El Ministerio de Hacienda alista un proyecto de decreto que aplicaría una retención en la fuente del 1,5% a todas las transacciones electrónicas o digitales, incluyendo las que se hacen por medio de billeteras digitales como Bre-B, Nequi, Daviplata o con códigos QR.
La medida, que podría firmarse el próximo viernes, busca —según el Gobierno— igualar el tratamiento tributario entre los pagos hechos con tarjetas de crédito y débito, que ya tienen retención, y los pagos digitales, que hasta ahora no la tenían.
En la práctica, esto significa que cada pago digital tendría un descuento automático del 1,5%, lo que podría afectar directamente a pequeños comercios, profesionales independientes y emprendedores. Muchos de ellos usan estas plataformas para recibir dinero sin costos adicionales ni intermediarios, por lo que la medida podría encarecer el uso de los medios digitales y restarles atractivo frente al uso del efectivo.
Es decir, Bre-B, el sistema de pagos digitales y gratuito, creado para impulsar la inclusión financiera, formalizar la economía y reducir el uso del efectivo, afrontaría un freno.
Entonces, el futuro de este sistema financiero podría complicarse antes de despegar, con la retención en la fuente del 1,5%. El documento fue publicado para comentarios y, según fuentes de la cartera, sería firmado este viernes 25 de octubre.
Si se aprueba, cada transacción dejará de ser gratuita y empezará a costar más que el 4×1000, el impuesto bancario que tanto rechazan los pequeños negocios.
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María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), alerta que esta medida podría tener un impacto relevante en el comercio electrónico y los pequeños negocios, ya que aumentaría los costos asociados a los pagos digitales, justo cuando herramientas como Bre-B buscan impulsar la interoperabilidad y la inclusión financiera en el país.
Lo que dice el decreto del Ministerio de Hacienda
El proyecto de decreto, sustentado por la DIAN y firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, modifica los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016, para “eliminar el tratamiento diferente” entre los pagos electrónicos y los realizados con tarjetas de crédito o débito.
La propuesta busca que todos los medios de pago —tarjetas, transferencias, QR o depósitos digitales— tengan la misma tarifa de retención: 1,5%.
En palabras del Ministerio, el propósito es “evitar el arbitraje entre diferentes productos y reconocer un trato similar entre los que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.
Además, el decreto detalla:
-Cuando los pagos incluyan impuestos o propinas, estos se descontarán de la base de retención.
-Los adquirentes y agregadores —es decir, los intermediarios que procesan los pagos— serán los responsables de aplicar y reportar la retención.
-Estarán exentos los pagos a personas naturales no responsables del IVA.
El documento aclara que la medida no requiere recursos presupuestales adicionales, ni tiene, según la DIAN, “impacto económico”. Sin embargo, en la práctica, el golpe lo sentirán los comercios.
El texto también obliga a las plataformas a adaptar sus sistemas para calcular, descontar y reportar la retención en tiempo real. Eso implica desarrollar módulos nuevos, auditorías, conciliaciones y costos adicionales que podrían trasladarse a los comercios, advierten los expertos.
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¿Por qué Hacienda quiere cobrar retención a los pagos digitales?
El Ministerio sostiene que la retención busca “nivelar la cancha” entre medios de pago. Actualmente, los pagos con tarjeta sí tienen retención del 1,5%, mientras que los pagos electrónicos como Bre-B o Nequi no.
Pero para los expertos, detrás de la “nivelación” hay otro motivo: reforzar la caja del Gobierno.
“Esto hace parte de las movidas para aumentar la liquidez del Estado”, explica Francisco Gnecco, consultor en tecnología financiera a La Silla Vacía.
Las retenciones, recuerda, son adelantos de impuestos. Y en muchos casos se aplican a pequeños negocios que ni siquiera declaran renta. “Esa plata se convierte en un saldo a favor eterno, empolvado en la Dian junto con las buenas intenciones del Estado”, afirma Baudo Pineda, CEO de la plataforma de pagos Refácil.
En ese contexto, Mauricio Jaramillo Marín, consultor en TIC y educación digital, cuestionó la propuesta. “¿Cuál es la necesidad de destruir lo que funciona? Bre-B es un avance enorme para la inclusión financiera... y ahora el Ministerio quiere ponerle un impuesto. ¿A quién beneficia que el efectivo siga imperando?”.
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El golpe a los micronegocios y a la inclusión financiera
Aunque el 1,5% parece poco, puede reducir a la mitad las utilidades de una tienda o peluquería. En negocios con márgenes del 3% al 7%, ese descuento se vuelve insoportable.
Para expertos del sector, la medida “va en contravía de la digitalización”, porque carga un costo adicional a comercios y pequeños empresarios que no pueden asumir.
El Banco de la República, creador y operador de Bre-B, respondió que aún analiza el alcance del decreto y no tiene posición oficial.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano Correa, del partido Alianza Verde, cuestionó la propuesta del Gobierno de aplicar esta retención a las transacciones digitales y defendió el objetivo original de Bre-B, el sistema del Banco de la República.
“El propósito de Bre-B, que en apenas tres meses ya suma 32 millones de usuarios o llaves registradas, es digitalizar la economía y reducir el uso del efectivo, facilitando la vida de la gente con operaciones inmediatas y gratuitas, tanto para ciudadanos como para comercios”, señaló.
La congresista advirtió que la iniciativa del Ministerio de Hacienda de gravar con un 1,5% las transacciones en plataformas como Bre-B, Nequi, Daviplata o PSE es una “grave pretensión” que contradice el espíritu del sistema.
“El objetivo es promover la digitalización, no crear nuevos impuestos. Ministro, no puede perjudicar a la gente”, enfatizó Lozano.
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