Un nuevo paro sacude al campo colombiano. A través de un comunicado divulgado este domingo, Dignidad Agropecuaria Colombiana, la Dignidad Arrocera Nacional y los productores de arroz anunciaron que a partir del lunes 14 de julio iniciarán un paro nacional indefinido, ante lo que califican como una “crisis sin precedentes” en el sector arrocero.
La gota que rebosó la copa fueron los fuertes bajonazos en el precio del arroz que, según denuncian, vienen afectando a los productores desde diciembre de 2024 y se agudizaron aún más en junio de 2025.
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A esto se suman los costos crecientes de producción, incumplimientos del Gobierno y el dominio del mercado por parte de un puñado de grandes industrias molineras.
“Tras de corneados, apaleados”, resume el duro mensaje de los arroceros, quienes aseguran sentirse abandonados por el Estado, pese a los acuerdos alcanzados tras el paro arrocero nacional de marzo pasado.
Denuncian monopolio molinero y contrabando sin control
Según el comunicado, el problema no es solo el precio del cereal: detrás hay una estructura económica que favorece a unos pocos.
Los productores acusan a un duopolio molinero, que controla la industria, de imponer condiciones económicas que arrinconan a los agricultores pequeños y medianos, mientras los precios al consumidor siguen por las nubes.
También advierten que el contrabando de arroz, sin freno en las fronteras, está afectando gravemente la producción nacional, sumado a los tratados de libre comercio (TLC) que obligan a comprar arroz extranjero, a pesar de que el país tiene capacidad suficiente de producción local.
“Estos acuerdos debían revisarse y renegociarse”, pero hasta el momento —denuncian— eso no ha ocurrido.
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¿Qué piden los arroceros?
Los arroceros aseguran que no buscan confrontación, pero tampoco pueden seguir soportando pérdidas millonarias que ponen en riesgo la producción del principal alimento de los colombianos.
En su comunicado exigen precios justos que permitan cubrir los costos de producción, control efectivo al contrabando de arroz, revisión y renegociación de los tratados de libre comercio (TLC), y compromiso del Gobierno Nacional para proteger la producción arrocera nacional.
El paro nacional comenzará este lunes 14 de julio en las principales zonas productoras, pero en los departamentos del Huila y Tolima se concentrarán desde este lunes 7 de julio, donde el arroz es el motor de la economía local y el sustento de miles de familias campesinas.
Según Dignidad Agropecuaria, la movilización será pacífica y civilizada, y busca llamar la atención no solo del Gobierno, sino también de toda la sociedad colombiana sobre la importancia del arroz como cultivo clave para la seguridad alimentaria y la soberanía económica del país.
Los productores reiteran que la movilización es su último recurso, luego de agotar instancias de diálogo con el Gobierno. “No nos queda otro camino que la movilización social pacífica y civilizada para defender el derecho a producir y sostener una actividad presente en más de 200 municipios”, dice el comunicado.
El arroz es el único cultivo semestral que abastece el consumo interno en Colombia, y su crisis afecta a más de 200 municipios agrícolas, generando empleo y dinamizando las economías locales. Los productores llaman a otros sectores económicos, autoridades locales, gremios y ciudadanos a respaldar su causa, ya que consideran que está en juego no solo su sustento, sino el interés nacional.
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¿Habrá desabastecimiento de arroz en Colombia?
El paro incluirá protestas en vías principales, plantones en plazas centrales y bloqueos intermitentes, aunque los arroceros aclararon que garantizarán el paso humanitario y de alimentos perecederos. También buscarán dialogar con las autoridades locales y regionales para visibilizar su problemática.
El cese de actividades se mantendrá hasta que el Gobierno presente soluciones concretas y duraderas para proteger la producción nacional de arroz, garantizar precios justos y frenar el contrabando.
Sobre las dudas de desabastecimiento de arroz, por ahora, los arroceros aseguran que su intención no es generar desabastecimiento, sino proteger su actividad productiva. Sin embargo, advierten que si no hay soluciones prontas, podría haber dificultades en el suministro del grano en el segundo semestre del año.
En su comunicado, Dignidad Agropecuaria reitera que está dispuesta a dialogar, pero exige que el Gobierno cumpla los acuerdos previos y tome medidas efectivas para proteger a los productores nacionales. “Defendemos la seguridad alimentaria, la soberanía económica y el interés nacional”, enfatizaron.
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Casanare, el mayor productor del país, se sumó al paro
Tras una reunión de tres horas realizada en la noche del sábado en la ciudad de Yopal, capital del Casanare, representantes de 1.300 agricultores de la región decidieron sumarse al paro nacional convocado inicialmente por productores de Huila y Tolima.
Además, los arroceros casanareños lanzaron un ultimátum al Gobierno Nacional y al Ministerio de Agricultura para buscar urgentemente una solución a la estabilización de los precios del arroz blanco. El gremio espera, para este martes 8 de julio, la llegada de delegados del Gobierno que participarán en una mesa de trabajo convocada por la Gobernación de Casanare que buscará soluciones prontas para evitar que se extienda el paro. Solo en ese departamento este sector genera alrededor de 40.000 empleos directos.
“El año pasado nos pagaron el kilo a 1.552 pesos y ahora en el Llano están ofreciendo 1.248 pesos por kilo. Al tiempo que sufrimos ese bajonazo se han incrementado los precios de la gasolina, los insumos, la maquinaria, la mano de obra y los tributos. Es urgente que el Gobierno interceda”, explicó uno de los líderes del sector arrocero que prefirió no ser identificado.
Otro agricultor que también pidió mantener en reserva su nombre, dijo que la situación en Tolima y Huila es aún más complicada por el precio de la tierra que se arriendo para los cultivos. “Están cobrando entre millón y medio y dos millones de pesos por hectárea-cosecha, mientras en el Llano el valor promedio oscila entre 500 mil y 700 mil pesos hectárea”, agregó.
Ambos argumentan, que pueden ser objeto de represalias por parte de la industria del arroz y que no les compren de la cosecha.
A la mesa del 8 de julio en Yopal también fueron citados congresistas de la región. Autoridades de ese departamento advirtieron que bajo el panorama actual, los arroceros perderían 1’400.000 pesos por hectárea sembrada.
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