Un borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene en alerta al sector privado colombiano, toda vez que la iniciativa dificultaría la financiación de los diversos proyectos de infraestructura.
Al justificar su propuesta, el DNP explicó que en el marco de la ejecución de proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), se observan limitaciones normativas que dificultan la reprogramación de vigencias futuras sin alterar los cupos anuales de vigencias futuras autorizadas, especialmente para el caso de los proyectos de APP en ejecución, donde existen recursos fiscales comprometidos.
La modificación normativa tiene como propósito habilitar esta posibilidad, garantizando al tiempo la debida ejecución de los proyectos, el rigor fiscal, la legalidad, y la eficiencia en la ejecución presupuestal, así como el apoyo a la ejecución de obras de infraestructura.
Según se apuntó, la modificación de la normativa en lo correspondiente a la reprogramación de vigencias futuras se enmarca en un entorno económico que exige mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Sobre el borrador de decreto de cuatro páginas del DNP, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) sostuvo que esta propuesta con la cual se plantea reprogramar las vigencias futuras es ilegal e inconstitucional.
Para Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, la propuesta contenida en el proyecto de decreto genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad, por cuanto desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público-Privadas.
“El borrador de decreto contraría abiertamente el control de advertencia recientemente expedido por el señor contralor general de la República, en el sentido de que las vigencias futuras, pactadas en los contratos de concesión, no pueden modificarse unilateralmente”, apuntó el dirigente gremial.
Igualmente, comentó que la propuesta de decreto pone en serio riesgo la viabilidad financiera de todos los proyectos (iniciativas públicas de los programas 4G y 5G) y los recursos de ahorradores que están apalancando la ejecución de decenas de obras, su operación y mantenimiento a lo largo y ancho del país.
Caicedo añadió que cualquier modificación en el presupuesto, sin justificación técnica y legal, va en detrimento del propio Estado, afecta la confianza inversionista, defrauda el principio de transparencia, que debe primar en una relación contractual, y limita por ende las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico.
“El proyecto de decreto, en la práctica, generaría un incumplimiento de los contratos por parte del Estado, lo cual causaría perjuicios y detrimento patrimonial. Modificaciones en las reglas de juego, como lo plantea el proyecto de decreto, generan barreras de entrada para la inversión e inseguridad jurídica”, enfatizó la CCI.
Al revisar el borrador de decreto, la Cámara advirtió que dentro del portafolio de iniciativas que se verían afectadas figuran el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná (ya adjudicada) y la carretera El Estanquillo-Popayán, cuyos pliegos definitivos ya fueron publicados.
Desde la perspectiva de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el texto que permitiría la reprogramación de vigencias futuras asociadas a la ejecución de proyectos de infraestructura contiene elementos que generan enorme preocupación.
“En su versión actual, no queda claro el mecanismo utilizado para justificar dicha reprogramación, y se abre la puerta a que esta pueda hacerse de forma unilateral. Esto podría derivar en eventuales incumplimientos contractuales por parte del Estado. Es fundamental precisar estos aspectos antes de su publicación definitiva”, apuntó Mejía.
El proyecto, colgado en la web del DNP, está abierto a comentarios desde el pasado 25 de julio, y el plazo para hacerlo finaliza el próximo viernes, 8 de agosto.
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