a la oficina”, agregó una fuente más de EL COLOMBIANO.
El gerente del FFIE estaba trabajando en la SAE cuando el ministro Rojas era el director. Luego de su salida de esa entidad, y tras la llegada de Amelia Pérez, entre ambos altos funcionarios del Gobierno ha habido un cruce de acusaciones sobre irregularidades que incluso han llegado a la Fiscalía General. En la SAE, Caballero recibió varias veces a César Augusto Valencia, el presunto enviado del contrabandista alias Papá Pitufo que se encuentra en Portugal tratando de evitar la extradición a Colombia. Valencia visitaba varias dependencias del Ejecutivo como la DIAN y la SAE, una institución que se encarga de administrar los bienes de los narcotraficantes. El emisario de Pitufo visitó 18 veces a la SAE, exactamente a la oficina de Caballero. Este respondió a EL TIEMPO que había conocido a Valencia como asesor del contralor general, pero no explicó en detalle por qué el enviado de uno de los delincuentes más poderosos del país lo visitaba con tanta insistencia.
En los últimos meses en el FFIE ha habido una salida sistemática de funcionarios que tenían experiencia técnica, y en su lugar han sido contratadas personas sin los conocimientos necesarios para manejar los planes de la infraestructura educativa de todo el país.
Javier Talero Beltrán era el arquitecto especialista en gerencia de proyectos y construcción de obra que se desempañaba como director técnico del Fondo. Es una de las personas que tiene más conocimientos y trayectoria en construcción, mejoramiento y ampliación de colegios en Colombia. Lo sacaron y en su lugar nombraron a Gustavo Adolfo Zapata, quien había trabajado en el IDU y tenía más experiencia en carreteras. Sobre este funcionario hay quejas de las fuentes que señalaron a este diario cómo “tiene expresiones morbosas constantes frente algunas mujeres del equipo”.
También sacaron a Jaime Durán Fontanilla, quien era el director jurídico de la entidad y había estado al frente de pleitos de relevancia en la entidad por incumplimientos de contratistas como en el caso de los constructores Mota Engil. Como apoyo al equipo jurídico llegó María del Pilar Murillo, quien fue la abogada del guerrillero Jesús Santrich y ahora se encarga de las respuestas del FFIE a los entes de control.
Sacaron a Sandra Patricia Rocha, la coordinadora de gestión financiera y a Luisa Fernanda Machado, coordinadora de gestión contractual. En lugar de esta última, el FFIE contrató a Germán Javier Curi Vargas, miembro del clan político de los Curi en Cartagena que ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción. Hoy en el perfil de Linked In de Curi aparece que es asesor del Ministerio del Interior.
De esta manera en el FFIE han sacado a los coordinadores de los proyectos regionales, que eran las personas que tenían el conocimiento y los contactos de los 70 proyectos que se están manejando en la actualidad. Otro de los cuestionamientos de las fuentes es que han llegado varios jóvenes que han hecho activismo y favores políticos al Gobierno. La asistente del gerente Caballero es Valentina Cuadros, una profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales que no tiene posgrado y en 2023 era pasante de la ANDI. Tuvo un cargo anterior junto a Caballero en la SAE y ahora es asistente ejecutiva en el FFIE. “La verdad es que ella es la que toma las decisiones. Caballero no va mucho a la oficina y en esa ausencia ella es la que maneja las cosas”, dijo la fuente. Cuadros tiene solo tres años de experiencia profesional, lo que no parece suficiente para un cargo de esa responsabilidad.
5,1
billones de pesos de pesos es el presupuesto del Fondo.
Un hecho puntual es que a Caballero se le ha visto interesado en hacer campaña política para ser alcalde de Cali. En los movimientos estratégicos del Pacto Histórico es claro que Daniel Rojas integraría las listas de ese partido al Senado y ambos buscarían un aval para que Caballero sea candidato en Cali en las próximas elecciones. “Va mucho a Cali. Casi no entrega colegios en otras regiones, para esas entregas designaron a una persona llamada Luis Alejandro Ávila, que ha estado incluso con Fico y algunos alcaldes. Caballero va a las obras de Valle y Cali porque le interesan”, agregó la fuente.
En ese contexto, no hay certeza sobre el cumplimiento de metas del FFIE pero el presidente Gustavo Petro ha llamado la atención varias veces al ministro en eventos públicos en regiones. Rojas siempre aparece con unas hojas impresas en las que están los datos que comparte con el público pero no se sabe con exactitud cuántos recursos se han invertido este año, cuántas obras se han entregado y cómo están los indicadores de cumplimiento. EL COLOMBIANO envió varias preguntas sobre esos indicadores a Caballero y también acerca de estos movimientos dentro de la entidad, además del contrato problemático para Bustos Espinosa, el presunto agresor sexual. Tal como con César Valencia, el enviado de Pitufo, Caballero no ha explicado cuál era su relación con Bustos Espinosa, quien sigue llevando una firma de abogados como si nada hubiera pasado. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
70
proyectos de infraestructura educativa se manejan en el FFIE del MinEducación.
