La Procuraduría vinculó a dos miembros de la junta de Ecopetrol por presuntas irregularidades en contrato con Covington, que pasó de 875 mil dólares a 5,8 millones de dólares.
La Procuraduría General de la Nación decidió este el pasado 9 de septiembre vincular formalmente a dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol dentro de la investigación disciplinaria por la firma del controvertido contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLC.
La decisión se suma a las actuaciones en curso contra otros directivos y funcionarios de la petrolera, en un caso que ha desatado críticas sobre el manejo de recursos de la compañía estatal.
El contrato inicial, revelado por El Tiempo en mayo de 2024, fue aprobado para evaluar las investigaciones en Estados Unidos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Lo que comenzó con un valor de US$875.000 terminó ascendiendo a US$5,8 millones, tras la ampliación de los temas a revisar.
Este acuerdo, además, quedó ligado a la compra del apartamento 901 por parte de Roa, adquirido antes de llegar a la empresa a través de una firma vinculada al inversionista en petróleo y gas Serafino Iacono.
En medio de las indagaciones aparecieron también los nombres del expolicía Juan Guillermo Mancera y de Julián Caicedo, pareja de Roa.
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En un inicio, la Procuraduría había llamado a investigación al oficial de cumplimiento Alberto Vergara Monterrosa; a Felipe Rivera, vicepresidente de Ciencia y Tecnología; y a Ludwig Wilson Mejía, de la gerencia de Abastecimiento.
Ahora, el proceso se extiende a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, integrantes de la junta directiva en la época de los hechos.
La decisión ordena notificarlos personalmente, sin recurso alguno, pero garantizándoles la designación de abogado defensor, como lo estipula el Código General Disciplinario.
Aunque ambos ya habían rendido declaración, la Procuraduría concluyó que había suficientes pruebas para vincularlos de manera formal.
El organismo busca establecer si incurrieron en irregularidades al suspender el contrato en febrero de 2025 y, especialmente, su rol como parte de la Comisión Especial encargada de supervisar las actividades de Covington.
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El testimonio clave fue el de Alberto Vergara, quien entregó correos electrónicos y habló de instrucciones verbales de la junta sobre montos y tareas del contrato.
Según la Procuraduría, García Realpe y Torres habrían participado en las discusiones estratégicas del contrato inicial del 29 de agosto de 2024 y de su otrosí del 31 de diciembre de ese mismo año, en el que se disparó el valor del acuerdo.
Vergara insistió en que actuó bajo órdenes. “Me atengo a lo que dice la Junta Directiva cuando afirma que se dará respuesta con pleno cumplimiento de las garantías. Estoy absolutamente tranquilo”.
Las investigaciones no solo cubren el contrato con Covington. También incluyen la compra de Termorichal I y II a William Vélez, exjefe de Roa y de su pareja, así como el interés en el bloque Sinú-9.
En paralelo, la Fiscalía investiga la compra del apartamento 901 y la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro (2022-2026), por posibles violaciones a topes electorales y un anónimo sobre supuestos sobornos y contratos a empresas ligadas al expolicía Mancera.
Todos los señalados han negado esos hechos.
Según versiones recogidas por El Tiempo, la junta directiva de Ecopetrol se había escudado en la confidencialidad para no revelar detalles del contrato.
Sin embargo, con las pruebas entregadas por Vergara —a quien se le estaría ofreciendo un plan de retiro voluntario— la Procuraduría logró avanzar en la investigación.
Otros miembros de la junta aseguran que solo se enteraron en enero de los cambios en el monto y alcance del contrato, cuando se discutió la retención de computadores y teléfonos de directivos, incluyendo al propio Roa.
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Aunque el contrato fue suspendido en febrero, la revelación de El Tiempo en mayo reavivó el escándalo y abrió la puerta a que el caso incluso tenga visos penales.
Pese a que Guillermo García Realpe renunció en agosto, deberá rendir versión libre ante la Procuraduría, al igual que Álvaro Torres, ambos con abogado presente.
Por ahora, la investigación se centra en esclarecer por qué un contrato pensado para atender procesos específicos sobre Roa terminó convertido en un acuerdo multimillonario que cubría asuntos tan diversos como Termorichal, Sinú-9 y hasta la campaña presidencial de 2022.
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