En una decisión que marca un giro drástico en su política armamentista, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó un decreto para iniciar el proceso de retirada de su país de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que prohíbe el uso, desarrollo, almacenamiento y transferencia de minas antipersona.
El anuncio fue publicado oficialmente en el sitio web de la Presidencia ucraniana y establece que la retirada se realiza en cumplimiento de una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, con fecha del 29 de junio de 2025. Para que la salida del tratado entre en vigor, deberá aún ser ratificada por la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, y notificada formalmente a las Naciones Unidas.
Las minas antipersona son consideradas uno de los armamentos más inhumanos por su capacidad de mutilar y matar indiscriminadamente, incluso años después del fin de una guerra.
¿Qué es la Convención de Ottawa?
La Convención sobre la prohibición de minas antipersonal, más conocida como Convención de Ottawa, fue adoptada en 1997 y entró en vigor en 1999. Prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de minas terrestres antipersonales, y exige la destrucción de las reservas existentes y el desminado de los territorios contaminados.
Hasta la fecha, más de 160 países han ratificado el tratado, incluidos la mayoría de los países europeos, latinoamericanos y africanos. Sin embargo, Rusia, Estados Unidos, China, India y Pakistán no son parte del acuerdo. Ucrania había ratificado la convención en 2005, comprometiéndose con el desarme progresivo de este tipo de armamento.
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Una “decisión difícil, pero necesaria”
El gobierno ucraniano justificó esta medida en el contexto de la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022, afirmando que el uso extensivo de minas por parte de Rusia en su territorio ha obligado a revisar la política de defensa.
“Ucrania se ve obligada a dar prioridad incondicional a la seguridad de sus ciudadanos y a la defensa del Estado”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado emitido poco después del decreto presidencial.
La Cancillería calificó la decisión de “difícil pero necesaria” y argumentó que tiene como objetivo “proteger nuestra tierra de la ocupación y a nuestro pueblo de las horribles atrocidades rusas”.
Según informes de organizaciones humanitarias, Rusia ha utilizado minas terrestres —tanto antipersonales como antivehículo— en varias regiones ucranianas, incluyendo áreas civiles, lo que ha dejado miles de víctimas desde el inicio del conflicto.
El legislador ucraniano Roman Kostenko, miembro del comité parlamentario de Defensa y Seguridad Nacional, también defendió la medida en redes sociales, señalando que la guerra había hecho esta decisión inevitable.
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“Rusia usa minas contra nuestros militares y civiles a gran escala. No podemos seguir sujetos a condiciones cuando el enemigo no tiene restricciones”, escribió Kostenko en su cuenta oficial.
Países cercanos a Rusia y aliados de Ucrania han tomado decisiones similares en años recientes. Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, aunque firmantes del tratado, han reforzado sus capacidades de defensa en sus fronteras orientales, incluyendo discusiones sobre excepciones al uso de minas o medidas de contingencia.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, estuvo el lunes (hora de Rusia) en una visita no anunciada a Kiev. Desde la capital ucraniana, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, no busca negociaciones, sino la “capitulación” total de Ucrania.
“Putin no cede en ninguna de sus exigencias maximalistas. No quiere negociar; quiere la rendición”, declaró Wadephul.
En ese marco, Alemania reafirmó su compromiso con Ucrania, prometiendo más asistencia militar —incluyendo sistemas de defensa aérea modernos— así como apoyo económico y humanitario.
Consecuencias humanitarias
En muchas regiones del mundo —desde Camboya hasta Colombia— el legado de estos artefactos ha sido devastador para civiles, especialmente niños y campesinos.
Organizaciones como Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja han denunciado reiteradamente el uso de minas en Ucrania por parte de Rusia, calificándolo como un crimen de guerra. Sin embargo, estas mismas organizaciones han advertido que el uso por parte de Ucrania podría agravar la situación humanitaria en el largo plazo.
La retirada formal de la Convención de Ottawa aún requiere los pasos legislativos y diplomáticos necesarios para completarse. Pero el mensaje es claro: Ucrania se prepara para una guerra prolongada y está dispuesta a replantear compromisos internacionales si lo considera esencial para su supervivencia.
¿Cómo es el proceso para que un Estado se pueda retirar de la Convención de Ottawa?
La Convención de Ottawa, como muchos tratados internacionales de derecho humanitario, prevé un mecanismo de salida formal a través de su Artículo 20, que regula la “soberanía nacional” de los Estados parte. Para que un país abandone legalmente el tratado, debe seguir un proceso estructurado que incluye varios pasos:
1. Notificación formal: El país debe notificar su decisión de retirarse al Secretario General de las Naciones Unidas, quien actúa como depositario del tratado.
2. Período de espera: La retirada no se hace efectiva de inmediato. Deben transcurrir seis meses desde la notificación oficial para que la salida entre en vigor.
3. Otras notificaciones: Aunque no es obligatorio, se recomienda informar también al Consejo de Seguridad de la ONU, en especial si la retirada está relacionada con un conflicto armado.
4. Justificación: El artículo 20(2) de la Convención establece que el Estado que se retira debe proporcionar “una explicación completa de las razones que motivan la retirada”. A diferencia de otros tratados como la Convención sobre Armas Químicas, no es necesario que esas razones sean “objetivamente razonables”.
No obstante, un punto clave que introduce complejidad jurídica es que la retirada no puede surtir efecto mientras el Estado denunciante esté involucrado en un conflicto armado. En este sentido, Ucrania —que mantiene un conflicto activo con Rusia desde 2022— permanecerá jurídicamente vinculada a la Convención hasta que finalice formalmente la guerra.
Este detalle, como explicó el experto Stuart Casey-Maslen en su análisis de la Convención, busca evitar que los Estados parte usen una retirada táctica del tratado como un recurso de guerra sin limitaciones humanitarias. En consecuencia, la notificación de Ucrania no tendrá efecto legal hasta el término del conflicto.
*Con información de AFP y Europa Press
