Tras intensas jornadas de diálogo, se firmó el acta oficial que pone fin a las manifestaciones, protestas y bloqueos que afectaban la movilidad en las principales arterias viales del departamento de Santander.
El motivo del descontento, que mantuvo en vilo a varios municipios, radicaba en el incremento desproporcionado de los avalúos catastrales y su impacto directo en el impuesto predial, una situación que llevó a comunidades y alcaldes a exigir una revisión técnica inmediata por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
La hoja de ruta para la revisión de los avalúos en Santander
El acuerdo principal, respaldado por el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el director regional del IGAC, Jean Carlo Colmenares, se sustenta en la Resolución 0384 de 2026. Esta normativa otorga facultades especiales a las direcciones territoriales para reformar y ajustar los porcentajes de incremento de la actualización catastral, permitiendo que se reconozcan las particularidades de cada territorio.
Colmenares enfatizó que la institución tiene un ánimo conciliador para descartar insumos que no reflejen la realidad de los predios, asegurando que se emitirá un acto administrativo de carácter general que evite que cada ciudadano tenga que presentar reclamaciones individuales de manera masiva.
Uno de los puntos más críticos de la negociación fue la exposición de casos específicos, como el de la alcaldesa de Galán, Sofía Medina Serrano, quien alertó sobre incrementos que alcanzaron un preocupante 8.267%.
Ante este panorama, el IGAC se comprometió a priorizar la revisión en una lista extensa de municipios que ya presentan avances en el proceso, entre los que destacan Lebrija, San Gil, Barichara, Curití y Simacota.
Por su parte, poblaciones como Cimitarra, Sabana de Torres y Puerto Wilches contarán con todo el año para completar sus respectivos procesos de actualización bajo los nuevos criterios concertados.
Los compromisos para levantar el paro en Santander
El pacto no solo involucra ajustes técnicos, sino también alivios financieros directos para los contribuyentes. Los alcaldes presentes en la mesa de diálogo se comprometieron a presentar proyectos de acuerdo ante sus respectivos concejos municipales para extender los plazos de pago del impuesto predial y generar descuentos por pronto pago.
Asimismo, la Gobernación de Santander asumió la responsabilidad de brindar asistencia técnica y logística para que las mesas de trabajo funcionen de manera ininterrumpida, aportando herramientas en terreno y profesionales que garanticen que la solución llegue a cada municipio afectado.
El seguimiento de estos compromisos será riguroso, quedando pactada una próxima reunión de control para el miércoles 6 de mayo de 2026, en la Gobernación, donde se verificará que las soluciones catastrales hayan surtido efecto.
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