Faltando el puente de Reyes para que se cierre oficialmente la temporada de festejos del Año Nuevo, las cuentas de los empresarios y los trabajadores del país tienen como factor común una cifra: $2 millones, que corresponde al salario mínimo de 2026 y el auxilio de transporte.
El grado de satisfacción obviamente está de lado de los trabajadores, quienes verán un aumento en sus ingresos mensuales de $327.405, si se tiene en cuenta que la remuneración mínima, que fue hasta el pasado 31 de diciembre de $1.423.000, y por obra y gracia del decreto expedido por el Ministerio del Trabajo subió a $1.750.905, lo que equivale a un ajuste de 23%.
Los restantes $249.095 llegarán por cuenta del auxilio de transporte que pasó de $200.000 a $249.095, es decir que se aumentó en 24,5%.
El incremento, en palabras del presidente Gustavo Petro, dinamizará la economía, porque a mayores ingresos de las familias, más ventas de las empresas. No obstante, a juicio de muchos analistas económicos esa es una mirada simple del asunto, toda vez que el reajuste tiene otras consecuencias.
Alza del mínimo tiene múltiples implicaciones
Para nadie es una novedad que el nuevo año llega cargado de aumentos en precios de bienes y servicios, los cuales se anuncian justo cuando el año empieza a descontar los últimos meses. Acá es importante aclarar que en Colombia esos reajustes están atados a indicadores claves como el salario mínimo (ajustado a finales de diciembre) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación (indicador que se conocerá el 8 de enero y estará arriba de 5%).
Es así como, por ejemplo, desde octubre el Ministerio de Educación anticipaba el incremento en 2026 para las matrículas, pensiones y demás cobros periódicos en los colegios privados del país.
Según la norma, la base de cálculo es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual (es decir de los últimos 12 meses), con corte del mes de agosto de 2025 que se estableció en 5,10%, según datos del Dane, para todos los establecimientos educativos.
De ese modo, los incrementos para este año están entre el 5,26% y un tope máximo del 9,1%, siempre y cuando los establecimiento educativos cumplan algunos factores.
Es decir, que con tres meses de antelación las familias ya estaban avisadas de lo que se les venía pierna arriba en cuanto a los costos educativos.
Las decisiones casi a última hora del 2025 sobre salario mínimo le ponen un componente adicional al listado de alzas del año.
El traspaso al bolsillo es directo en los servicios domésticos. El pago diario por una jornada de servicios generales sube de $47.450 a $58.364, sin incluir prestaciones, elevando el gasto mensual de los hogares empleadores.
Otros servicios intensivos en mano de obra, vigilancia, aseo, consultas médicas particulares y trabajos profesionales independientes también tienden a encarecerse por el mayor costo laboral. Los aportes a salud, pensión y riesgos laborales no pueden ser inferiores al salario mínimo. Por eso, trabajadores independientes y empleadores pagarán más en 2026.
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Las cuotas moderadoras en salud también aumentan para quienes ganan menos de dos salarios mínimos. Cada consulta y medicamento costará más.
Las cuotas de administración en conjuntos residenciales, aunque no están obligadas por ley, suelen subir porque vigilancia y aseo representan la mayor parte de sus gastos.
Las multas de tránsito, hacen parte de las sanciones que están expresadas en salarios mínimos, por lo que su valor en pesos también crece con el nuevo mínimo.
Algo similar ocurre con trámites notariales y algunos procesos judiciales, los cuales toman como referencia el salario mínimo para definir sus costos.
Siguiente paso que ya anuncia el gobierno
Para evitar que el aumento del 23% del salario mínimo se traslade a los costos de bienes y servicios, generando presiones al costo de vida, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que se expedirá un decreto con medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios.
El anuncio lo hizo el funcionario en entrevista con Blu Radio, en la que defendió el incremento asegurando que el Gobierno actuará para evitar presiones inflacionarias y prácticas especulativas.
Sanguino añadió que el ajuste salarial tendrá un impacto directo en la demanda interna. De acuerdo con sus cálculos, los cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo podrían generar alrededor de $800.000 millones por mes adicionales en consumo, recursos que, según indicó, se moverían principalmente en los comercios de barrio y en la pequeña producción local.
