Luego de realizar 60 inspecciones simultáneas —56 en tiendas y cuatro en centros de distribución— a la cadena Olímpica, tras múltiples denuncias de sus trabajadores, el Ministerio de Trabajo encontró presuntas prácticas de intermediación laboral ilegal y violaciones a la jornada laboral vigente.
Uno de los hallazgos más relevantes reveló que solo el 10% de los empleados está vinculado directamente con Olímpica, lo que implica que el 90% restante labora bajo esquemas de tercerización o intermediación laboral.
“Que las empresas fragmenten sus cadenas de contratación puede tener límites. Sorprende que Olímpica tenga un porcentaje tan alto de intermediación”, señaló la viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección (e), Sandra Muñoz.
Irregularidades en contratación y jornadas laborales
Según el Ministerio, la estructura de contratación de Olímpica, con un 90% del personal subcontratado, “presenta indicios sólidos de una intermediación laboral ilegal”.
“Esta estrategia parece diseñada para fragmentar la plantilla y evadir las responsabilidades directas de Olímpica S.A. como empleador principal”, indicó la cartera.
El informe del Ministerio se sustentó en tres aspectos principales:
Modalidad de contratación: se identificó el uso recurrente de contratos por obra o labor, considerados atípicos para funciones permanentes en supermercados.
Ocultamiento de contratos: durante las visitas, en varias tiendas no se presentaron los contratos laborales del personal, lo que impidió su verificación inmediata por parte de los inspectores.
Riesgos en salud y seguridad: se evidenciaron deficiencias críticas en infraestructura, ergonomía y medidas de protección, como riesgo eléctrico, ausencia de equipos de protección personal y uso de maquinaria insegura. Estas fallas, para la cartera, representan un peligro constante e inaceptable para la salud y la integridad física de los trabajadores.
Incumplimiento en la reducción de la jornada laboral
Otro de los hallazgos señalados por las autoridades fue el incumplimiento sistemático en la reducción de la jornada laboral, una medida progresiva que comenzó a aplicarse en Colombia desde 2023 y que es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas.
En cuanto a jornadas y horas extra, los trabajadores denunciaron turnos de hasta 10 horas diarias con apenas 30 minutos de almuerzo, sin certeza sobre el reconocimiento y pago de horas adicionales o su compensación correspondiente. Además, se evidenció el incumplimiento de la Ley 2191 de 2022, que establece el derecho a la desconexión laboral.
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