La estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump para deportar migrantes a países distintos al suyo enfrenta serias dificultades, pese a los esfuerzos por ampliar acuerdos internacionales y acelerar las expulsiones.
Según reportó CNN, uno de los principales interrogantes dentro de la administración es por qué, a pesar de los convenios firmados con múltiples países, el número de deportaciones hacia terceros destinos sigue siendo limitado.
En una reunión reciente entre agencias federales, el asesor migratorio Stephen Miller cuestionó directamente por qué otros países no están aceptando más deportados. La inquietud refleja la frustración interna ante un programa que no avanza al ritmo esperado.
Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional reportó más de 675.000 deportaciones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la cifra está por debajo de la meta oficial de un millón anual, aunque el Gobierno sostiene que cientos de miles de personas han salido voluntariamente del país.
Para superar las dificultades de repatriación —especialmente cuando los países de origen se niegan a recibir a sus ciudadanos—, la administración promovió acuerdos con terceros países que acepten migrantes sin importar su nacionalidad.
No obstante, estos acuerdos han tenido un impacto limitado. Datos del Migration Policy Institute citados por CNN indican que en 2025 unas 15.000 personas fueron deportadas a terceros países, de las cuales cerca de 13.000 fueron enviadas a México.
De hecho, México ha sido el principal destino bajo este esquema, gracias a un acuerdo que se remonta al gobierno anterior. Otros países apenas han recibido a unos pocos cientos de migrantes o, en algunos casos, no hay evidencia pública de que hayan aceptado alguno.
Obstáculos estructurales
El problema no es nuevo. Históricamente, Estados Unidos ha tenido dificultades para deportar a ciertos migrantes cuando existen tensiones diplomáticas o cuando los países de origen rechazan recibir a personas con antecedentes penales.
La política de enviar migrantes a terceros países busca sortear esas limitaciones y, además, actuar como elemento disuasorio para quienes intenten ingresar irregularmente a territorio estadounidense.
Sin embargo, la implementación ha sido compleja. Los acuerdos con otros países suelen implicar incentivos económicos o políticos, y varían en sus condiciones, lo que dificulta su ejecución uniforme.
Además, organizaciones como Refugees International han señalado que, fuera de México, países como El Salvador, Panamá o Costa Rica han aceptado cantidades reducidas de deportados, mientras que otros han recibido solo cifras marginales.
Barreras legales y críticas
A las dificultades logísticas se suman los retos legales. Varias de estas deportaciones han sido impugnadas en tribunales, lo que ha ralentizado aún más el programa.
Uno de los casos más polémicos ocurrió en 2025, cuando migrantes fueron retenidos en una base militar en Yibuti mientras se resolvía su destino final, lo que derivó en una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema.
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Otro episodio controvertido fue la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley del siglo XVIII, lo que generó críticas por el uso de herramientas legales excepcionales para justificar expulsiones.
Incluso algunos casos individuales han puesto en evidencia las tensiones del sistema, como el de un migrante salvadoreño que, pese a fallos judiciales en su favor, ha enfrentado intentos reiterados de deportación hacia África.
Alto costo, bajo impacto
Las críticas también se centran en el costo del programa. Un informe de demócratas del Senado estadounidense concluyó que la administración ha gastado decenas de millones de dólares en estas operaciones, en algunos casos con costos superiores al millón de dólares por persona deportada.
El mismo informe calificó la estrategia como de “poco impacto medible” en relación con los objetivos de deportación masiva.
Pese a ello, la Casa Blanca insiste en que continuará utilizando todas las herramientas disponibles para ejecutar lo que considera la mayor operación de deportación en la historia del país.
Mientras tanto, el gobierno sigue buscando nuevos acuerdos con otros países, en un intento por destrabar un plan que, aunque ambicioso, enfrenta límites prácticos y políticos que dificultan su implementación a gran escala.
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