El jefe de la cartera laboral admitió que todo aumento salarial genera presiones inflacionarias y riesgos de especulación, pero sentenció que el Gobierno vigilará el comportamiento de los precios para sancionar cualquier práctica ilegal. “La especulación hay que evitarla y perseguirla”, manifestó.
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En ese contexto, el ministro anunció que el Ejecutivo trabaja en un decreto de desindexación de los bienes y servicios que aún permanecen atados al salario mínimo.
Indicó que ya se han desindexado 225 bienes y que actualmente se analizan otros 14, entre ellos algunos relacionados con el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS), un proceso que podría adelantarse mediante la figura de la emergencia económica, declarada a finales de 2025.
El costo de la vivienda en el ojo del huracán
Andrés Cardona, vicepresidente de Transacciones y Consultoría de Cbre Colombia, subrayó que el alza del mínimo podría limitar la accesibilidad a la VIS, uno de los principales motores de la economía y del sector de la construcción.
“Por ejemplo, una persona que adquirió una vivienda por $174 millones podría ver que ese inmueble pase a costar cerca de $260 millones. Esto amplía de manera significativa la brecha financiera para los hogares, sin que necesariamente mejore su capacidad real de pago, erosionando la asequibilidad justamente para los segmentos que se busca beneficiar”, comentó.
En la misma línea se pronunció la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), agremiación que precisó que uno de los impactos más sensibles se observará en el mercado de la VIS y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), porque sus precios máximos están directamente indexados al salario mínimo.
En la práctica, el aumento se traducirá en un encarecimiento automático de este tipo de inmuebles. Según el gremio, las familias que compraron vivienda VIS o VIP y cuya escrituración se realice a partir de este enero deberán asumir el incremento en el precio final, incluso si el proceso de compra comenzó antes del ajuste. Este efecto resulta especialmente crítico si se considera que, a octubre de 2025, cerca del 50% de las viviendas con licencia aprobada en el país correspondían a vivienda social.
De otro lado, Cardona mencionó que una gran cantidad de contratos comerciales de arrendamiento se ajustan anualmente con base en el salario mínimo, lo que provocará incrementos desproporcionados en los cánones.
“El resultado previsible sería una mayor desocupación de inmuebles o la renegociación forzada de contratos, afectando tanto a arrendatarios como a propietarios”, añadió vicepresidente de Transacciones y Consultoría de Cbre Colombia.
El costo de usar el transporte público
Al cierre de esta edición, en Medellín no se habían definido los aumentos para las tarifas de buses, taxis ni para el metro, pero el alza del mínimo suscitó una alerta por parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que señaló que este ajuste salarial generaría un incremento adicional superior a los $200 por pasaje, que se sumaría al alza del 11% que ya estaba proyectada para 2026.
El resultado sería una mayor presión financiera para los sistemas de transporte masivos y estratégicos, justo en un momento en el que las finanzas locales ya están tensionadas por múltiples frentes.
La explicación es estructural. Los sistemas de transporte público son altamente intensivos en mano de obra. En promedio, entre el 40% y el 55% de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos indexados directamente al mínimo. Dicho de otro forma, cada aumento salarial se traslada de forma automática a los costos de operación, incluso sin que haya ampliaciones de flota, rutas o frecuencias.
El impacto se siente de inmediato en el costo por kilómetro recorrido y en el delicado equilibrio financiero de los sistemas. “Una subida del 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa”, explicó Andrés Santamaría, director de Asocapitales.
Pero desde la óptica de Petro las cuentas deben hacerse de otra manera. En su cuenta de X, el mandatario anotó que la tarifa de transporte aumenta particularmente por combustibles y llantas, y reparaciones del vehículo, si este es viejo. “Aumenta porque coloca el pago del capital descargado en los usuarios, más allá de los años de uso, cuando ya se pagó el capital y la vida útil del vehículo, se superó. Es una estafa (sic)”, agregó.
