La Procuraduría General de la Nación anunció que hará uso del poder preferente que tiene para asumir la investigación disciplinaria por los hechos ocurridos el pasado 8 de abril en la cárcel de Itagüí, relacionados con la realización de una fiesta en el pabellón de alta seguridad con todo y artistas contratados.
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Esta determinación, según explicó la agencia del Ministerio Público, la adoptó a partir de la visita que realizó a ese penal la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia al día siguiente de los acontecimientos en los que habrían ingresado personas no autorizadas para asistir a una celebración el día anterior.
“En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, el ente de control ordenó la remisión inmediata del expediente para su trámite, garantizando el debido proceso y evitando duplicidades disciplinarias, en este caso que inicialmente involucra a 11 servidores públicos del Inpec”, apuntó la Procuraduría General, que argumentó la connotación nacional del escándalo que se desató.
Los hechos en cuestión tienen que ver con la parranda vallenata que se realizó en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Paz, de Itagüí, donde están recluidos los jefes de 23 organizaciones delincuenciales de alto impacto, y que a su vez están conformadas por cerca de 400 bandas.
Estos fueron nombrados por el gobierno de Gustavo Petro como “gestores de paz” para la implementación de su estrategia de “paz urbana” que tiene como objetivo la disminución de la violencia en las ciudades y un posible desmonte de la infraestructura que sustenta acciones de narcotráfico, sicariato y extorsión, entre otros delitos.
Ese 8 de abril, en La Paz hubo una fiesta vallenata, con la asistencia del reconocido artista Nelson Velásquez. Además, habrían tenido trago por montones y hasta servicio de catering.
El festejo habría costado alrededor de 500 millones de pesos que habrían sido financiados por los mismos cabecillas para celebrar la posible obtención de la libertad por parte de uno de ellos.
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Luego se reveló también que al penal ingresaron más de cien invitados, algunos de ellos en autos de alta gama, y que habrían sido personas particulares, no la guardia, quienes controlaban el paso.
Extrañamente, al parecer las cámaras de seguridad del centro carcelario no estaban funcionando y en las minutas no habrían quedado registrados estos movimientos.
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