La directiva fue elaborada por el liderazgo político del Departamento de Estado, sin pasar por los canales de revisión habituales. Desde la Casa Blanca defienden la medida, asegurando que la tomaron para evitar cargas económicas.
La administración del presidente Donald Trump amplió los criterios de evaluación médica para quienes solicitan visas de inmigrante y no inmigrante, incorporando condiciones físicas y de salud que podrían, según el gobierno, implicar una carga financiera para EE. UU.
La instrucción fue enviada por el Departamento de Estado a todas sus sedes consulares y comenzará a aplicarse de inmediato.
El documento, fechado el 6 de noviembre y firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, ordena a los funcionarios considerar padecimientos como obesidad, enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, trastornos metabólicos y de salud mental al analizar solicitudes.
Hasta ahora, las evaluaciones médicas se concentraban principalmente en enfermedades contagiosas.
La guía, dirigida especialmente a categorías laborales como las visas H-1B y otros procesos que pueden derivar en la residencia permanente, subraya que ciertas afecciones pueden generar costos médicos significativos.
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El texto menciona expresamente que la obesidad debe ser vista como un factor relevante, al estar asociada a problemas como apnea del sueño, hipertensión y depresión.
La instrucción fue elaborada por el liderazgo político del Departamento de Estado sin el proceso de revisión interna habitual, según fuentes citadas por The Washington Post.
Expertos en inmigración advierten que el cambio otorga un margen amplio a los oficiales consulares para negar solicitudes basadas en enfermedades comunes.
“Esta guía permite rechazar visas apoyándose en problemas de salud que, por sí solos, no deberían ser motivo de exclusión”, señaló el abogado Vic Goel, con sede en Virginia.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly defendió la medida asegurando que se trata de la aplicación plena de políticas vigentes desde hace décadas para evitar que futuros inmigrantes dependan de recursos públicos.
“Durante cien años la política del Departamento de Estado ha permitido negar visas a solicitantes que podrían representar una carga financiera para los contribuyentes. La administración Trump finalmente está aplicando plenamente esta norma y poniendo a los estadounidenses primero”, dijo.
Por último, agregó que la norma se enmarca en la interpretación de la regla de “public charge”, que autoriza negar beneficios migratorios a quienes puedan requerir asistencia estatal.
Además de las condiciones médicas, el cable pide evaluar factores como la edad del solicitante, la cantidad de dependientes y la existencia de discapacidades dentro del núcleo familiar. El objetivo declarado es identificar posibles necesidades de atención financiada con fondos públicos.
La orientación se aplicará tanto a visas temporales —incluidas laborales y de intercambio— como a solicitudes de residencia permanente, excepto en los casos humanitarios, aunque esos programas ya han sido reducidos durante el actual gobierno.
Analistas señalan que este movimiento se suma a otras medidas restrictivas impulsadas por la administración Trump, como las limitaciones de viaje, los recortes a programas de refugio y mayores exigencias para el asilo.
En un contexto global donde la obesidad afecta a cerca del 16 % de los adultos y la diabetes al 14 %, según la Organización Mundial de la Salud, expertos advierten que los nuevos criterios podrían impactar a millones de potenciales solicitantes, incluidos profesionales calificados.
En EE. UU., más del 40 % de la población adulta —más de 100 millones de personas— vive con obesidad, de acuerdo con los CDC.
*Con información de AFP.
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