Según esa premisa, las oficinas de transporte local y nacional no necesitan elevar el pasaje por influencia del salario mínimo, porque en muchas partes en el transporte, el dueño del bus es el mismo conductor. Y añadió: “En las grandes ciudades donde se concentró la propiedad del transporte público, solo hay que pasarlo a sistemas eléctricos y liberarse del diésel. El costo operacional del tranvía es más barato que el costo operacional del bus. Ningún alcalde adaptó está figura”.
Petro insistió en que bajo su mandato se ha subsidiado el precio del diésel durante tres años, y no tendría sentido esta ayuda si abusivamente las empresas de transportes transfieren su costo laboral al consumidor.
Observaciones técnicas al alza del mínimo
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó la alza decretada por Petro tendría un impacto significativo sobre las finanzas públicas, al aumentar el déficit fiscal y deteriorar las perspectivas de sostenibilidad de la deuda.
Agregó que se elevaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones en este 2026, equivalentes a 0,3% del PIB, y en $8 billones (0,4% del PIB) desde 2027 en adelante. El Carf identificó varios canales a través de los cuales el aumento del salario mínimo afectará las finanzas públicas. Uno de los principales es el mayor gasto en pensiones del régimen de prima media (RPM), especialmente aquellas cercanas a un salario mínimo. Este componente explicaría un incremento del gasto por $4,7 billones.
A ello se suma el impacto sobre la nómina pública. Con base en datos del Banco de la República y del Dane, el Comité estimó que cerca de 191.400 funcionarios públicos devengan un salario mínimo.
Considerando 13,5 mesadas al año, el aumento salarial implicaría un gasto adicional de $600.000 millones frente a lo planteado en el Presupuesto General de la Nación de 2026.
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En el frente de los ingresos, el Carf advirtió que un mayor costo salarial para las empresas podría reducir parcialmente sus márgenes de utilidad, afectando el recaudo del impuesto de renta corporativo.
Bajo el supuesto de que el 25% del aumento en el costo salarial se traslade a menores utilidades, el Comité estimó que, desde 2027, el recaudo por cuotas de renta podría disminuir en alrededor de $2,7 billones. No obstante, el organismo aclaró que este cálculo no contempla un eventual efecto positivo del aumento del salario mínimo sobre la demanda agregada, que podría beneficiar a algunos sectores y atenuar parcialmente la caída en el recaudo.
El comunicado del Carf se subrayó que existen otros efectos fiscales que no pudieron ser cuantificados por falta de información, y que podrían incrementar aún más el impacto. Entre ellos, el aumento del Índice Base de Cotización (IBC), que eleva la tasa de reemplazo de las pensiones en el RPM, y el mayor gasto del Gobierno en bienes y servicios intensivos en mano de obra, como vigilancia y aseo.
También se destacan los efectos sobre las pensiones de renta vitalicia del Régimen de Ahorro Individual (Rais), que se ajustan con base en el salario mínimo y no en el IPC.
Cuando el salario mínimo mensual crece por encima de la inflación y la productividad, entra en funcionamiento un mecanismo de cobertura, establecido en el Decreto 036 de 2015, que obliga al Gobierno a cubrir el faltante financiero para respaldar pensiones.
El Carf advirtió que este factor puede tener efectos adicionales significativos sobre las finanzas públicas y señaló que estará atento a posibles ajustes normativos anunciados por el Ejecutivo.
Los costos para las empresas
Diana Ayala, CEO cofundadora de Goan (firma de consultoría en finanzas), detalló que detrás del aumento del salario están los costos reales para la empresa. “Para el empleador, el costo real no es solo el salario mínimo, también incluye prestaciones sociales, seguridad social y riesgos laborales (ARL). En términos concretos, un trabajador de salario mínimo en 2026 cuesta entre $2,85 millones y $3,06 millones mensuales, dependiendo del nivel de riesgo”, indicó.
Ese número no viene acompañado de un aumento automático en productividad o ventas. Por eso, el temor no es solo pagar mejor. “El riesgo es pagar mucho más sin producir mejor, sin cobrar mejor o sin poder trasladar el impacto a eficiencia o precio. En 2026, no sobrevive la empresa que más vende; sobrevive la que convierte ventas en caja, eficiencia en productividad y decisiones financieras en sostenibilidad”, puntualizó la experta.
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