Que las actividades de búsqueda de desaparecidos en la Escombrera de la comuna 13 estén paralizadas casi por completo ya es grave, pero lo es aún más que haya un riesgo geológico dentro de ese predio que, de concretarse, podría echar al traste lo que se han hecho en ese lugar.
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En una carta del pasado 25 de abril, el secretario general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Erik Alejandro Herrera, le advierte al magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la necesidad de hacer adecuaciones inmediatas en el talud y el botadero de materiales de La Escombrera para evitar posibles afectaciones al personal y a los bienes presentes allí, así como que se pierdan los avances logrados en las excavaciones.
“Reiteramos la gran alarma y preocupación que le asiste a la UBPD por el no desarrollo de todas las acciones y adecuaciones requeridas para garantizar la estabilidad del talud en La Escombrera, puesto que la probabilidad de concreción de los riesgos relacionados en los oficios UBPD-1-2025-005332 del 10 de abril y UBPD-1-2025-005574 del 22 de abril no solamente se han incrementado, sino que además han surgido nuevas situaciones que amenazan la seguridad e integridad de la obra”, añade.
La Escombrera se ha convertido en un lugar emblemático a nivel nacional en la dispendiosa labor de hallar a víctimas del conflicto armado, de las cuales no se volvió a tener noticia. Muchas organizaciones de derechos humanos pidieron a gritos durante años que se interviniera porque fue donde los paramilitares llevaron a mucha gente para asesinarla y enterrarla con el fin de que se perdiera su rastro. Algunos aseguran que en ese botadero de materiales de construcción podría haber más de 500 personas.
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En 2020, la JEP cobijó el lugar con medidas cautelares con el fin de no se pudiera arrojar más material y luego la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas inició una intervención. Tras varios años sin señales positivas, las primeras buenas nuevas se dieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025, con el hallazgo de cuatro estructuras óseas.
Hasta ahí todo más o menos bien, pero a principios de este año comenzaron los problemas. En marzo pasado la UBPD les notificó a la Alcaldía y a la JEP que no pagaría más la maquinaria amarilla que laboraba en la Escombrera porque se le habían acabado los recursos.
Entonces, una fuente adscrita a la Unidad le explicó a EL COLOMBIANO que originalmente ese era un compromiso de la administración municipal, pero que ante las dificultades del empalme entre el alcalde saliente y el entrante, ellos habían accedido a llenar el vacío, advirtiendo que solo sería hasta la quinta fase de intervención que culminaba en enero de 2025. Como los hallazgos hicieron que se tornara más lenta la labor, alcanzaron un par de meses más.
El tiempo límite coincidió con dos episodios. En la primera semana de abril, no le permitieron más al equipo forense de la UBPD ingresar a la Escombrera, según informó la entidad en un comunicado en el que no hizo alusión a que el impedimento fuera por parte de la JEP.
“... han pretendido impedir a la UBPD el acceso al polígono donde se realizan las acciones arqueológico-forenses, bajo el supuesto de tratarse de una diligencia judicial, desconociendo así el alcance del mandato humanitario y extrajudicial de la UBPD”, dice el críptico texto que, sin embargo, deja entrever quiénes son los que ponen la cortapisa, pues la única autoridad en el sitio con competencias judiciales es la JEP.
Se suponía que el encontrón, así como las soluciones para la financiación de la maquinaria, debían ventilarse en una reunión técnica de las tres partes comprometidas –Alcaldía, JEP y UPBD- que estaba programada para el 8 de abril. De ese encuentro no se conocen las conclusiones, lo cierto es que, un mes después, no hay retroexcavadoras en la Escombrera.
El segundo episodio del posible rifirrafe entre estos dos componentes del Sistema Integral para la Paz, que en teoría debían remar para el mismo lado, fue la queja que entablaron integrantes del equipo forense de la UBPD contra un miembro del Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, a quien señalaron de tener actitudes misóginas, de maltrato y desinformación.
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La queja la interpusieron ante los superiores del funcionario y ante la Procuraduría y fue conocida a través de un medio de comunicación nacional el 9 de abril, Día de las Víctimas y a unas pocas horas de haberse hecho la mesa técnica.
Al ser consultada de nuevo por este diario con respecto a la aparente suspensión de labores por su personal en La Escombrera, este lunes la UBPD respondió igual de lacónica pero contundente que la primera vez: “Tenemos nuestro equipo forense en la Escombrera esperando la autorización de la Jurisdicción para retomar la intervención”. Y con relación al lío con la maquinaria amarilla, apuntaron que está “pendiente de que se resuelvan los asuntos administrativos entre la JEP y la Alcaldía para que reinicie su operación”.
La directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, María Victoria Fallon, manifestó su preocupación por la reducción actual de actividades en la Escombrera y no descarta que lo que ocurre se deba a celos profesionales.
También criticó que se argumente que lo que se hace allí es un proceso judicial y no humanitario, para bloquear a la UBPD, que fue la que inició las labores de campo en La Escombrera. Según Fallon, desde 2003 le entregaron a la Fiscalía información y un croquis con base en información de exparas que indicaban que los restos de víctimas como Arles Edison Guzmán habían sido arrojados allí, y, sin embargo, no hubo ninguna acción.
“Después la JEP tampoco ordenó nada especial con relación a esas pruebas y por eso siempre hemos sostenido que la búsqueda era una búsqueda humanitaria, porque no había de por medio una orden judicial”, apuntó, si bien valoró que las medidas cautelares fueron importantes para el inicio del trabajo de la UBPD.
“En nuestro concepto, la JEP desfigura las medidas cautelares y extiende sus competencias hacia las que son de la UBPD”, puntualizó.
Este medio trató de conocer la versión de la JEP, pero dijeron que no se iban a pronunciar por ahora, aunque anunciaron que en próximos días informarían sobre el curso que tomarán las acciones en La Escombrera.
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La Secretaría de Paz y Derechos Humanos, que es la dependencia de la Alcaldía de Medellín encargada del tema, también rehusó hablar al respecto.
